¿Quiénes son los narcoempresarios de Uruguay?

Jorge Pérez Bentancor se dedicaba a la importación de madera, principalmente desde Paraguay, pero también a importar y vender maquinaria agrícola. Hasta hace 15 días vivía con su familia en el barrio privado La Tahona, donde también tiene su residencia privada el presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El pasado 11 de julio y en el marco de la operación Los Titanes, la Policía lo detuvo en su casa acusado de integrar una banda junto a cuatro colombianos y cuatro uruguayos en cuyo poder se encontraron 265 kilos de cocaína.

La droga sería enviada a Europa acondicionada en tablones que había importado Pérez Bentacor, a través de la empresa Mintaka, desde Paraguay.

Mintaka fue el nombre de otra operación policial por la cual el mismo empresario había sido detenido y procesado con prisión en el año 2012 por estar en posesión de 312 kilos de cocaína.

La madera era exportada desde Paraguay por la empresa Agronegocios del Chaco Paraguayo SA, cuyo titular es el ciudadano uruguayo Diego Luis Menéndez Violante.

Este había sido acusado de estafa en un negocio agropecuario en Uruguay por un socio español que lo denunció por apropiarse de 90.000 dólares en el año 2018. Menéndez huyó a Paraguay y la Justicia de nuestro país solicitó su captura a Interpol.

El 20 de agosto del año pasado fue detenido a las 8 de la mañana mientras caminaba por un calle de la ciudad de Hohenau, departamento de Itapuá, ubicado al sur y limítrofe con Misiones, Argentina. Por ser parte de la hidrovía, es una zona de alta circulación de drogas.

El detenido fue trasladado hasta el Departamento Central de Policía y las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa, donde señalaron que el hombre ingresó en agosto de 2018 y en 2019 adquirió la cédula paraguaya.

Su captura se dio en cumplimiento de la orden emitida por la jueza penal de Garantías, Nilsa Sánchez de Rienzi.

El comisario principal de Interpol Paraguay, Nicolás Zárate, detalló que si el hombre se allanaba al pedido, se facilitaría su proceso de extradición, pero que en caso contrario se tendría un proceso más largo para cumplir con dicho objetivo, según informó el diario Última hora.

Pero el Departamento de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Uruguay informó que se desistió de la extradición porque la fiscal de San José, Mariana Rodríguez, que estaba a cargo de la investigación, consideró que no había mérito para una condena, por lo que Menéndez fue liberado.

Entre julio del año pasado y marzo de este año, su empresa Agronegocios del Chaco le vendió a Pérez Bentacor aproximadamente un millón de dólares en madera.

Una fuente policial a cargo de la investigación dijo a Caras y Caretas que “es probable que la cocaína ingresara a Uruguay escondida en los tablones. Es decir, de la misma forma en que pensaba sacarse rumbo a Europa”.

Los investigadores sospechan que “puede haber una cantidad importante de droga escondida en algún lugar que aún no se ha encontrado o tal vez ya habían logrado enviarla a su destino final”.

Según las declaraciones de importación, la madera ingresaba en camiones a través de Fray Bentos.

Según informó Guillermo Maciel, subsecretario de Interior, “se investigan posibles nexos de Pérez Bentancor con Sebastián Marset, ya que saben que ambos se conocen”.

La Justicia lo imputó por asistencia al narcotráfico y cumple prisión preventiva mientras continúa la investigación.

Comparte una característica con los otros dos narcoempresarios a los que se formalizó por encontrarles a ambos casi 11 toneladas de cocaína: sus redes sociales revelan adhesión al Partido Nacional.

Las nuevas caras del crimen organizado

Cuatro años atrás se encontró otra punta de ese submundo, cuando se descubrió que el empresario uruguayo Martín Mutio estaba involucrado en el envío de 4.500 kilos de cocaína incautadas en el puerto alemán de Hamburgo.

Cómo y por dónde llegó la droga a Uruguay es algo que aún no se sabe.

Recientemente un Tribunal de Apelaciones lo condenó a 15 años de prisión.

Martín Mutio Ballester Molina, 36 años, es hijo de uno de los propietarios de la bodega Santa Rosa (Passadore, Carrau & Mutio) y de una de las propietarias de la fábrica de autos, camiones y armas argentina Ballester Molina. En 2011, cuando tenía 23 años, fundó la empresa GCM Global dedicada al comercio internacional, pero cuatro años más tarde fue procesado sin prisión por delitos de estafa y falsificación de documento.

En 2012 se legalizó la venta de marihuana y Mutio, como asesor de la empresa La Cosentina, logró la autorización del Ministerio de Salud Pública para producir yerba mate con cannabis. Ese mismo año, y en declaraciones realizadas a un programa de radio argentino, hablando sobre política uruguaya dijo: “Mi familia es blanca de toda la vida. Yo te juro que no puedo creer cómo el MPP… la capacidad de trabajo que tienen y el compromiso con Uruguay de desarrollar algo para que quede para generaciones de más abajo… Estoy más que agradecido por el apoyo que tuve del MPP”.

Agregó: “Vengo de una familia emprendedora de toda la vida en Uruguay. Mi familia tiene una bodega hace muchos años, que se llama Santa Rosa, muchos años en el país y siempre familia histórica vinculada con el Partido Nacional .Yo estoy 100% afín con el MPP, con la capacidad de apoyo y desarrollo y el compromiso que tienen. Más que agradecido. Estoy seguro de que ni los blancos ni los colorados me hubieran apoyado como me apoyaron Sabini, Battistoni, Rosa y Sica. Por eso me sigo quedando en Uruguay, apostando a Uruguay”.

Estas declaraciones fueron usadas en plena campaña electoral de 2019 por quienes hoy están en el gobierno para vincular al MPP con un traficante. Pero omitieron consignar que poco después, en plena campaña electoral de 2014, apoyaba a Luis Lacalle Pou, según lo revelaban sus redes sociales. Y el 23 de noviembre de 2015, ante el triunfo de Mauricio Macri en Argentina, escribió en Twitter: “¡Por fin! ¡Una alegría! ¡Espero que, tanto copiamos de los argentinos, empieza el cambio en Uruguay! ¡Arriba la derecha!”.

Por su parte, Luis Gastón Murialdo Garrone era un empresario sojero, colono y propietario de la empresa Camelia Sociedad Agraria, la única firma que logró exportar soja a Togo. El mismo destino que tenían dos contenedores con 4.500 kilos de cocaína que intentaba enviar Murialdo a fines de diciembre del 2019, según informó El Observador.

En su campo ubicado en Soriano, sobre ruta 21, la Policía encontró otros 1.500 kilos de droga, lo que en total constituyó la mayor incautación de droga en poder de una sola persona.

Según la investigación fiscal, este empresario fue contactado por narcotraficantes bolivianos quienes le pagarían 250.000 dólares por dos exportaciones de cocaína hacia el puerto de Lomé, capital de Togo (África). Además le hicieron una trasferencia bancaria por 61.472 dólares a través del banco Heritage desde la ciudad africana.

Este dinero debía cubrir toda la operativa e infraestructura previa al envío.

Murialdo tuvo la ayuda de su hijo, que no sabía lo que estaban cargando.

La droga fue trasladada al campo escondida en camiones que cargaban leña, pero cómo y por dónde entro a Uruguay tampoco se pudo precisar.

Finalmente la Justicia lo condenó a 8 años de prisión por varios delitos vinculados al tráfico de drogas, en tanto su hijo recibió una condena de 8 meses, 6 de prisión efectiva y dos de libertad vigilada.

Además se le incautó la tierra, varios vehículos, maquinaria rural y una suma de dinero.

El 1º de agosto del 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) inhabilitó a la empresa Camelia Socedad Agraria de manera definitiva por haber intentado traficar 4,5 toneladas de cocaína en contenedores de soja durante 2019.

Murialdo también tenía vínculos con el Partido Nacional, aunque no pertenencia orgánica, pero sí participó en las actividades de Un Solo Uruguay.

En mayo de 2022 la fiscalía de Ciudad de la Costa logró desmantelar una organización que enviaba “mulas” con cocaína a España y lavaba el dinero en “un importante mercado gastronómico “ubicado en Pocitos, según expresa el dictamen fiscal.

Doce personas fueron condenadas por diferentes figuras de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Entre los condenados están el hijo del propietario de una importante empresa envasadora y distribuidora de legumbres y semillas; el hijo de uno de los propietarios de un free shop; el dueño de una importante empresa de informática y un funcionario de jerarquía media en el Banco República.

Un patrón que se repite en el mundo

La operativa de los grandes cárteles de la droga tiene un patrón común en casi todos los países. En todos lados tratan de ubicar a empresarios con dificultades económicas que acepten participar del negocio como forma de salvarse.

Tal es el caso de Mutio, un joven ambicioso que pretendía mantener un estilo de vida pero al que le había ido mal en varios negocios. Tanto que terminó formalizado dos veces por emitir cheques sin fondo.

La droga no era de Mutio, no tenía el dinero para adquirirla en origen, simplemente se trataba de un pasamano.

Murialdo estaba peor. Era un productor fundido, que acaba de perder una cosecha de soja por unos dos millones de dólares a causa de la sequía. Tenía casi todas sus propiedades embargadas y estaba calificado por el Banco Central como “deudor irrecuperable” por deberle 31.400 dólares al Scotiabank y 3.300 dólares a Creditel, de acuerdo a información obtenida por El Observador.

Todavía no está clara la situación de Pérez Bentancor, el narco de La Tahona, presentado por la Policía como “un importante empresario”. Su caso parece ser el de alguien con antecedentes que pertenece al mundo del narcotráfico. Sobre todo si se prueban sus vínculos con Marset.

Nada nuevo bajo nuestro sol

Una expresión muy uruguaya sostiene que “aquí no pasan esas cosas”, cuando alguien refiere hechos criminales que ocurren en otro país.

Sin embargo la realidad, vista a través del tiempo, revela que aquí pasa lo mismo que en todos lados. Y no verlo sólo concurre a favor del crimen organizado.

En una nota publicada por el semanario La Mañana en diciembre de 2019 se preguntaba “¿Por qué Uruguay? Sencillamente porque en los últimos cincuenta años se desarrollaron en nuestro país redes de negocios financieros que -adaptándose a las necesidades de los tiempos y los sucesivos cambios regulatorios- se fueron ingeniando para asistir a “clientes” que requerían cobertura y protección para el dinero originado en actividades turbias, y por lo visto, algunas claramente ilícitas”.

Estudios jurídicos propiedad de profesionales estrechamente vinculados al poder, han servido para crear sociedades fantasmas que permiten la operativa y el lavado del dinero sucio.

Las instituciones financieras no siempre han cumplido con los controles a los que están obligados. Y aún así existen instrumentos y empresa del rubro que escapan a cualquier observación.

Los cárteles pagan mucho dinero por permitir el aterrizaje en campos del interior.

Tenemos normas, pero no la voluntad de cumplir con ellas.

Contamos con organismos más preocupados por la burocracia que por su eficiencia.

Los partidos políticos no quieren que nadie se entrometa en su financiación. Por eso, en menos de un año asistiremos a obscenas campañas electorales, que no se explica quién paga.

Mientras tanto, seguiremos viendo a diario duras condenas por estar en posesión de unos gramos de cocaína para vender, pero no tenemos una sola condena por lavado de dinero.

Y peor, nadie sabe por dónde ingresan los miles de kilos de droga que se venden o salen por el puerto de Montevideo hacia el mundo.

Porque la hipocresía también es muy uruguaya.