Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.
ASOCIARMEUna primera señal fue que "la propuesta económica era mucho menor con las otras que había, entonces eso debería haber llamado la atención", afirmó Perrone.
El diputado Álvaro Perrone aseguró que hubo "negligencia del gobierno anterior".
Foto: Gastón Britos / FocoUyCaras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Este viernes el Poder Ejecutivo presentará la denuncia penal y civil ante lo que considera como "fuertes indicios" de "estafa o fraude" al Estado uruguayo con la garantía ofrecida por la empresa española Cardama para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV).
Será el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, el encargado de presentar la demanda en Fiscalía.
Además de la denuncia en Fiscalía, las autoridades anunciaron una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco República (BROU). Hasta el momento, Uruguay realizó tres trasferencias por unos U$S 30 millones.
"Yo lo venía diciendo, esto se veía venir", expresó el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto al ser consultado sobre la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato con la empresa Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas.
"De las lanchas solo tenemos algunas imágenes, fotos de un esqueleto de hierro y nos llamó la atención la venida del dueño de Cardama cuando vino el presidente español Pedro Sánchez al Uruguay. Nos enteramos de que había venido el dueño de la empresa a pedir el adelanto de un pago. Había todo un preámbulo que hacía que esto no saliera bien", expresó Perrone.
Una primera señal para el legislador de Cabildo Abierto fue que "la propuesta económica era mucho menor con las otras que había, entonces eso debería haber llamado la atención", afirmó.
"El gobierno anterior debería haber tomado los recaudos en su momento, hubo negligencia; ya cuando no podía presentar las garantías debería haber caído el proceso de licitación", reclamó.
Perrone agregó que ahora la preocupación recae "en los US$ 30 millones que ya se pagaron". "El tema está en la Justicia, no sabemos qué va a pasar con lo que hay construído, hay incertidumbre", expresó y agregó: "No entiendo cómo se siguió adelante, no tenemos respuestas para eso, las darán los que las tienen que dar".
