«Salinas asfixió Casa de Galicia porque tenía el objetivo de liquidarla»

El presidente de la institución Casa de Galicia, cerrada el 23 de diciembre de 2021, salió al cruce de la decisión adoptada hace casi un año por el Ministerio de Salud Pública y luego por la Justicia civil. Alberto Iglesias es un político de larga trayectoria y cuando sobrevino el cierre de la institución -un día antes de Navidad pasada-, se encontraba internado en la propia institución clausurada, luego de haber padecido un ACV. Desde hace varios días es entrevistado por varios medios de comunicación acerca de su denuncia contra jerarcas del Ministerio de Salud Pública y, en particular, sobre la denuncia que se apresta a continuar en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Primer Turno contra el ministro Daniel Salinas, a quien dijo “no conocer de ninguna parte porque jamás lo vi antes en mi vida”.

Iglesias dialogó con Caras y Caretas sobre la demanda que iniciará una vez la Justicia proceda a ordenarles a los ministerios de Salud Pública y Economía que entreguen toda la información referida a Casa de Galicia y, específicamente, que reúnan todo lo solicitado por Iglesias en abril de este año: “Se trata de información sobre un listado de irregularidades que el expresidente de la institución médica indica existieron desde marzo de 2020 hasta que fue intervenida en octubre de 2021”. Iglesias sostuvo que esa nómina de irregularidades será la base de su demanda contra el ministro de Salud Pública. “Con esa información voy a demostrar cómo se quiso liquidar a Casa de Galicia para que alguien saliera beneficiado”.

Sin libertad a los socios

“Se usó el poder para provocar daño y por eso estoy abocado a buscar la verdad porque un estado democrático debe basarse en acciones políticas verdaderas para no poner en riesgo la democracia”. En junio de este año se remató el edificio de la mutualista cerrada por unos 15 millones de dólares ofertados por la mutualista Circulo Católico.

“Lo extraño es que había una tasación de 40 millones de dólares que se hizo al final de la administración de Tabaré Vázquez” y por eso Iglesias se preguntó: “¿No es raro que se presentaran solo dos mutualistas, Universal Cudam y Círculo Católico?”. Iglesias entiende que “todos los parlamentarios tendrían que reflexionar y tratar de saber si acaso no se desestimuló a alguna mutualista para que no se presentara al remate” de junio pasado. El expresidente de la institución médica clausurada dijo que denunciará que hubo “un designio que se estableció el 1º de marzo de 2020 por parte de jerarcas del MSP para liquidar Casa de Galicia”.

Acerca del traslado de los exsocios de la institución entre mutualistas que no tuvieran más de 100.000 afiliados, Iglesias dijo que “no hay justificación para ese criterio adoptado: “¿Por qué no se dio libertad a los socios? Tratan a la gente de boba y además abusaron de la confianza del Parlamento”. Iglesias definió el cierre de la institución como “un despojo exprés para beneficiar a alguien. El fin era liquidar la institución”.

El expresidente de la institución gallega relató que en el presupuesto aprobado en 2020 Daniel Salinas y el exdirector de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado, pidieron al Parlamento que aprobara la limitación de inversiones de las mutualistas: “Podían decidir sobre el 70% de los ingresos del Fondo Nacional de Salud, pero sobre el 30% restante debían consultar al ministro y solo este podía decidir”. Iglesias agregó que “esa decisión estaba dirigida especialmente a Casa de Galicia porque era la única mutualista que ya había pedido que por un lapso de 60 meses se retiraran 2 millones de dólares para el fideicomiso con el fin de garantizar sueldos y recuperar la confianza de los trabajadores. El resto del dinero tendría que ir destinado al pago del Banco de Previsión Social”. Iglesias relató que entonces solicitó autorización para disponer del 30% con ese objetivo y reveló que el ministro de Salud Pública le negó esa posibilidad. A partir de esa negativa, Iglesias solicitó entonces que el ministro Salinas aprobara un préstamo del banco Santander que ya estaba preaprobado: “Tampoco lo aprobó y ante ese panorama debí solicitar el concurso. La idea era que se nos diera un año de plazo sin intereses ni quitas a fin de pagar las deudas existentes. Nunca vi a nadie administrar para destruir lo que debe administrar”. Iglesias rechazó que se le responsabilice por una deuda de 10 millones de dólares cuando en realidad “la deuda de mi administración con el Banco de Previsión Social ascendía a 3 millones y medio de dólares que formaban parte de un convenio con el BPS”, pero el resto de la deuda “la generaron los interventores que también tienen cheques rebotados”. El expresidente de la institución relató que la denuncia que se le realizó en su contra por 180.000 dólares tampoco se sostiene porque “tengo todo para demostrar que esa suma se utilizó para el pago de deudas”.

Tras la denuncia de Alberto Iglesias contra el Estado, y en particular contra el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, el Frente Amplio analiza formar una comisión investigadora para indagar los pasos dados, según informó la presidenta de la Comisión de Salud de Diputados, Lucía Etcheverry, quien subrayó que, según la denuncia de Iglesias, al momento de la votación de la liquidación de Casa de Galicia no se contó con toda la información.