Sombras de corrupción sobre la costa de Maldonado

Si las advertencias que realizan los expertos en el cambio climático se cumplieran, es altamente probable que dentro de 50 años la costa del Este uruguayo sea muy diferente a como la conocemos hoy. Es más, todos los modelos analizados muestran como posible la desaparición de las playas, arrasadas por el crecimiento del nivel del mar.

En los últimos años todos hemos sido testigos de cómo, durante los cada vez más frecuentes temporales, el mar destruyó decenas de residencias construidas en primera línea en algunos balnearios rochenses.

En tanto y en iguales circunstancias Maldonado sufrió importantes daños en la ruta 10, camino a José Ignacio, y hasta en la rambla costanera de La Mansa.

Aun así el mercado inmobiliario, con el apoyo de gobernantes, presiona para construir lo más cerca del mar que se pueda.

El último caso que está generando protestas en Maldonado se llama Marina Beach. Se trata de un proyecto para construir 26 residencias unipersonales de hasta 5 dormitorios en otros tantos lotes y un hotel en el predio más grande.

El fraccionamiento se ubica sobre la franja costera a la altura del kilómetro 170 de la ruta 10, una zona conocida como San Juan del Este, siguiente al balneario Buenos Aires.

Según informó Brecha, “el promotor del proyecto es el empresario Maximiliano Schabsis, cuyo padre Donato (fallecido hace unos años) era propietario y desarrollista de varios emprendimientos ubicados al este del arroyo Maldonado, como los edificios Moorea Bay I y II, el Club de La Barra y el hotel Casa Bikini en Manantiales; además de poseer locales comerciales en la zona, entre otros emprendimientos”.

El predio fue adquirido mediante el artilugio legal de la “prescripción treintenal”, por el cual se accede a una propiedad abandonada cumpliendo con requisitos tales como “la posesión pacífica, ininterrumpida, pública, inequívoca y con ánimo de dueño”, además de pagar los tributos.

Hasta 2021 esos requisitos debían cumplirse durante 30 años “cuando el poseedor no tiene las cualidades de justo título y buena fe”; una vez cumplido ese tiempo y trámite judicial mediante se debía emitir la escritura de propiedad correspondiente. La LUC redujo ese plazo a 20 años cuando “se trate de tierras públicas”.

Pero en Maldonado hay muchas personas y profesionales enriquecidos con una maniobra que se inicia cuando alguien acude a un escribano y declara que ocupó un terreno durante cierta cantidad de tiempo, por lo general, años. El escribano lo certifica sin pedir mayor documentación ni testigos que confirmen la posesión. Con el documento, el supuesto poseedor vende el inmueble, operación que también requiere de un escribano.

Entonces el terreno pasa de mano y se reclama su propiedad en la Justicia mediante la figura de prescripción treintenal. Es decir, se obtiene la propiedad del inmueble sin esperar los 30 años establecidos por la ley anterior a la LUC. En tanto, la tierra se valoriza.

Negocio redondo para todas las partes. Aunque si alguien lo denuncia, aparecen los problemas judiciales.

Por eso es muy importante lograr cierta impunidad involucrando a gobernantes o actores políticos.

“No existe el documento que prueba la propiedad”

Cualquier administración del Estado siempre aseguró que “lo que no figura en un expediente, no existe”.

Sin embargo, en el caso Marina Beach gestionado ante la intendencia y la Junta Departamental no figura la salida fiscal, vale decir la propiedad que dicen tener los gestionantes.

Más claro: no pueden probar ser los dueños de lote y aun así el gobierno departamental les autorizó el fraccionamiento y las obras.

Tres fuentes nacionalistas dijeron que “Schabsis ha sido un importante aportante de las campañas del exedil y actual diputado herrerista Rodrigo Blás”.

Pero esa puede no ser la única razón, hay otra que muestra un conflicto de intereses: tres de los cinco ediles blancos integrantes de la Comisión de Obras de la Junta son operadores inmobiliarios.

Esos ediles aprobaron un expediente de 1.200 páginas sin haberlo leído, según afirmó el edil Joaquín Garlo (MPP-FA) porque “si lo hubieran hecho, habrían corroborado que no solo falta el documento que prueba la propiedad del bien, sino también otros documentos indispensables para la aprobación”.

Desde la intendencia aseguran que esos documentos existen, “pero están perdidos”.

Garlo acotó, según Brecha, que “esto da cuenta de que la prioridad del Partido Nacional no es la protección del ambiente ni el cumplimiento de las normas, sino intereses económicos con una supuesta argumentación de desarrollo de la zona a costa del medioambiente y del futuro del departamento”.

Brecha agrega que “la afirmación de Garlo parece tener un correlato en el trato que recibieron dos expertos del Centro Universitario Regional Este (CURE), que la semana pasada asistieron a la Comisión de Obras Públicas para exponer su postura en contra del proyecto. Los científicos ya habían expresado su discrepancia el año pasado, durante la puesta de manifiesto del mismo”.

Según la versión taquigráfica de la comisión, a la que accedió ese semanario, la magíster en Ciencias Ambientales Isabel Gadino y el abogado José Luis Sciandro -miembro del Centro de Gestión Costera Integrada que funciona en el CURE- “fueron hostigados por los ediles oficialistas Darwin Correa y Alexander Infante, quienes los calificaron de ‘ciudadanos comunes’ y tildaron de ‘equivocadas’ sus opiniones, comparándolas con las de cualquier otra persona”.

Vale recordar que en 2014 el edil Correa estuvo involucrado en una defraudación millonaria contra la DGI ya que, como empleado del entonces edil y propietario de Blás Propiedades, colaboró en ocultar una importante evasión impositiva con la venta de lotes del fraccionamiento La Sonrisa.

El organismo fiscal los denunció penalmente, pero el fiscal Luis Pacheco decidió no procesarlos esgrimiendo una circular interna de Fiscalía, aunque en su dictamen deja claro que “el delito se cometió”.

A la cárcel ediles y escribanos

Durante el primer gobierno del nacionalista Domingo Burgueño, a principios de los años 90, se intentó una maniobra parecida en playa La Juanita, ubicada justo antes del ingreso a José Ignacio.

Los ediles Leonel Fazzio (Partido Colorado) y Ruben Pagola (Partido Nacional) fueron procesados con prisión acusados de “haber cobrado coimas” para votar un proyecto de fraccionamiento costero. Ambos ediles fueron sometidos a juicio político por el Senado y despojados de sus cargos.

Los dos fueron denunciados por la entonces edila wilsonista Cristina Pérez, quien logró grabar a Pagola reconociendo el cobro de las coimas.

Las gestiones eran llevadas adelante por el escribano Heber Belino, quien también fue procesado con prisión.

El escribano contaba con el visto bueno del entonces presidente de la Junta Departamental Francisco Mesa, también escribano y un experto en prescripciones treintenales, tanto que los juzgados civiles de Maldonado acumulan miles de expedientes por él gestionados.

Mesa había sido administrador de un ciudadano inglés-argentino que era propietario de una enorme cantidad de tierra que iba desde la orilla del mar hasta casi la ruta 9, a un costado del camino Sainz Martínez.

Hasta 1983 no había puente sobre la laguna José Ignacio, por lo que el territorio que iba desde la playa hacia el norte era uno solo. El puente que unió la ruta 10 con pueblo José Ignacio dejó dos padrones relativamente pequeños al sur la ruta. El más importante es el que se ubica junto a la entrada al pueblo.

A partir del desarrollo de José Ignacio esos padrones se valorizaron, aunque nunca estuvo clara la propiedad.

La clave entonces era Mesa, con quien se vinculó estrechamente el escribano Belino, un profesional con antecedentes por otorgar poderes falsos.

Esa gestión terminó en la Justicia, los tres participantes presos, las investigaciones no continuaron y finalmente el predio terminó en manos privadas y se construyeron un hotel y varias casas.

En el año 2019 una ciudadana argentina denunció ante la Fiscalía la venta fraudulenta de terrenos de su propiedad ubicados en el balneario La Juanita al norte de la ruta 10. Las propiedades fueron heredadas por la denunciante en el año 2015, tras el fallecimiento de un familiar.

Por ese hecho fue procesado con prisión el escribano Ángel Teodoro Ferraz Techera, de 75 años y residente en Montevideo, que ya tenía antecedentes por otorgar poderes falsos.

También fue remitido a prisión José Francisco Pablo Gallo, exedil colorado en la Junta Departamental de Maldonado. Este contaba con tres antecedentes, dos por violencia privada y uno por contrabando.

El escribano hacía los poderes falsos y el exedil vendía los terrenos.

El 16 de julio pasado el abogado Sebastián Bon, en representación de una ciudadana argentina, denunció ante Fiscalía a tres escribanos y dos particulares por apropiarse de un terreno con poderes falsos que luego vendieron en beneficio propio. La causa está en proceso de investigación.

Práctica frecuente

Una práctica frecuente en Maldonado ha sido contar con un escribano dispuesto a lo que sea y un vínculo en el catastro departamental.

De esa forma se puede saber qué padrones figuran como abandonados porque no se pagan los tributos para luego hacer el trámite amparado en una prescripción treintenal.

Así se han construido fortunas inconmensurables.