La ministra de Salud Pública Karina Rando, acudió este miércoles a la Cámara de Diputados con motivo de la interpelación que el Frente Amplio promovió por el proceso que llevó al cierre de la exmutualista Casa de Galicia. El miembro interpelante, fue la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP), Cecilia Cairo.
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Cairo, acusó al Ministerio de Salud Pública (MSP), de "abandonar" la exmutualista en momentos críticos, y cuestionó a las autoridades de la cartera por declarar como reservados los informes de la Junta Nacional de la Salud (Junasa) que, de acuerdo a la diputada, indicaban que el proyecto de reestructura de Casa de Galicia “era viable”.
“¿Estaba echada la suerte de Casa de Galicia para su liquidación?”, cuestionó la diputada frenteamplista. “Hubo un accionar omiso y opaco del Ministerio de Salud”, agregó.
La interpelación también corrió por el lado la intervención, liquidación y venta de Casa de Galicia. Cairo, cuestionó que se haya dividido la infraestructura de la exmutualista en prestadores de salud privados.
“Resulta inexplicable cómo una infraestructura como la Casa de Galicia no fue incorporada a ASSE, especialmente por las necesidades de la zona y en base a la compra de servicios realizadas por la propia ASSE. En la zona oeste de Montevideo ASSE no cuenta con infraestructura de ese nivel. Hubiese sido una adquisición que se pagaba sola. Sin embargo, se recorrió otro camino para beneficiar a un solo prestador de salud: el Círculo Católico”, manifestó Cairo.
“¿Por qué el Círculo Católico es el gran beneficiado de todo esto? ¿Quiénes pudieron adquirir a precios irrisorios bienes que de otra manera nunca hubieran podido comprar? ¿Qué medidas se tomaron para evitar la conjunción de interés público y privado?”, cuestionó la diputada, en referencia a Leonardo Cipriani, presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) que trabajó en el Círculo Católico previo a asumir la presidencia del prestador estatal.
Por su parte, Rando defendió el proceso de Casa de Galicia y dijo que en la gestión de la exmutualista había conductas "de apariencia delictiva" y por eso se resolvió la intervención de la misma.
"Se rechaza enfáticamente que se haya pretendido beneficiar a un prestador en particular. El Poder Ejecutivo aplicó los criterios previstos en la ley, no existiendo elemento alguno que permita afirmar lo contrario", dijo Rando. Y agregó: "Fueron algunos usuarios quienes, dentro del período de movilidad, optaron por prestador, generándose las variaciones en el goce de la libertad individual que hoy parecen ser objeto de cuestionamiento". Y remarcó: "Plantear que se pretendió beneficiar a un prestador en particular resulta absurdo".
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