Este lunes, en una reunión con las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio (FA), el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó el proyecto de ley para transformar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) en un servicio descentralizado y que salga de la órbita del Ministerio del Interior (MI). En el proyecto, se propone, en primer lugar, la creación del Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado, el cual tendrá su domicilio principal en Montevideo.
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Ministro del Interior, Carlos Negro.
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“El instituto que se propone crear tendrá como competencia el cumplimiento de las medidas o penas privativas de libertad o alternativas, el diseño, implementación y control de las políticas y programas de reinserción social, la organización y gestión del sistema penitenciario y la vigilancia y control de las unidades penitenciarias”, se señala en la exposición de motivos con relación a las competencias que tendrá el nuevo servicio.
Allí se indica que la iniciativa “surge en respuesta a la crisis estructural del sistema penitenciario”, que se caracteriza “por niveles inaceptables de hacinamiento, condiciones edilicias deficitarias, dificultades para el ejercicio de derechos y acceso a programas de tratamiento por parte de la población encarcelada, carencias de recursos humanos y materiales, así como debilidad extrema del sistema de medidas alternativas”.
En ese sentido, el MI sostiene que dichas dificultades “están fuertemente asociadas al incremento constante de la población privada de libertad”, que el año pasado alcanzó “su récord histórico, consolidando la posición de liderazgo en América del Sur y en el mundo, con 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes”.
Negociación de los detalles
En el oficialismo, tras escuchar la exposición de Negro, manejan como la fórmula "más viable" para la conducción del nuevo servicio descentralizado un directorio compuesto por tres integrantes para que la oposición —que deberá prestar sus votos— pueda estar representada, pese a que, de esa forma, se perdería "capacidad ejecutiva". El organismo estará conformado por unos 3.000 funcionarios policiales y otros 1.000 operadores civiles, y se vinculará jurídicamente con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.
Desde hace un buen tiempo el sistema político discute la necesidad de descentralizar el organismo que está a cargo de llevar adelante la política penitenciaria —el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR)—, para que sea dotado de autonomía técnica y presupuestal, y quitarle de esta manera tamaña responsabilidad al Ministerio del Interior.
Hay consenso entre los partidos —ya lo había durante la campaña electoral de 2024—, aunque ahora comenzará la etapa de la negociación de los detalles, ya que, como se planea la creación de un servicio descentralizado, la Constitución exige al Parlamento que se alcance la mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras.