El Parlamento Europeo de Bioética y Derechos Humanos emitió un comunicado en el que “saluda la madurez democrática” del país y subraya que la ley uruguaya “establece salvaguardas sólidas, inspiradas en los modelos más respetuosos de la autonomía personal”.
En América Latina, donde el tema aún genera fuertes resistencias, varias figuras del ámbito académico y político reconocieron el impacto regional del cambio normativo.
La médica colombiana Carolina Jaramillo, referente en cuidados paliativos, dijo a El Tiempo que “Uruguay abre una puerta que muchos países de la región miran con atención y cautela”.
Sin embargo, desde sectores religiosos y conservadores hubo críticas. La Conferencia Episcopal Latinoamericana (CELAM) lamentó la aprobación y sostuvo que “la vida humana es un don inviolable que no puede ser objeto de disponibilidad”. En la misma línea, grupos provida de Argentina y Brasil calificaron la ley como “un grave error ético”.
En Estados Unidos, el debate también resonó en medios especializados en bioética. La Harvard Medical Review publicó una nota que analiza el caso uruguayo como “un modelo singular en el hemisferio sur” por su combinación de acompañamiento médico, supervisión judicial y autonomía del paciente.
La aprobación en Montevideo también fue celebrada por organizaciones internacionales. Amnistía Internacional y Human Rights Watch saludaron la ley como “una ampliación concreta de los derechos humanos vinculados a la dignidad y la libertad individual”.
Desde la Organización Mundial de la Salud, sin pronunciarse directamente sobre el fondo del asunto, un vocero reconoció que “Uruguay aporta una nueva experiencia a la discusión global sobre el final de la vida y la calidad de los cuidados paliativos”.
El texto aprobado prevé que la eutanasia podrá solicitarse en casos de sufrimiento físico o psíquico intolerable, bajo estrictas condiciones de voluntariedad, evaluación médica y revisión legal. El Ministerio de Salud Pública deberá reglamentar su aplicación antes de fin de año.
Con esta decisión, Uruguay vuelve a ser observado como laboratorio de reformas progresistas, tal como ocurrió con la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la regulación del cannabis. “El país del Río de la Plata marca el rumbo de los debates éticos en América Latina”, resumió el semanario británico The Economist.