Sturla configura de esta forma una orientación electoral explícita, basada en un criterio confesional, frente a una ley debatida y aprobada en el Parlamento.
Iglesia y estado asunto separado
La oposición de la Iglesia Católica a la eutanasia es sostenida y pública. En abril, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) difundió un documento según el cual “causar la muerte de una persona enferma no es éticamente aceptable” y que “el médico nunca debería ser partícipe de una conducta que cause activamente la muerte a otro ser humano”. Concluye que “matar al enfermo no es ético ni siquiera para evitarle el dolor y el sufrimiento, aunque él lo pida expresamente… En última instancia, esa acción constituye un homicidio llevado a cabo en contexto clínico.”
El 5 de agosto, integrantes del consejo permanente de la CEU —Milton Tróccoli, Daniel Sturla y Heriberto Bodeant— se reunieron en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi. Tras el encuentro, Bodeant subrayó que el eje fue fomentar los cuidados y el acompañamiento para evitar “terminaciones de vida de forma no natural”, y aclaró que no plantearon la opción de un veto. Esa línea se refuerza en el elogio de Sturla a Hospice San José, un centro católico de cuidados paliativos.
¿Libertad de expresión o injerencia?
Ese es un disenso legítimo en democracia: promover alternativas, ofrecer evidencia clínica y ética, fortalecer redes de cuidado. La frontera se cruza cuando el liderazgo eclesial traslada el disenso moral al terreno electoral, sugiriendo a los fieles votar o castigar a representantes por su adhesión a una política pública que, en Uruguay, se decide en clave republicana, no doctrinal.
Que la Iglesia se pronuncie no es, en sí, un problema: goza de libertad de expresión. La cuestión es cómo se pronuncia y con qué efecto buscado. Cuando se enmarca el debate en coordenadas de “bien y mal”, “luz y tinieblas” —categorías teológicas— y se pide “discernir a la hora de votar” en función de una ley debatida por representantes civiles, el mensaje opera como presión confesional sobre el sufragio.
En un Estado laico, los funcionarios públicos deben justificar sus decisiones en razones públicas accesibles a todos, no en dogmas particulares. Las iglesias pueden y deben aportar visiones al foro público, pero sin pretender que su norma interna se vuelva norma común. El riesgo de los dichos de Sturla no es la defensa de una convicción moral, sino la traslación de esa convicción al arbitraje electoral, desdibujando la autonomía de la política y el pluralismo de la ciudadanía.
