Aita explicó que el proyecto de ley no viola la Constitución, sino que, por el contrario, está basado en el artículo 7 de la misma, que establece que los ciudadanos tienen derecho a la vida, la libertad y la propiedad, salvo que una ley de interés general disponga lo contrario. El diputado enfatizó que la conservación del campo natural es precisamente una cuestión de interés general, y que la protección de los ecosistemas debería estar por encima de los intereses individuales o corporativos.
El debate en torno a este proyecto de ley también destacó las diferencias entre las grandes corporaciones rurales y los pequeños y medianos productores. Mientras que las grandes corporaciones son vistas como las principales responsables de la degradación del campo natural a través de actividades como la forestación y la soja, los pequeños productores, que dependen del campo natural para su sustento, son quienes más sufren las consecuencias de su deterioro.
Embed - Pasaron Cosas miércoles 21 de agosto 2024