Maldonado: hablame de impunidad

La misma convicción que tenía Lucas Trindade, exedil y presidente de la Juventud del Partido Nacional de Salto para contrabandear centenares de maples de huevos robados en su camioneta sin siquiera preocuparse en esconderlos. Una maniobra que reiteró en varias oportunidades porque era impune, hasta que apareció el fiscal Augusto Martinicorena.

La misma impunidad que tuvieron en Isidoro Noblía para, en una ciudad que tiene 2.800 habitantes, entregar 8.900 permisos de conducir; o 350 permisos para manejar taxis en un lugar donde no hay uno. Ocurrió durante mucho tiempo hasta que llegó la fiscal Leticia Siqueira.

Antes había pasado con la impunidad de los Caram-Dos Santos en Artigas, hasta que el fiscal adjunto Federico Rodríguez investigó el caso y logró su condena. Y con la de Guillermo Besozzi en Soriano, hasta que la fiscal Stella Alciaturi solicitó su formalización.

A Lula, presidente de Brasil, aunque él no lo sabe, le tenemos que agradecer la caída del pedófilo Gustavo Penadés. Una causa que ya condenó a varios funcionarios públicos y policiales, pero aún no al responsable. Porque Penadés, como todos los poderosos, se creyó impune hasta que llegó la fiscal Alicia Ghione. Pero cuando vieron que “no era manejable”, como proclamó Pablo Iturralde presidente del Directorio nacionalista, iniciaron una campaña difamatoria hasta trastornar su salud. Un viejo artilugio de denunciados con poder.

En todo el país hay fiscales y jueces que cumplen cabalmente con su tarea. También hay, y hubo otros, que más vale ni recordar.

La convicción de que son impunes no solo es propiedad de actores políticos, también la tienen en el ámbito empresarial, claro que siempre vinculados al poder. Solo así se puede entender cómo ocurrieron las estafas de Conexión Ganadera, del Grupo Larrarte y de República Ganadera, que ya suman algo más de 500 millones de dólares. O los 65 millones de dólares que Gonzalo Campomar birló a sus “amigos” de Carrasco, entre los que se cuenta el empresario Francisco De Posadas, principal del grupo Magnolio. O los 300 millones de dólares de sus inversores “apropiados” por la corredora de bolsa Sara Goldring. O los millones que estafó el operador de bolsa y contador Álvaro Correa, también expresidente de la Caja Profesional.

Por supuesto que la impunidad rige para narcos y lavadores. El Ministerio del Interior a cargo de Luis Alberto Heber le otorgó un pasaporte a Sebastián Marset, aún sabiendo que era un narco “muy peligroso”, y con el documento lograría salir de la cárcel de Dubái donde se encontraba. Ya llevamos tres años desde que se descubrió la trama, mentiras al Senado y rotura de documentos mediante, y aún nadie ha sido legalmente responsabilizado.

Según los expertos de todo el mundo, el sector inmobiliario es terreno fértil para la evasión fiscal y el lavado de dinero tanto en EEUU o México, o España, como en Uruguay. Aquí cada año se ocultan millones de dólares en una industria que ha crecido de manera acelerada para levantar, casi por regla, departamentos de lujo que se quedan vacíos, lo que a su vez genera una distorsión en los precios de mercado.

¿Saben cuántos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) se han presentado sobre estas inversiones en Punta del Este? Según altas autoridades de la Senaclaft, “casi ninguno”. En un lugar donde, según el exintendente de Maldonado, Enrique Antía, se autorizaron 5.000.000 de mts2 en los últimos diez años, lo que representa una inversión estimada en 15.000 millones de dólares, nadie lavó plata.

La impunidad en la historia reciente

El concepto de impunidad ha sido generalmente aplicado para los crimenes cometidos durante los años de terrorismo de Estado. Hace 9 años el periodista Roger Rodríguez, en una nota que tituló “Cuentas de impunidad”, decía: “Muchas veces se ha indicado que la impunidad, en definitiva, es el no castigo de aquellos crímenes y delitos que se cometieron en los años del terrorismo de Estado; y su consecuencia es lo que denominamos ‘cultura de impunidad’, un síndrome en el que vivimos, el cual trasciende el tema de las violaciones a los derechos humanos durante las dictadura o de la corrupción política de los gobiernos y los gobernantes; o la falta de voluntad política o de un política de Estado sobre el tema en Uruguay”. Y agregaba: “La falta de verdad y de justicia (que son las variables generadoras de la memoria colectiva para que se solidifique ante la sociedad y la historia el ‘nunca más’), genera una frustración y un descreimiento social que se acumula al problema de la exclusión que sufren los sectores más pobres cuando no logran llegar a los niveles de consumismo que le imponen las marcas, los modelos y las innovaciones tecnológicas con las que en la sociedad contemporánea se mide la identidad y el ‘valor’ de la existencia humana”.

Para ejemplificar el nivel de impunidad, Rodríguez preguntaba: ¿Alguna vez se sabrá la verdad sobre el Plan Conserva, el Banco Inglés, la pesquera Astra o el vaciamiento de los bancos Bafisud, Panamericano, Del Litoral, Del Plata, Pan de Azúcar, UBUR, De Crédito, Caja Obrera, Comercial, Montevideo, Citibank, o el lavado en Cambio Italia? ¿Qué significan para la mayoría de los uruguayos los nombres de empresarios y operadores como Angelo Bulgaris Angelópulos, Igor Svetogorsky, Stephan Benhamu, Walter Estellano, Carlos y José Rohm, Ignacio Rospide, los hermanos Juan, Dante y José Peirano, Pablo Boselli, los hermanos Espert, Axel Van Hooven, Daniel y Gustavo Trocki, Eduardo Lasalvia, Eduard Yern, los Rupenian, Carlos García Altolaguirre? ¿Quién recuerda que, como director del BHU, Salomón Noachas se adjudicó un apartamento a sí mismo y construyó un edificio en la calle “En familia” de Punta del Este en el que adjudicó apartamentos a familiares directos y amigos? ¿O que construyó sus dos residencias en parada 5 de Punta del Este usando como empresa constructora la de uno de los mayores contratistas del BHU?

¿Qué recuerdo queda de lo protagonizado por los dirigentes políticos Enrique Braga, Pablo García Pintos, Juan Carlos Raffo, José Luis Ovalle, Jaime Trobo, Daniel Cambón, José Andújar, Rosario Pou, Julio Grenno, Iván Coronel, AugustIn Uturbey, Ernesto Laguardia, Antonio Marchesano, Salomón Noachas, Julio Kneit, Milka Barbato, Armando Da Silva Tavares, Julio Luis Sanguinetti, Hugo Granucci, Carlos Signorelli, Benito Stern, Juan Justo Amaro o Juan Carlos Bengoa?

¿Cuánta impunidad existe si no se recuerda lo que significaron Focoex, Saudico, Banknord, Plan Fénix, Eufores, Mi Granja, Juncadella y Prosegur, Cangrejo Rojo (¿alguna vez se confirmó si era la voz de Julio Luis Sanguinetti la que pedía una coima a los inversores?), Merluza Negra, o qué implicaron las SAFIs de Posadas, Posadas & Vecino en la historia regional del lavado de dinero, la triangulación de armas o fuga de capitales?

¿Cuán absoluta es la impunidad mientras siga sin saberse quién “suicidó” a Villanueva Saravia, quién asesinó a Andrés Trigo, quién patoteó a Jorginho Gularte, quien ejecutó a Ronnie Scarzella, quién mató a la modelo Susana Manzur o quién hizo estallar a Miriam Mazzeo con una bomba en la calle Plutarco, entre otros tantos casos que quedaron sin resolución?

Y nosotros podríamos seguir preguntando: ¿Alguien recuerda que dos ancianas jubiladas, que fueron empleadas administrativas del estudio del contador Juan Alberto Etcheverrito, eran titulares de la empresa que contrabandeó armas argentinas a Croacia y Ecuador en pleno embargo de Naciones Unidas?

¿Por qué nunca nadie quiso investigar todo lo que sobre lavado de dinero en Uruguay había en las denominadas “Cajas de Lilita Carrió”, que en realidad eran una investigación del Senado de EEUU sobre el Citybank?

¿Por qué no se continuó investigando la denuncia presentada en fiscalía sobre el origen de decenas de millones de dólares trasladados desde Argentina por valijeros al servicio del Banco Heritage?

¿Por qué en los 90 se radicaron en Maldonado el panameño Ramón Puente Patiño, contador del cártel de Cali; el argentino Raúl Vivas, lavador del cártel de Medellín, o el cártel de Juárez adquirió propiedades, o residía Gerardo González Valencia, líder del cártel de Los Cuinis; o estuvo casi 13 años el capo narco italiano Rocco Morabito?

¿A quién le pagó Marset en Uruguay?

Decía Roger Rodríguez: “Es la misma cultura de impunidad que rige sobre los delitos cotidianos que sufre hoy la sociedad uruguaya y que las crónicas policiales nos inyectan en dosis de 20 minutos diarias en los informativos, cuando nos cuentan del Betito, o el Bartolo, cuando nos instalan términos como ‘ajuste de cuentas’, ‘sicariato’ con ‘descuartizadores’, ‘zonas rojas’ o ‘feudalización’ de los barrios, que mañana serán ‘favelizados’ para que entre a sangre y fuego la Guardia Republicana, como ya ocurrió en el Marconi o en Villa Española o en el Cerro”.

Es la misma cultura, expresada en leyes ampulosas, que condena a prisión efectiva a una mujer que vende, anunciándolos, buñuelos con cannabis, pero permite que una mujer que es coautora de una de las mayores estafas pase sus días de prisión domiciliaria en un lujoso apartamento de 900.000 dólares ubicado frente al mar en Punta del Este.

Hablame de impunidad

Es muy obvio que el ciudadano se enoja cuando percibe la injusticia que provoca la impunidad. Algunos, muy pocos por suerte, reaccionan ejerciendo justicia por mano propia. Pero otros, por no decir muchísimos, descreen de la democracia, del sistema de partidos, y señalan como iguales a todos los políticos.

No deberíamos dudar de que hay sectores interesados en generar ese descrédito. Es algo que ocurre en todo el mundo y que, particularmente, vemos todos los días en los países de la región.

Para defender a propios, muchos preguntarán: ¿Por qué se menciona a estos y no a aquellos? Otros intentan instalar la igualdad de insucesos que no son iguales.

Pero el problema, el verdadero problema, sigue siendo la impunidad de los poderosos. Es la que corroe la confianza, la credibilidad y, aunque no se perciba con claridad, hasta la vida de cada uno.

Esta impunidad se sostiene con leyes, con dinero, con prebendas, con cargos. Y sobre todo generando una cultura que termina abarcando a toda la sociedad.

La impunidad es la madre de la corrupción, del crimen organizado y del lavado de dinero. Pero también lo es de las desigualdades sociales.