El problema entre el gobierno de Uruguay y el astillero Cardama por la construcción de 2 patrullas oceánicas, tendrá nuevos capítulos en los próximos días.
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Liquidaron la empresa que presentó garantía de contrato con Cardama.
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“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de las dos patrullas oceánicas", señaló el presidente Yamandú Orsi y decidió efectuar una denuncia penal dados los “fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo”. Esta resolución generó polémica entre oficialismo y oposición y todavía sigue en el ojo de la tormenta.
En los últimos días, el astillero Cardama envió una nota a Presidencia de la República para iniciar una mediación y negociar una solución para la garantía de fiel cumplimiento de casi US$ 5 millones.
El Ministerio de Defensa había notificado formalmente a la compañía gallega el pasado lunes 27 de octubre por la tarde sobre la decisión del Poder Ejecutivo de llevar el caso a la Justicia, pero hasta ahora no había habido respuesta de parte de Cardama.
Con la nueva comunicación de Cardama, se espera activar en los próximos días los intercambios correspondientes. En la Torre Ejecutiva entienden que, como cualquier diferendo de este tipo, todo lo que se discuta dentro de una mediación no puede ser usado luego en el marco de un juicio.
El astillero de Vigo pretende ahora presentar una serie de opciones para renovar la garantía de fiel cumplimiento y que sea el Poder Ejecutivo que seleccione la que más seguridades le da, según publica este jueves El Observador. Tras un sinfín de "desprolijidades", Cardama terminó presentando un aval de EuroCommerce Limited y el Ministerio de Defensa aceptándola al cierre de la anterior administración.
Cuando el actual gobierno decidió ejecutar esa garantía ante su vencimiento el 22 de octubre, constató que la dirección dada por este supuesto banco inglés conducía a una inmobiliaria, que su número de contacto era el del Standard Chartered, que en realidad era propiedad de un ruso y que no había tenido casi actividad desde 2022 y una serie de incongruencias que terminaron, en su disolución final por parte del regulador británico.
Por ese caso el gobierno le presentó una denuncia penal a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. Semanas después, el 4 de noviembre, contrató al estudio Arnold & Porter para llevar el caso ante distintas agencias de combate contra el crimen organizado en el Reino Unido. También inició una causa penal en tribunales españoles el notario cuya firma figuraba en el certificado deEuroCommerce presentado por Cardama.
Sin embargo, es muy probable que se amplié la denuncia en Uruguay ya que según adelantaron fuentes de Presidencia, hay nuevos hechos "graves".
Cardama, en tanto, ha dicho que él fue "el estafado" y de hecho está planteada la posibilidad de que el propio astillero denuncie lo ocurrido con EuroCommerce.
Astillero contrató a Gonzalo Fernández
Mientras tanto, Cardama contrató al abogado Gonzalo Fernández para representarlo en Uruguay, según publica este jueves El Observador. El penalista fue la mano derecha de Tabaré Vázquez como su secretario de Presidencia durante el primer gobierno. En ese período asumió luego la Cancillería tras la salida de Reinaldo Gargano y finalmente fue ministro de Defensa por menos de un año hasta que Vázquez le pasó la banda a José Mujica el 1° de marzo de 2010.
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