Oficiales de inteligencia de la Policía Federal de Brasil con los que tuvieron contactos periodistas regionales que colaboran con Caras y Caretas no salen de su asombro por la "ingenuidad" con la que las autoridades uruguayas enfrentan a Marset.
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Hay una visión popular del narcotráfico que se imagina un escenario donde abundan disparos, persecuciones, ejecuciones y atentados, pero la red criminal que se mueve en ese mundo, es posible gracias a un desarrollo que insume mucho tiempo y finanzas en vínculos, mantener contactos y hacer trabajos de contrainteligencia.
En el caso uruguayo, ese universo criminal está más identificado con el combate al microtráfico.
Los policías brasileños insisten con que el pasaporte le costó a Marset "mínimamente" $us 10 millones. El cálculo que hacen ellos es en base a los parámetros de las "propinas" que suele aplicar el PCC en el sistema judicial brasileño para sobornar a magistrados, fiscales y jefes policiales en procesos que afectan a grandes narcotráficantes y empresarios dedicados al lavado de activos.
La hipótesis brasileña por el momento llena de suspicacias ante los hechos, es además de la rapidez con que se expidió el pasaporte para Marset, el enorme esfuerzo que hicieron las autoridades uruguayas para garantizar una solidez legal en ese trámite (concretamente la manera en que se formalizó la proscripción del antecedente penal 2013-2018).
Bajo esa hipótesis sin hacer un traslado mecánico de la realidad brasileña a nuestro país, para haber obtenido el pasaporte express, por lo menos unas 20 personas podrían estar involucradas en las áreas de seguridad y consular, y en el mundo del narco, $us 10 millones es una estimación conservadora.
Otro dato importante que aconsejan los oficiales de inteligencia es analizar la "ruta del dinero" porque manejan información de que el grupo de Marset hace muchas de sus operaciones financieras en bitcoins.
De más está decir que las renuncias de Heber y Maciel en el MInisterio del Interior, se ve como una fragilidad importante del sistema a ojos del crimen organizado, lo que será utilizado a su favor, sentencian.
La renuncia de Heber se produce cuando según expresó a la prensa boliviana el viceministro de Régimen Interior de Bolivia, Jhonny Aguilera, luego de un encuentro con el ex ministro del Interior de Uruguay, Luis Alberto Heber, que ambos países trabajarán bajo tres aspectos como el "combate militar de persecución efectiva" frente a los "grupos de poder que protegen" a Marset.
Asimismo, detalló que también trabajarán sobre el lavado de activos de Marset a quién hasta el momento la policía de Bolivia ha logrado incautar un total de 43 inmuebles valorados en 9 millones de euros, así como la detención de unas 21 personas.
Otra de las "líneas de acción", según Aguilera, será el fortalecimiento de los aspectos legales que, a su juicio, "han permitido" al uruguayo "evadir los procesos penales" y "encontrarse inerte".
El representante del Gobierno boliviano señaló que junto al Ministerio del Interior uruguayo desarrollarán el "intercambio de operaciones" y generar "escritorios comunes" que permitan que "la inteligencia fluya en tiempo real".
"No tenemos una información que nos permita establecer el paradero, sin embargo, por lo que corresponde a Bolivia, la persecución es incesante. Si es que el sujeto está en Bolivia, va a ser encontrado, y si se encuentra fuera, con la cooperación internacional también lo vamos a hallar", concluyó.
Este caso tiene en la mira a varias instituciones de Bolivia por la facilidad con la que logró establecerse en el país con documentos de identidad falsos, fundar y jugar en un equipo de fútbol de segunda división y manejar grandes cantidades de dinero sin que esto levantara sospechas.