Una delegación de Uruguay compareció este viernes ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una audiencia que tuvo como objetivo que el Estado uruguayo respondiera sobre el cumplimiento -o incumplimiento- de la “Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes”, suscrita por nuestro país.
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La delegación estuvo compuesta por la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina Ache; el presidente del Inau, Pablo Abdala; el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González; el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit; más otros jerarcas de los ministerios de Interior y de Defensa Nacional, de Presidencia y de la Suprema Corte de Justicia.
Dentro de la instancia, las declaraciones que más llamaron la atención a los medios, fueron las realizadas por el cuestionado director de Convivencia, quien, entre otras cosas, reconoció ante la ONU que en las cárceles uruguayas “se violan los derechos humanos”.
“No podemos tapar el sol con un dedo, hay que decir la realidad y trabajar la transformación desde la humildad del trabajo diario que tiene este gobierno”, agregó el jerarca en ese sentido.
Algunas de las informaciones que González brindó al Comité también fueron puestas en duda. En concreto, la ONG Nada crece a la sombra, emitió un comunicado sobre los datos que el jerarca expuso en torno al Plan de Salud Sexual y Reproductiva.
El plan fue una política pública impulsada por esta organización, la cual contó con el apoyo del fallecido ex ministro del Interior Jorge Larrañaga y que, según Nada crece a la sombra, fue interrumpida por “la persecución sistemática de González”, que “llegó a tal punto” que prohibió su ingreso a las cárceles “sin razón alguna durante cinco meses”.
En el comunicado titulado “Santiago González mintió ante la ONU sobre una política que él mismo destrozó”, la organización se sorprende de que en la audiencia de hoy González citó el Plan de Salud Sexual y Reproductiva como un “logro”, a pesar de que “su persecución (lo) interrumpió sin explicación, dejando sin cobertura a 30% de las mujeres privadas de libertad”.
Efectivamente, durante la instancia González resaltó “el chequeo que se hizo al cien por ciento de las mujeres (privadas de libertad) en (exámenes de) papanicolau, con un convenio que se realizó con la organización Nada crece a la sombra, que fue muy exitoso y que hoy continúa trabajando ASSE en la unidad n.º 5”.
La ONG sostiene que “es falso que esta política continúe y que haya sido absorbida por el gobierno”. A esto agregan que González “miente con descaro ante un organismo internacional, a la vez que expone su cinismo, ya que es directamente responsable de que esta política se haya interrumpido sin razón”.
Nada crece a la sombra recuerda que el programa estuvo a cargo de 52 ginecólogas y ginecólogos de la Clínica de Ginecología A de la Facultad de Medicina de la Udelar y ofrecía, además de pruebas de papanicolau (PAP), “acceso a consultas ginecológicas integrales, colposcopías, ecografías, mamografías, asesoramiento en anticoncepción y abordaje integral del embarazo no deseado”.
Según la organización, el plan “llegó a cubrir a 70% de las mujeres privadas de libertad de todo el país”, implementado en las cárceles de Montevideo, Paysandú y Salto, y no únicamente en la Unidad n.º 5 (Cárcel de Mujeres), citada por González y ubicada en Colón.
Sobre el proceso que derivó en la interrupción del programa, la ONG relata que a partir de las medidas sanitarias adoptadas ante el aumento de casos de coronavirus en diciembre de 2021, la intervención se pausó “de común acuerdo”. Sin embargo, “cuando estuvieron las condiciones para retomar (el plan), el Ministerio del Interior no lo permitió.
En este sentido, la organización señala que “tal como plantea el convenio firmado que fue violado por el Ministerio del Interior, si el convenio hubiese cesado, como dijo Heber, tendríamos que haber sido notificados formalmente”. No obstante, acotan que no han recibido dicha notificación, por lo que sigue esperando.
El comunicado difundido concluye que Santiago González “es el talón de Aquiles de este Ministerio del Interior; que ha sido omiso con lo que le corresponde: investigar las denuncias de violencia que le fueron presentadas por múltiples vías, cumplir con los convenios vigentes o, como mínimo, no apañar a un violento sin credenciales que ha destrozado varias iniciativas en cárceles”.