Ni violencia privada, ni difamación ni injurias

Y vinculado a este aspecto, luego del archivo dispuesto por el fiscal Morales, la fiscal Fossati salió al cruce esta semana de un tuit del fiscal de homicidios Carlos Negro, quien se refirió al aumento de montos de pena planteados en la Rendición de Cuentas. La fiscal respondió a Negro, citando su tuit, que los fiscales están para aplicar leyes y no para cuestionarlas en público, al tiempo que le endilgó que el comentario era político.

En octubre pasado, cuando la fiscal solicitó la prórroga de la prisión preventiva del excustodio del presidente Lacalle Pou, hizo un discurso en la audiencia sobre los sentimientos del mandatario debido a la conducta de Astesiano, su hombre de confianza. La fiscal, que en ese momento aún debía interrogar a Lacalle Pou -hecho que recién ocurrió dos meses después, en diciembre- hizo una alocución en la audiencia manifestando su comprensión hacia presidente: “Todos los que estamos en el sistema alguna vez nos hemos llevado un desencanto con alguien que creíamos que era de tal manera y luego era de otra”. La fiscal Fossati, que estaba a poco menos de un mes de haber formalizado a Astesiano, al escribano Fernández y el ciudadano de origen ruso Slivaev, no conocía el alcance exacto de la asociación para delinquir por la que los había formalizado, pero en la audiencia de prórroga de la prisión preventiva de Astesiano emitió palabras de comprensión para una de las personas que debían aún declarar. Antes de citar al presidente Lacalle Pou a declarar, Fossati ya sabía que el presidente “fue engañado por Astesiano”.

Por su lado, el fiscal Leonardo Morales -quien se hizo cargo de la denuncia presentada por Fossati en febrero pasado contra Grille, Pelaéz y Pereira- demostró porqué no se pudo incurrir en difamación e injurias y sostuvo cómo el delito de violencia privada no pudo existir.

La frase del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que molestó a la fiscal Gabriela Fossati fue: “No ha actuado de acuerdo a derecho”; “lo de Leal es una mala anécdota de lo que no debe hacer un fiscal”; “con el caso Leal se busca tapar un problema de corrupción al lado del presidente”. Para su denuncia Fossati recortó títulos de El Observador, Montevideo Portal y la diaria y sugirió un informe de la cátedra de Derecho Constitucional de la Udelar u otra para que informe de la existencia de un derecho humano por encima de los demás. En su declaración ante el fiscal Leonardo Morales, Pereira respondió que sus críticas no tienen que ver con la ofensa y que se trata de su poder-deber como presidente de la coalición de izquierda, oposición del gobierno, poner los puntos de vista del partido político que representa.

Obligar a la fiscal a hacer algo que no quería

El artículo 288 del Código Penal que tipifica el delito de violencia privada establece que “el que usare violencia o amenazas para obligar a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer alguna cosa será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría”. ¿Qué es lo que la fiscal Fossati entendió que se la quería obligar a hacer o no hacer? Además de que la denunciante sostuvo que las declaraciones de los denunciados afectaban su honor, denunció que se ejerció sobre ella violencia moral para forzarla a tomar decisiones no ajustadas a derecho. Señaló que el director de Caras y Caretas -que fue denunciado por Fossati en su rol de columnista de la publicación- la calificó de “cobarde”, de tratar de “preservar a los poderosos”, de “falta de ética”, y de que “no quería ir a fondo” en su investigación de Alejandro Astesiano, excustodio del presidente Luis Lacalle Pou.

Grille recordó con respecto al delito de violencia privada, que sus colunmas fueron posteriores a la sentencia del caso Astesiano, por tanto nunca se la quiso obligar a hacer algo que no quería como denunció la fiscal. El 5 de marzo pasado, el periodista de Caras y Caretas Carlos Pelaéz reveló un audio en el que Fossati -sin pedir reserva- respondió sobre una inquietud periodística. En ese audio indicaba que ella no se iba a inmolar por la causa y se refería al grado de involucramiento de las personas imputadas y de otros que debían colaborar con su investigación.

En su declaración al fiscal, Grille señaló que cuando habló de cobardía en su columna, fue relacionado a la falta de ánimo que Fossati reveló en sus audios (“yo no me voy a inmolar”).

Por su lado, Peláez entendió que él fue quien brindó el audio al medio porque lo consideró de altísimo interés público, pero nunca consideró agraviar a la fiscal denunciante. Fossati incluyó en la denuncia el siguiente razonamiento: “La filtración de información a terceros, su conversación telefónica con Peláez, le hizo presumir que lo fue con la intención de amenazar a través de un medio de comunicación (Caras y Caretas) y lograr de esa forma que dirigiera su investigación hacia otro lugar. El fiscal Morales aclaró a Fossati: el mensaje telefónico grabado, divulgado por Peláez por considerarlo de alto interés político, no conlleva ilicitud por tratarse de una conversación que él mantuvo voluntariamente, sin que existiere reserva legal para su divulgación, como tampoco puede considerarse amenaza la publicación de dicho contenido, con la finalidad de que variare el curso de la investigación, máxime cuando la sentencia del llamado caso Astesiano ya había sido dictada en un proceso abreviado”, es decir en el acuerdo de Fossati con el excustodio del presidente.

Con respecto a los delitos de difamación e injurias, el fiscal Morales recordó que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que la libertad de expresión incluye difundir lo que resulte ingrato y señaló que “sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia, los mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para que arraiguen sistemas autoritarios”.

Además, como prevé el Código Penal, las causales de justificación de los delitos de difamación e injurias no se aplican cuando hubo “real malicia” de parte del medio o del periodista. El fiscal Morales aclaró en sus fundamentos que si bien Fossati sugirió en su denuncia que se hiciera un informe a la Cátedra de Derecho Constitucional, rechazó indicando que “no resulta de utilidad, no existiendo dudas del elenco de derechos humanos existentes y la posición que posee el derecho de libre expresión frente a ellos”.

El fiscal que investigó la denuncia de Fossati concluyó que el caso Astesiano o el caso Leal -en referencia al exdirector de Convivencia Gustavo Leal a quien Fossati pretendió investigar porque se reunió con el padre de Astesiano fuera del país- representan un elevado interés público, que al decir de uno de los denunciados, no se conoce a la fecha, por lo menos en los últimos años, un tema tan importante que haya acaparado tanta atención pública. Morales dijo que los tres denunciados ejercieron un derecho humano como lo es la libertad de expresión y que actuaron dentro de la licitud al tiempo que resaltó la preeminencia que existe del derecho a la información sobre los delitos contra el honor.

Las expresiones vertidas y consideradas injuriantes por Fossati, dijo el fiscal Morales, tuvieron un viso de veracidad, respaldados por los elementos que tuvieron los denunciados al momento de formular sus expresiones, por ejemplo, el propio audio de Fossati en respuesta a Peláez