Este cambio ha sido visto como un claro favor para los intereses extranjeros en detrimento de la regulación local. Asimismo, diversos profesionales consultados argumentan que la medida debilita el control nacional sobre los medios de comunicación y concentra el poder en manos de un grupo empresarial con intereses fuera de Uruguay.
Preocupaciones en el Gobierno entrante
El decreto ha generado malestar en el nuevo Gobierno, particularmente en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Según documentos a los que accedió Caras y Caretas, asesores de la cartera han señalado que el decreto podría exceder las potestades de la Ley de Medios. Entre los puntos más controvertidos se encuentra la posibilidad de que una transferencia de licencias para servicios de radio o televisión se realice sin la autorización correspondiente, con un plazo de 30 días para regularizar la situación.
Un informe de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) ha destacado opacidad y discrecionalidad en los criterios utilizados para determinar las áreas de cobertura en las licencias. Según el informe, los procesos de adjudicación de licencias carecen de transparencia, lo que podría favorecer a ciertos grupos empresariales en detrimento de otros.
El decreto también permite que, a solicitud de los interesados, el Poder Ejecutivo autorice incrementos o disminuciones en las áreas de servicio. Esta flexibilidad ha sido criticada por permitir que las empresas ajusten sus coberturas según sus intereses comerciales, sin considerar el impacto en la competencia o en el acceso de la ciudadanía a los servicios.
Ante estas irregularidades, el MIEM está evaluando la posibilidad de suspender la aplicación del decreto y recomendar cambios para evitar problemas futuros. Fuentes cercanas al ministerio han señalado que se están considerando alternativas para garantizar una mayor transparencia y equidad en la adjudicación de licencias.
Un repaso sobre la posición del Frente Amplio respecto a la Ley de Medios
El Frente Amplio, que se opuso a la Ley de Medios durante su votación en el Parlamento, ha criticado duramente los cambios. Para el FA, la nueva ley promueve una mayor concentración de la propiedad de los medios, habilitando la extranjerización en perjuicio de ANTEL, y extiende automáticamente por 15 años la duración de las licencias vigentes.
Además, el partido de gobierno ha señalado que la normativa elimina instancias de participación ciudadana en la adjudicación de licencias, otorgando al Poder Ejecutivo una discrecionalidad casi absoluta. De acuerdo a esta visión, esto representó un retroceso en la democratización del sistema de medios, ya que se pierden mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Otro punto crítico fue la eliminación del canon anual que debían pagar los grandes medios, lo que desfinancia el Fondo de Promoción de la Producción Audiovisual Nacional. Para el FA, este fondo era clave para apoyar proyectos culturales y audiovisuales locales, por lo que su desaparición afectaría directamente al sector.
La posición del FA fue clara al señalar que la actual ley limita a ANTEL en su capacidad para competir con empresas privadas en la comercialización de contenidos audiovisuales, mientras habilita a estas últimas a competir con la empresa pública en la venta de internet. Esta asimetría ha sido vista como un intento de debilitar a ANTEL, una de las empresas públicas más importantes del país.
Incluso la posición del Frente Amplio ha cuestionado la constitucionalidad de la ley, señalando que viola el artículo 229 de la Constitución que prohíbe la creación de cargos públicos en los 12 meses previos a las elecciones. Este artículo busca evitar que los gobiernos de turno tomen decisiones que puedan influir en los comicios electorales.
En tal sentido, desde el FA han denunciado que la Ley de Medios fue aprobada sin un debate adecuado, con carácter de urgente y sin que se conociera su redacción al momento de la votación.
Estos señalamientos realizados por la fuerza política más los “malestares” generados durante la transición con decretos en los descuentos que terminaron por profundizar la gravedad de la ley y beneficiando a poderosos grupos empresariales extranjeros son los elementos que se analizan por estas horas en el MIEM y en Presidencia para, al menos, detener la sangría.
