Medios: siempre ganan los mismos

Es claro: si pocos grupos económicos manejan los medios de comunicación y, en consecuencia, les marcan la impronta de su línea editorial, los discursos tienden a homogeneizarse.

Algunos teóricos cuestionan que el pluralismo en sí mismo sea suficiente. Cavallin, por ejemplo, señaló en un ensayo ya en 1997 que "el pluralismo de medios, creado y gestionado por el mercado y por tanto producto de imperativos económicos como se plantea en el neoliberalismo, difícilmente puede reflejar la diversidad que caracteriza lo social". Es decir, no alcanza con que existan más medios, tienen que lograr funcionar sin amoldarse forzosamente a las imposiciones de los dominantes que marcan agenda, o a las exigencias del mercado.

Los medios de comunicación son esenciales en las sociedades democráticas porque garantizan el acceso a la información e inciden en la formación de opinión pública. Son servicios a la comunidad, pero funcionan al mismo tiempo como un espacio de disputa de poder de diferentes grupos políticos, sociales y económicos. Por ende, para acercarse lo más posible a la libertad de información y expresión, las comunidades deben apostar por la diversidad en los medios: ideológica, regional, cultural, de formatos (como categorizó Humphreys).

La Unesco expresó, el Día de la Libertad de Prensa 2023: "El derecho a la libertad de expresión es un requisito previo y un motor para el disfrute de todos los demás derechos humanos. [...] Si todo va bien en las noticias, hay algo que va mal en el periodismo. Sin libertad de prensa no hay paz posible. Sin libertad de expresión no podemos proteger los derechos humanos".

Uruguay: quiénes son los dueños

En Uruguay la propiedad de los medios de comunicación audiovisual está mayormente concentrada en tres grupos de poder: Villar-De Feo (Canal 10-TCC), Romay (Canal 4) y Cardoso-Scheck (Canal 12-Nuevo Siglo), que poseen canales de TV abierta, TV para abonados y radios en varios departamentos, además de tener alianzas comerciales y convergencias con medios de prensa escrita y otras empresas, y licencias de internet.

Esta configuración tiene décadas y ha ido mutando con el tiempo, pero hay características comunes: familias vinculadas a radios y canales de televisión que fueron consolidando su posición dominante, riñas internas, desvinculaciones, venta de acciones y algunos cambios societarios intra y extra familiares.

Fabián Werner, presidente del consejo directivo de Cainfo, dijo a Caras y Caretas que la concentración mediática "es uno de los aspectos que tiene más impacto sobre la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad". El sistema de Uruguay es "muy pequeño, hiperconcentrado" y los tres canales "tienen gran impacto en la agenda".

Estos grupos son competidores-socios. Según la investigación realizada por Fernando Gelves, Gustavo Gómez, Facundo Franco y Nicolás Thevenet en el libro En pocas manos (2017), en 1994 los tres canales también obtuvieron la licencia conjunta de la televisión paga para Montevideo de Multiseñal (Multicanal SA).

Además, los tres tienen el monopolio del servicio de televisión para abonados por cable en Punta del Este y Maldonado: Punta Cable, que en los últimos años también ha adquirido licencias de internet.

También fundaron Equital SA, una sociedad "que les ha permitido funcionar como un cártel en Montevideo, instalando un solo cable y repartiéndose las distintas zonas o barrios en la etapa del despliegue inicial y acordando un mismo precio para sus servicios", aseguran los investigadores. "Aunque existen importantes tensiones internas dentro de esa empresa, esta alianza les permite tener una clara posición dominante respecto de la mayoría de los demás operadores de televisión para abonados en el Interior, además de pujar con mejores condiciones en la compra de derechos exclusivos para la trasmisión de eventos deportivos en Uruguay".

También existe un oligopolio en el espectro radial, con cuatro grupos predominantes: Magnolio, Zorrilla, Sarandí y Romay, aunque este último está vendiendo varias de sus radios. Gustavo Gómez, director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (OBSERVACOM), dijo a Caras y Caretas que la radio era el medio "más diverso", pero en los últimos años "ha habido una mayor concentración". Entre Magnolio, Zorrilla y Sarandí concentran el 75 % de la audiencia en Montevideo.

En Rocha, Lavalleja y Durazno también existen grupos familiares con grandes concentraciones de medios: Benítez-Fagián, Falco y Rielli, respectivamente. En los dos primeros casos las empresas poseen servicio de TV para abonados, TV comercial y radio. Los Rielli, por su parte, tienen radios y TV comercial. El grupo rochense es el más grande.

En el mercado de televisión para abonados, señaló Gómez, el ingreso de dos competidores fuertes, DirecTV y Flow, le ha quitado peso a las empresas nacionales. Pero en TV abierta la concentración se mantiene.

El factor económico

Entre 2020 y 2023 los tres canales de Montevideo (4, 10 y 12) recibieron por parte del Estado USD 14.800.000 (catorce millones ochocientos mil dólares) en total.

El monto se desglosa así: 10.8 millones por el contrato de compra de las señales para transmitir por Antel TV, que tiene tres años de vigencia (y restringe el consumo del contenido en dispositivos que no sean teléfonos móviles); 2 millones de dólares del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual 2023, que les fue otorgado por completo a esos tres grupos; 2 millones en concepto de exoneraciones del pago del canon estipulado en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente.

Con la reciente aprobación de la ley de financiamiento de partidos políticos, además, los canales recibirán más millones de dólares. Desde la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) solicitaron una contraprestación por los minutos de publicidad electoral y calcularon que los tres canales de Montevideo deberían recibir USD 19.000.000 (diecinueve millones de dólares) en total y el resto de los canales del país USD 5.000.000 (cinco millones de dólares).

El texto de la ley establece que el Poder Ejecutivo decidirá cuánto dinero le otorga a los canales. Para ello "deberá considerar los precios de referencia pagados en los doce meses anteriores a la elección interna de los partidos políticos, por parte de los entes autónomos y servicios descentralizados de dominio industrial y comercial del Estado, a cada medio de comunicación audiovisual".

Gómez explicó que la ley de medios vigente ya incluye la publicidad gratuita para los partidos políticos; la Suprema Corte de Justicia ha recibido una treintena de denuncias de inconstitucionalidad por esa disposición, que se basan en la libertad de información y la propiedad, y en todos los casos ha determinado que prima el interés general. Para Gómez "la población no debería darles dinero a los medios por una contraprestación que debería ser gratuita también para el Estado".

El experto mencionó como argumentos la legislación comparada en la región, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, el interés general y el hecho de que los canales ya han recibido millones de dólares del Estado. "¿No serán ellos los que tienen que compensarnos a nosotros?".

Además, Gómez puntualizó que el cálculo de lo que perderían los canales, presentado por Andebu, es falso, y que la redacción de la ley "le da un cheque en blanco al gobierno para pagar".

Werner se manifestó en el mismo sentido: "Empresas que están siendo exitosas desde el punto de vista económico, en lugar de cumplir con la obligación de ceder espacios para darle sustento a la calidad democrática del país, reciben retribuciones. Va claramente en la línea de usar recursos públicos para beneficiar a un pequeño grupo de empresarios que hacen uso, de manera hiperconcentrada, del sistema de medios del país. Es una mala señal, el camino debería ser el opuesto".

Los canales, que vienen siendo exonerados del pago del canon por uso del espectro dispuesto en la ley de medios vigente, podrían librarse por completo de esa obligación si se aprueba el nuevo proyecto que está a discusión en el Parlamento.

Werner señaló que esta discusión "ya está laudada" en otros países: se cobra un canon, los medios pagan y el Estado utiliza ese dinero para promover la producción nacional, la comunicación comunitaria y alternativa, la diversidad y el pluralismo.

Gómez aseveró: "Los medios de comunicación de este país, en especial la televisión, son factores importantes de [formación de] opinión pública. No es positivo tener una política que discrimina a los medios del interior, chicos y alternativos y beneficia sistemáticamente a los medios grandes, concentrados, del país".

La legislación

Otro aspecto central del sistema de medios uruguayo es la normativa: la ley de medios es el punto de discusión más álgido. El proyecto que circula actualmente en el ámbito parlamentario supone la derogación de la ley vigente, de 2014, y su sustitución por el nuevo articulado, que surgió en el Poder Ejecutivo y sufrió varias modificaciones en comisión.

En una primera instancia, a inicios de noviembre, los miembros de la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes aprobaron 60 artículos que, según declararon desde el Frente Amplio, no tenían modificaciones con respecto a la ley vigente. De acuerdo con la versión taquigráfica de la sesión, pidieron más tiempo para revisar artículos sustitutivos y artículos aditivos.

En la sesión siguiente se votaron los artículos restantes, con algunas modificaciones propuestas por la oposición. Uno de los puntos a destacar es el de límite de licencias, regulado en el artículo 16, que pasó de tres de TV y radio a seis (cuatro pueden ser de Montevideo); y de tres a ocho para TV paga.

Durante la discusión, el diputado cabildante Sebastián Cal argumentó a favor del aumento: "Nosotros no pretendemos que termine saliendo una ley de medios que no pueda ser aplicada; queremos que termine saliendo una ley de medios que atienda la realidad o al menos la foto actual de la cantidad de titularidades y demás que vive nuestro país y este rubro".

Tinaglini aseguró, en la fundamentación de voto: "Esta disposición es más grave, aunque es menos mala que lo que había sido redactado por el Poder Ejecutivo. [...] Sigue permitiendo niveles de concentración excesivos". Y sentenció: "Este artículo tiene nombre y apellido. Lo que acá se está transparentando es la concentración actual. Los números no son casuales y, justamente, coinciden con algún grupo económico importante que ya tiene las ocho licencias en este momento, y lo que estamos haciendo es transparentándolo".

Otro cambio importante es que permite a las empresas de TV cable vender el 100 % de sus acciones a grupos extranjeros. El tope actual es de 49 %. Además, elimina el pago del canon, como ya se mencionó, y también el órgano de contralor empresarial y de la sociedad civil.

Para Werner: "La derogación de la ley de medios y su sustitución por una serie de medidas mucho más restrictivas para la libertad de expresión consolida, a nivel de televisión, el oligopolio privado dominado históricamente por tres canales".

La ley actual "se aplicó de manera incompleta, sobre todo en el tema de la concentración. De hecho hoy hay empresas como grupo Clarín o algunos grupos mediáticos nacionales que tienen más frecuencias de las permitidas y nunca se las intimó a que regularizaran su situación"; esta reforma "consolida y da un visto bueno a la situación", por ello, "es un retroceso legislativo grave e implica un riesgo para la sociedad civil".

Las perspectivas a futuro no son alentadoras para el pluralismo. "Desde el momento que la legislación permite la concentración es muy difícil luchar contra eso", apuntó Werner, "revertir el proceso implicaría que no se aprobara este nuevo proyecto y que se dieran los pasos necesarios para aplicar la ley. La realidad indica que eso no va a suceder. Cabe esperar una consolidación del sistema de medios actual y que Uruguay se convierta en uno de los países que incumple los estándares internacionales de libertad de expresión de forma más evidente en toda la región".