OSE aprobó estudio de factibilidad del proyecto Neptuno

El proyecto actual es una iniciativa presentada por un consorcio de empresas constructoras (Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast) y supone una inversión mayor a los 288 millones de dólares.

El directorio de OSE se encamina a aprobarlo mediante un contrato “BOT” (Construir, Operar y Transferir, por sus siglas en inglés).

Según el director en representación del FA, esta opción supone que OSE compre agua potabilizada a un privado, algo que rechaza “categóricamente” por “ser inconstitucional y contrario al pronunciamiento ciudadano resultante del Plebiscito sobre el agua en el año 2004”.

Sin embargo, en las últimas horas el ministro de Ambiente, Adrián Peña, anunció en su cuenta de Twitter que el directorio de OSE aprobó la “factibilidad técnica” del proyecto para la construcción de una nueva planta potabilizadora en Arazatí, en San José, que tomará agua del Río de la Plata para abastecer a los clientes de partide de Montevideo y el área metropolitana.

El director del Frente Amplio (FA) en OSE, Edgardo Ortuño, indicó en la misma red social que votó en contra del informe final del estudio de factibilidad del proyecto, denominado Neptuno, porque no se incluyó “el informe del grupo de técnicos que estudiaron un año” ni se resolvió acerca de la gestión pública de OSE o la privatización de la construcción y operación de la planta durante 28 años, que será “335 millones de dólares más costosa”, además de “inconstitucional”.

Ortuño explicó que el artículo 19 de la Ley 17.555 que regula el procedimiento de las inversiones privadas establece que la empresa “presenta el estudio y la administración debe dar su conformidad para pasar a la siguiente etapa”, es decir, el llamado a licitación.

El director del FA pidió que antes de tomar una decisión se recibiera “el informe del grupo de técnicos nombrado para asesorar al directorio y la gerencia general, y resolver sobre todo el informe de factibilidad, que incluye las alternativas de gestión del proyecto (pública o privada)”. Sin embargo, este miércoles lo votaron “sin esa definición y sin informe técnico” y esto, a su entender, no sólo es importante por cumplir con el procedimiento formal, sino porque “hay técnicos que plantearon que el informe aún dejaba dudas en aspectos técnicos del proyecto a seguir profundizando”.

Con esta definición del directorio, se aprueba el proyecto “porque habilita a licitar dentro de los próximos cuatro meses” y realizar la adjudicación para su construcción. El problema, agregó, es que se aprobó “sin definir el tema de fondo: gestión pública de OSE o privada, a mayor costo e inconstitucional”.