Según surge de la sentencia, Fleitas había planteado que las declaraciones públicas del exjerarca de la del Ministerio del Interior sobre la causa por la cual fue imputado —por los delitos de fraude y utilización indebida de información privilegiada— implican un riesgo para la investigación. “Las manifestaciones que Carrera haya podido hacer en medios de comunicación sobre las resultancias de la audiencia de formalización no significan violación de la reserva de la investigación, en tanto todo lo actuado en dicha audiencia es público”, señala la sentencia.
La fiscal solicitó restricciones de acercamiento del exlegislador hacia denunciantes y testigos por entender que podrían ser amedrentados por Carrera. A esto, el tribunal señaló que no pueden considerarse que constituyan una forma de amedrentamiento ya que “la calidad de figura política del imputado estuvo clara desde el primer momento de la investigación fiscal y hasta la fecha no se han denunciado hechos concretos que signifiquen que haya ejercido su eventual influencia para amedrentar a persona alguna y así entorpecer la investigación”.
“No se ha invocado que Carrera haya realizado acto concreto de intimidación alguna respecto de denunciantes y testigos. Por el contrario, la fiscal mencionó que no se había acercado o comunicado con ninguno de ellos. Tampoco se justificó razón alguna por la cual sí lo haría en el futuro, por lo cual la medida de prohibición de comunicación y acercamiento no tiene fundamento que la ampare”, agregó el Tribunal de Apelaciones en el documento.
A su vez, los ministros del tribunal coincidieron con la postura de la jueza cuando, en primera instancia, rechazó las medidas que buscaban prohibir hacer declaraciones públicas a Carrera. “Prohibir a un imputado que realice manifestaciones sobre el proceso al cual se encuentra sujeto sería vulneratorio del derecho fundamental a la libertad de expresión que detenta todo ciudadano, derecho reconocido por nuestra Constitución y por todos los instrumentos internacionales de derechos humanos”, señala el fallo.
Víctima de una “operación política”
En mayo del año pasado, Fleitas quedó a cargo de la investigación luego de que Silvia Porteiro pidiera ser trasladada. El exsenador fue imputado en junio del año pasado por los delitos de fraude, falsificación ideológica y uso indebido de información en la causa que investiga su accionar como director general de la Secretaría del Ministerio del Interior; en respuesta a la formalización de la investigación, aseguró que es víctima de una “operación política” en su contra. Asimismo, en octubre el Tribunal de Apelaciones confirmó dos de los delitos y revocó uno, el de falsificación ideológica por funcionario público como autor mediato.