Para combatir la corrupción se necesita voluntad política

Se lava, seca y planchan decenas, tal vez centenares de millones, de dólares, pero la palabra mágica nunca aparece.

Intendentes y ediles han sido formalizados, otros son acusados. Pero se habla de “problemas de gestión”, no del tema que nadie quiere tratar.

Una fuerza militar que ha tenido en el pasado hasta excomandantes en jefe procesados y presos, donde se robaron 35 toneladas de bondiola, con anuencia del Ministerio de Defensa también compraron dos lanchas patrulleras a un astillero que nunca construyó una. Pero la palabra clave no se menciona.

Los uruguayos debaten todos los días sobre quién hizo o hace peor las cosas, y cuando se denuncia a alguien nunca falta quien diga “¿por qué no te ocupás de fulano?”.

Pues sí, estimados lectores, se trata de corrupción. La acción humana que más injusticia y desigualdad promueve, la que destruye las raíces de la democracia, la que pone en riesgo la institucionalidad, la que destruye economías. La que termina con países, y a todos los ejemplos del mundo nos remitimos. Aunque sea obvio, la corrupción no tiene ideología, sólo satisface la ambición de los hombres por tener cada vez más dinero, no importa cómo. Y, si no, pregúntenle a Gustavo Basso, a Pablo Carrasco y a sus respectivas esposas, que entre lo que robaron y perdieron se fueron 400 millones de dólares de 4.500 ciudadanos ambiciosos que les creyeron.

O a los tres expresidentes de la Junta de Maldonado que cometieron un fraude por unos dos millones de pesos contra el organismo que integraban.

O a los gobernantes que todos los días en algún lugar del país se aprovechan de su particular posición de privilegio para favorecerse de diferentes maneras. Que no siempre es por plata, o sí, también, porque a veces buscan votos que los mantengan en ese lugar.

La corrupción es la madre de muchos de nuestros peores males. Y si hiláramos fino, seguramente descubriríamos que parte de nuestra pobreza, el peor de los males, tiene que ver con el saqueo de recursos públicos.

Pero los uruguayos debatimos mal este tema porque solo interesa saber cuán corrupto es el adversario político. Y los políticos ayudan poco, más bien motorizan este debate.

Pues les tengo malas noticias: la corrupción es un problema de todos. No importa si sos del FA, blanco, colorado, independiente o cabildante; si sos de Peñarol o Nacional; si sos de Aguada o de Goes; si vivís en Carrasco o en Cerro Norte; si sos empresario o trabajador. Más temprano, que tarde un corrupto los va embromar.

Si se quiere, se puede

A los uruguayos nos gusta frotarnos la pelusa del ombligo. Durante decenas de años estábamos seguros de tener la democracia más sólida, hasta que llegó la dictadura. Nos creímos la Suiza de América, hasta que llegaron los banqueros ladrones. La mítica construida sobre Maracaná arruinó a varias generaciones.

Hoy nos encanta mostrar los índices de percepción de la corrupción que cada año elabora Transparencia Internacional, para considerarnos los menos corruptos de América. Pero no les avisan que se trata solo de la percepción, no del problema. ¿Y cómo se mide esa percepción? Pues mediante una encuesta que se hace a figuras políticas y económicas, entre los que seguramente debe haber algún corrupto. ¿Y qué querés que contesten?

En febrero de este año, Ricardo Gil Iribarne, expresidente de la Jutep y asesor del Gobierno sobre el combate al lavado, le decía a Brecha: “En mi opinión, si no controlamos la evolución concreta de la corrupción en Uruguay, se va a terminar afectando la democracia. Yo creo que los uruguayos están preocupados por el tema y los dos peores mensajes que se pueden dar son: «No, estás equivocado, mirá que estamos muy bien», o «los corruptos son los otros».

Gil Iribarne asegura que “Uruguay tiene una muy buena normativa, pero en corrupción la parte buena nunca se aplicó”, y cita “el caso de las declaraciones juradas, la publicación, la posibilidad de abrir un montón de declaraciones para analizarlas. De las que se abrieron, algunas son contradictorias con información pública, los titulares omitieron cosas. Se hizo mucho hincapié en un senador, Juan Sartori, que no presentó la de su cónyuge, pero hubo cinco o seis que no la presentaron y no pasó absolutamente nada; ese senador y otros no declararon sociedades que tenían en el exterior y no presentaron los balances. Ni siquiera fueron declarados omisos, que sería lo primero; entonces, tenemos una ley linda en el papel que no se aplica”.

Agregó que “la Jutep tampoco se expidió sobre esos casos. Los únicos dos analizados y publicados son Antel Arena y Gas Sayago, del Gobierno frentista. No hubo nada sobre Artigas, Salto Grande, Marset, Astesiano. Para mí en este tema no hay que hacer política partidaria, me importa poco de qué partido son, el tema es que si solo abrís dos casos para la oposición y ninguno para vos… La sensación es que tenés un organismo que podría hacer, pero no hace. ¿Cuál es el argumento? No tengo recursos. ¿Cuál es la realidad? Te sobró 1 millón de dólares y tenés cargos profesionales sin cubrir; entonces, no me digas que es un problema de falta de recursos. Es un problema de mala gestión y de voluntad política. Yo creo que el problema es que la Jutep se transformó en un organismo que es lindo que exista para mostrarlo, pero lo mejor es que no funcione, y no funciona. Si aceptamos integrar ese organismo por cuota política, como se hace con Antel, con UTE o con Ancap, estamos dejando que los partidos políticos uno de los principales actores cuestionados por los ciudadanos se controlen solos a ellos mismos.

Una crítica que yo le hago al Frente es que aceptó la cuotificación el día que decidió sacar a su representante, Jorge Castro, porque votó algo sobre el caso Antel Arena que no les gustó. Si yo pongo a alguien a controlar la corrupción y el partido lo saca, entonces el mensaje es que no se está controlando nada, se hace un juego y se miente a la ciudadanía al decir que esos son organismos de control independientes, cuando no son independientes. En la Jutep se necesita gente valiosa, con principios, que sepa del tema”.

En la debilidad, la corrupción crece

Sebastián Marset está suelto porque el Gobierno uruguayo le entregó un pasaporte aún sabiendo que era un narco importante. Para ocultar eso le mintieron al Senado y después rompieron documentos públicos. Pero la Fiscalía ni siquiera analiza el tema.

Alejandro Astesiano fue procesado con prisión por varios delitos. Hoy es una estrella en programas de streaming, aunque nunca explicó de dónde sacó el dinero para abrir una distribuidora y cómo, desde prisión, hizo trámites ante DGI y BPS. Difícil que otro preso pueda. Por supuesto que jamás contó todo lo que él mismo dijo que sabe sobre presuntas irregularidades en el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Valentina Caram fue formalizada y condenada por actos de corrupción en la Intendencia de Artigas. Tuvo una pena risueña y apenas cumplió. Como no pudo ser candidata, volvió como secretaria general de la misma Intendencia que defraudó, y nadie del Partido Nacional se opuso.

El exintendente de Salto, Andrés Lima, tuvo una gestión plagada de irregularidades. Por algo perdió. Hoy dividió al Frente Amplio de Salto apoyando un fideicomiso solicitado por el actual intendente blanco, Carlos Albisu.

Hace varios meses los ediles de Río Negro fueron denunciados en Fiscalía por un presunto cobro de partidas ilegales. La investigación aún no comenzó.

Guillermo Besozzi fue formalizado por siete delitos de corrupción. La respuesta inmediata de su partido fue emprenderla contra la fiscal Stella Alciaturi, aunque fue la Justicia quien lo formalizó y fijó penas alternativas, y sus abogados perdieron todas las apelaciones. Los ciudadanos de Soriano lo premiaron reeligiéndolo.

Hace ya casi dos años que el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, fue denunciado en Fiscalía por abuso de poder en beneficio propio. No hubo un fiscal en ese departamento que tomara la investigación, lo tuvo que hacer uno de Durazno. Ezquerra ha hecho lo que quiso con las citaciones. Ahora, por el mismo caso, fue denunciado el presidente de la Junta Departamental.

El nuevo intendente de Cerro Largo, Christian Morel, formuló gravísimas denuncias sobre el estado en que encontró la Intendencia. Prometió denuncias penales que hasta el momento no se han concretado. Aunque perdió un director que fue condenado, junto a otros jerarcas del municipio de Isidoro Noblía, por previo pago entregar libretas de conducir sin cumplir con los requerimientos.

En Maldonado, la Fiscalía a cargo de Jorge Vaz ha sido muy eficiente. En febrero recibió información entregada por Jorge Bonica, director de El Bocón, y luego una denuncia del Frente Amplio. Después de una sólida investigación, el fiscal logró que la Justicia formalizara a tres expresidentes de la Junta Departamental por el delito de fraude.

Vaz lleva adelante otra investigación contra los ediles que se desempeñaron entre el 2015 y el 2025 por el presunto cobro de un sueldo encubierto. Tuvo que recurrir a la Justicia para que la Junta le entregara toda la documentación que reclamó. Y luego le solicitó al Tribunal de Cuentas que realizará una auditoría sobre la administración de la Junta en el período 2020-2025.

Es casi seguro que luego de la Feria Judicial se presente una denuncia penal contra el exintendente Enrique Antía por haberle adjudicado a su amante, y actual pareja, una casa y trabajo en la Intendencia. Y todavía hay gente que para defenderlo pregunta: “¿Solo eso robó?”.

Del caso Cardama ha quedado claro que todo es un desastre, pero como no se conoce la denuncia penal presentada por el Gobierno, no está claro si la investigación podría abarcar también las responsabilidades de algunos exjerarcas.

Tenemos corrupción en la Policía y en las Fuerzas Armadas, la tenemos en Aduanas y seguramente en muchos otros organismos de contralor. Tenemos corrupción entre los jerarcas intermedios de muchas intendencias. Y probablemente cada ciudadano tenga un ejemplo para aportar.

Nuestras leyes tienen algunas falencias. Por ejemplo, en el mundo se coincide con que muchos problemas empiezan con la financiación de las campañas electorales. Tenemos una ley sobre financiamiento de los partidos políticos que los obliga a declarar el origen de sus ingresos. Pero como no hay controles, que los debería hacer la Corte Electoral, que en su momento advirtió que no podría hacerlos, los partidos mienten.

Con el denominado caso “Danza”, oficialismo y oposición dinamitaron la credibilidad de la Jutep, algo que había costado mucho. O sea, ahora tenemos un organismo ineficiente porque cualquier resolución será tachada de arbitraria.

Pero a la corrupción no solo se la combate con leyes, se necesita voluntad política. Y también es imprescindible una ciudadanía atenta y responsable. Los tirabombas, de un lado y otro, solo son eso.

Con acierto, Gil Iribarne consideró que “si no mejoramos la respuesta, puede reiterarse lo que ha pasado en toda la región: que se piense que los políticos son todos iguales. En ese contexto, pasado mañana viene un paracaidista que me ofrece soluciones fáciles y las compro, porque todos los demás me defraudaron”.