"Entregar la información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el Código del Proceso Penal y la reserva administrativa relacionada", señala el texto de la resolución.
Ojeda también pidió acceder a “los expedientes administrativos que dieron origen a la decisión de denunciar, incluyendo actuaciones preparatorias, actuaciones sumariales si existieran, y cualquier otra documentación relacionada” y a “todos los informes jurídicos, técnicos, que fueron considerados para fundamentar la decisión de accionar penalmente”.
Información reservada
Presidencia decidió entonces declarar reservada el 23 de diciembre pasado "toda la información y documentación contenida y relacionada a la denuncia penal y posteriores ampliaciones".
El Poder Ejecutivo denunció penalmente a fines de octubre los hechos vinculados a la garantía que presentó el astillero español, después de una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi en la que anunció que rescindiría el contrato.
Posteriormente, primero a fines de noviembre y luego a fines de diciembre, presentó dos ampliaciones de esa denuncia penal.
Ojeda ya había reclamado al gobierno por la solicitud de prórroga que había solicitado a mediados de diciembre, vencido el plazo legal establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública.