Narcos y lavadores están entre nosotros

A fines de la pasada semana se desmanteló una banda de traficantes de drogas en Mercedes. Operaban por lo menos desde el año 2013 y se probó que entonces trabajaban con Sebastián Marset.

La principal actividad comercial pública, de quien luego se suicidó en la cárcel, era una pequeña heladería en la rambla de esa ciudad. Sin embargo él, y algunos de sus secuaces, son poseedores de varias quintas importantes en las afueras, construyen un edificio de lujo sobre el local de la heladería y también estaban construyendo un barrio residencial en Los Arrayanes, una zona ubicada frente a la capital de Soriano. Así “legalizaban” el dinero que obtenían con la venta de estupefacientes.

Raúl Vivas era un amable vecino de Punta del Este, paseaba por Gorlero con su esposa e hija, iba al casino del Estado. Figuraba como propietario del Cambio Italia. Pero en 1989 se descubrió que junto al Cambio Dyana de Montevideo, había lavado 1.300 millones de dólares para el Cártel de Medellín. Fue extraditado y debería estar preso en una cárcel del Estado de Colorado porque lo condenaron con 555 años de prisión.

En Montevideo sus negocios se mezclaron con los del asesinado empresario Luis Ernesto González.

En 1992 el cubano-panameño Ramón Puente Patiño se convirtió en cliente, casi mecenas, de un prestigioso artista plástico fernandino. Le contaba de la tragedia que se vivía en Miami, de donde decía haberse ido para vivir en un lugar tranquilo. “No puedes dejar el carro porque te roban el audio y no te imaginas lo que es la droga, chico”, relataba acongojado Puente Patiño. Hasta que una tardecita de febrero de 1992, mientras tomaba mate con su esposa mirando el informativo de TV, el pintor se enteró de que su mecenas era el contador del Cártel de Cali y había sido detenido por policías españoles y uruguayos en un hotel puntaesteño. Su socio, un boliviano llamado Emilio Selip Schops, cayó dos diás despúes. Curiosamente nunca se le descubrieron propiedades en el balneario.

Gonzalo González Valencia, líder del Cártel mexicano de Los Cuinis, y Rocco Morabito, líder de la “Ndrangheta”, mafia siciliana, estaban buscados por todo el mundo, sin embargo vivieron años a dos cuadras de distancia en el barrio Parque del Golf de Punta del Este, cercano al Centro de Convenciones.

La residencia Quincho Grande donde vivía González Valencia con su familia, así como dos automóviles, estaban a nombre de su mucama y de su casero. No se dejaba ver mucho. Morabito conoció a González Valencia cuando este pasó a residir en la casa. Trabaron relación por terceras personas y aunque, según un testigo que trabajó para él, se plantearon varios negocios finalmente se limitó a la compra de moneda extranjera con dinero del mexicano en un cambio de Piriápolis.

El mismo cambio que colaboró con el esposo de Elena Nazarenko, ejecutiva de cuentas del Banco Heritage que robó unos 20 millones de dólares de clientes argentinos que usaban mecanismos ilegales para trasladar su dinero a Uuguay. Parte de ese dinero financió a Welcome, donde el hombre era dirigente, y se invirtió en importantes propiedades en los balnearios Solís y Piriápolis.

Morabito, que acá se llamaba Francisco Antonio Capeleto Souza, tenía otra vida y negocios. Casi todas las noches iba a cenar junto a su esposa e hija al restaurant 4 Mares, ubicado en Capitán Miranda y 2 de febrero a una cuadra del faro de Punta del Este.

Siempre reservaba la mesa 8, junto a la puerta y a un gran ventanal a la calle. Quería tener a la vista a los tres custodios que lo acompañaban. Pero a nadie llamaba la atención porque era frecuente que otros clientes también tuvieran custodia.

Había comprado un campo de 600 hectáreas con límites por ruta 12 y ruta 9 que luego vendió en 1.200.000 dólares. La casa en que vivía era alquilada al operador inmobiliario Dany Puig, quién en declaraciones a El País elogió a su inquilino. "Lo conocí hace tiempo como todo el mundo se conoce acá en Punta del Este. Es un tipo totalmente normal. Cero apariencia de lo que es la imagen de un narco como dicen que es. Todo el mundo que lo conoció piensa lo mismo. No tengo nada que decir más allá de que es una familia normal ante mis ojos. Nunca voy a tener unos inquilinos como ellos. Van a dejar una casa mejor que como estaba y eso que estaba impecable. Hasta el último detalle, la cuidaron, la arreglaron”, expresó Puig.

La presencia de Morabito era tan normal que hasta enviaba su ropa al mismo lavadero que este cronista, muy lejos de su casa.

El empresario argentino Marcelo Balcedo, residente en Playa Verde, procesado por lavado y otros delitos, contrató a muchos trabajadores locales con buenos salarios. Colaboraba activamente con una escuela pública cercana y durante años mantuvo a la seccional 12 de Policía de Piriápolis, hasta que el exministro Eduardo Bonomi prohibió las Comisiones de Colaboración Policial.

A principios de los años 90 el ciudadano alemán Thomas Drach había secuestrado a un importante empresario cervecero de su país. Obtuvo 10 millones de dólares por su liberación. Muchos años después la Policía alemana lo encontró en Punta Ballena, donde había comprado una casa y vivía tranquilamente. Acá se descubrió que tenía negocios en Bulgaria.

El uruguayo Eugenio Figueredo, exvicepresidente de la FIFA y procesado en Uruguay por lavado producto de las millonarias coimas percibidas, invirtió gran parte de ese dinero en operaciones inmobiliarias en Punta del Este y Montevideo.

Isabel Henao Vallejo, viuda de Pablo Escobar, logró introducir en Uruguay unos 200 millones de dólares a través de una sociedad anónima llamada Galestar. Ese dinero nunca fue encontrado.

Hace muchos años que los lavadores conviven entre nosotros.

Entre la ingenuidad y la hipocresía

A consecuencia del caso Marset a algunos parlamentarios preocupó la posibilidad de que el crimen organizado penetre en el poder político y pretenden debatir normas para evitarlo. Por su parte el ministro del Interior sostuvo con énfasis que “no hay ninguna evidencia de que el narcotráfico financie a algún partido político”. Nadie quiere asumir la dura realidad.

Una batalla entre la inocencia y la expresión de deseos.

Tenemos malas noticias para ambos -parlamentarios y ministro-; en Uruguay se lava dinero por lo menos desde 1976. Se construyó el mejor balneario uruguayo con dinero fugado desde Argentina.

Se podrá señalar que entonces no había leyes antilavado. Pero ya existían en ambos países delitos como el fraude y la evasión fiscal; el tráfico de divisas, el contrabando y otros precedentes de lavado.

En esos años tampoco había leyes antitortura, pero no por eso dejaba de ser un crimen.

Ocurre que desde esa época Uruguay se convirtió en el receptáculo de cuanto dinero sucio argentino, paraguayo, brasilero y hasta algún europeo anduviera en la vuelta.

Claro que no todo el dinero que traían los turistas para invertir era sucio, probablemente la mayoría era legal.

Pero de ahí la dificultad para prevenir. Porque las mismas estructuras financieras, inmobiliarias, comerciales y hasta jurídicas que protegen a los buenos inversionistas, también sirvieron a los delincuentes.

Daniel Espinosa, exsecretario de la Senaclaft (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo) dijo en el programa Rompkbzas (El Espectador) que “Uruguay siempre operó como una pata en el mecanismo del lavado de dinero”.

El sistema capitalista logró que todo el mundo “se enamorara” del dinero. Y sobre todo cuando llega fácil.

Y a Uruguay llegó mucho, muchísimo, dinero fácil producto de la corrupción en Argentina, sobre todo. Ahora aparece el dinero del narcotráfico.

Hay muchas cosas en este país que carecen de explicación. Por ejemplo los hoteles 5 estrellas que sobreviven con pocos pasajeros; la adquisición de decenas de miles de hectáreas de campo en los que nada se produce; la construcción de edificaciones en Punta del Este a costos millonarios que son ocupados, con suerte, 15 días al año; los negocios del fútbol y las SAD; los lujosos templos pentecostales que han surgido como hongos; personas que no podrían justificar sus ingresos pero poseen varios coches de alta gama.

Narcos y política

En los últimos años el modelo “Escobar” se reproduce en Uruguay. Los narcos barriales ayudan económicamente a sus vecinos, colaboran con escuelas o instituciones deportivas. Muchos viven en zonas marginales pero transitan en automóviles de subido valor.

No se puede afirmar que el dinero sucio financie a partidos políticos, pero tampoco se puede negar con tanto énfasis como lo hizo Heber.

Sí se puede probar que dos exministros blancos participaron en maniobras de lavado por miles de millones de dólares. Ángel María Gianola era el presidente de Ariadna S.A. empresa propietaria del Cambio Dyana por donde Raúl Vivas lavó 1.300 millones de dolares del Cártel de Cali. Dyana fue cerrado por el BCU, pero como no había ley antilavado, Gianola permaneció impune. Tanto que en 1994 fue nombrado ministro del Interior por Luis Lacalle Herrera.

En tanto fue la propia DEA (Drug Enforcement Administration) quién a través de su Jefe Regional Abel Reynoso, aseguró que “a través del Estudio Posadas, Posadas & Vecino se habían lavado 1.300 millones de dólares producto del narcotráfico y la corrupción”. El estudio era dirigido entonces por Ignacio De Posadas, ministro de Economía y luego senador en el mismo gobierno herrerista.

En el año 2008 el inspector Julio Guarteche, entoces director de la Brigada Antidrogas afirmó que algunos miembros del Parlamento tenían vinculaciones con el narcotráfico. Entrevistado por el periodista Mauricio Cavallo (La República) en el marco de un seminario realizado en el Banco Central, el jerarca afirmó “que existía cercanía entre narcotraficantes y Parlamento” aunque aseguró no tener pruebas al respecto.

Como consecuencia de esas afirmaciones, el diputado blanco Jorge Gandini lo citó a una reunión de Comisión de Diputados, realizada el 23 de octubre de ese año- El jerarca policial solicitó que sus palabras no quedaran en la versión taquigráfica y dijo que los narcos estaban interesados en Pluna y el puerto.

Según consignó el sitio web 180.com, Guarteche afirmó que algunos de los narcotraficantes que habían caido el año anterior, en una operación que desbarató a un grupo que operaba en Salto, estaban interesados en quedarse con buena parte del paquete accionario de Pluna. Otro grupo de narcos estaban interesados en participar en el negocio de la terminal del puerto de Montevideo. Así se desprendía de las escuchas telefónicas realizadas por el grupo policial antinarcóticos.

También mencionó casos de políticos incautos que habrían tenido contactos con los narcos. Entre ellos dirigentes del Frente Amplio en Maldonado, el colorado Hugo Granucci y otros.

En su última columna publicada en Búsqueda, el periodista Gabriel Pereyra afirma que el inspector Guarteche le contó que “un día siguiendo a dos narcotraficantes, los vieron ingresar al Palacio Legislativo. Allí se reunieron con dos senadores, uno de los cuales ocupa hoy un alto cargo de gobierno”.

El responsable de las operaciones contra el narcotráfico recordó que actualmente hay una nueva generación de narcos “internacionales, que los definió como de tercera generación, como industriales, como personas con títulos, con ingresos certificados en Estados Unidos para dar más credibilidad a su presentación, y que están acercándose al poder político", aseguró Guarteche a la prensa a la salida de la reunión.

En el año 2015 Carlos Antonio Flores Pérez, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en narcotráfico y crimen organizado, dijo al diario Infobae que “el negocio del tráfico de drogas ilícitas es una actividad que requiere algún margen de interacción irregular con la estructura institucional".

En tanto para el politólogo argentino Eugenio Burzaco, CEO de Seguridad Integral Templar SA y autor junto a Sergio Berensztein de El poder narco, “lo que buscan estas organizaciones es impunidad. Necesitan cobertura judicial, política y policial para funcionar. Entonces van corrompiendo de a poco las estructuras estatales para poder manejarse con libertad. Para ello cuentan con una enorme cantidad de recursos, y sobre todo, dinero en efectivo. Con lo cual, la política se presta".

Parece ser de una inocencia manifiesta asegurar que no existen vínculos entre narcos y políticos.

Por qué combatir el lavado de dinero

En general hay sobradas razones para creer que a la mayoría de los funcionarios y a un importante sector social les importa muy poco que se lave dinero en nuestro país. Hay un acostumbramiento al dejar hacer y a no preguntar si alguien se favorece de la forma que sea.

En un país que ha sido receptor de mucho dinero sucio de la región y el mundo y que, sobre todo, tuvo una legislación que lo alentó y demasiada complicidad de muchísimos profesionales, no es extraño que la propia sociedad lo asuma casi como algo normal.

Desde hace algunos años Uruguay modificó leyes y creó organismos especializados. Gracias al esfuerzo legado por Carlos Díaz y al aplicado por su sucesor Daniel Espinosa, al frente de la Senaclaft, tenemos una ley antilavado.

Pero aún es insuficiente y para peor la LUC desmejoró los controles.

Si esa ley antilavado no hace carne en todos los funcionarios y la sociedad no comprende los riesgos implacables que atañe a esa actividad delictiva, nada cambiará.

Nuestra Policía y la Justicia no están preparadas para combatir el lavado y la corrupción. Aunque nadie lo va a reconocer. En el ámbito judicial saben perfectamente que el combate a la corrupción no está entre sus prioridades, más allá del esfuerzo puntual de algunos jueces y fiscales.

Expertos en todo el mundo aseguran que el lavado de dinero tiene consecuencias económicas, sociales y de seguridad potencialmente devastadoras.

Aumento del delito y la corrupción: El lavado de dinero exitoso ayuda a mejorar los aspectos rentables de las actividades delictivas. Los países considerados como paraísos para el lavado de dinero atraen a gente que comete delitos. Si el lavado de dinero está extendido, probablemente habrá también más corrupción.

Debilitamiento del sector privado legítimo: Uno de los efectos microeconómicos más serios del lavado de dinero recae sobre el sector privado. Se sabe que los lavadores de dinero utilizan compañías de fachada, o negocios que aparentan ser legítimos y realizan actividades legítimas pero que en realidad están controlados por delincuentes que mezclan los fondos provenientes de actividades ilícitas con fondos legítimos, para esconder el dinero ilícito.

Debilitamiento de las instituciones financieras: El lavado de dinero perjudica la estabilidad del sector financiero de un país. De hecho, la actividad criminal ha sido relacionada con varios fracasos bancarios en todo el mundo. Los riesgos del lavado de dinero para las instituciones financieras se describen generalmente como de reputación, operación, jurídicos y de concentración de crédito.

Pérdida de control o errores en las decisiones relacionadas con la política económica: Debido a las grandes sumas de dinero involucradas en el proceso de lavado de dinero, en algunos países de mercados emergentes estos fondos ilícitos pueden rebajar los presupuestos gubernamentales, resultando en una pérdida de control de la política económica por parte de los gobiernos o en errores de política debido a errores en la medición de estadísticas macroeconómicas resultantes del lavado de dinero.

Distorsión e Inestabilidad económica: Los lavadores de dinero no están interesados principalmente en la generación de ganancias provenientes de sus inversiones sino en proteger sus ingresos y ocultar el origen sucio de los fondos. De esta manera, ellos "invierten"; el dinero en actividades que no son necesariamente rentables económicamente en el país donde los fondos estén ubicados.

Pérdida de ingresos por impuestos: De todas las formas subyacentes de actividades ilegales, la evasión fiscal es, tal vez, la que tiene el impacto macroeconómico más evidente. El lavado de dinero reduce ingresos fiscales al gobierno y por ende perjudica indirectamente a los contribuyentes honestos.

Riesgo para la reputación de un país: Tener una reputación de paraíso de lavado de dinero o fiscal puede generar efectos negativos para el desarrollo y el crecimiento económico de un país.

La perversa cultura de la corrupción

El mayor costo del lavado es social. La cultura que genera corrompe a gobernantes y ciudadanos. Mucho dinero fácil, desparramado sin consecuencias, distorsiona a una sociedad.

Genera mucha desigualdad entre quienes trabajan honestamente y aquellos que se prestan a esa actividad delictiva y contribuye a profundizar situaciones de injusticia.