“Al igual que sucedió con el decreto de caza en el año 2022, lamentamos desconocer el origen y los fundamentos técnicos de estas modificaciones. Tampoco se siguieron en este caso los caminos habituales para la concreción de una normativa de tal relevancia”, advirtieron.
Indicaron que la nueva normativa “amputa la posibilidad de realizar las correcciones necesarias a través de la evaluación de impacto ambiental a forestaciones que incumplieron la normativa ambiental de la época, en especial aquellas realizadas sobre suelos con aptitud agrícola”.
Atrama defendió la normativa anterior (el decreto 405/21) que “constituyó una adecuación necesaria a la evaluación del impacto ambiental de la forestación”. “Hoy da marcha atrás sin fundamentos claros”, apuntó el gremio de Ambiente, que llamó a la “reflexión” y exhortó “a que esta decisión sea revisada”.