El 23 de nombre asistieron a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que discute el proyecto de prisión domiciliaria los integrantes de la organización Familiares de Prisioneros Políticos, integrada por Ruth Ballestrino, Diego Flores y Victoria Ubillos.
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En aras de poder tener una visión general de los argumentos esgrimidos para la aprobación o no de éste proyecto, es que divulgamos parte de los conceptos vertidos en el parlamento a la comisión que entiende en el asunto.
¿Prisioneros Políticos?
El primero en hacer uso de la palabra es Diego flores, que expone los motivos por los cuales consideran que los funcionarios policiales y militares condenados por delitos de lesa humanidad, son considerados por ellos presos políticos.
«Representamos a los familiares de los militares, los policías y los civiles que han sido procesados, y en algunos casos incluso condenados, acusados por delitos cometidos con anterioridad a 1985. Se configura una situación que, entendemos, los convierte en prisioneros políticos en atención a la naturaleza y a la forma en que se han llevado a cabo los procesamientos, que claramente contravienen la voluntad expresamente manifiesta por el pueblo en dos oportunidades. Se establece, así, una singular persecución política que ha violentado el sistema jurídico de la república, acomodando los términos a los plazos constitucionalmente previstos para la prescripción de los delitos comunes por los que se les acusa y luego irrespetando los acuerdos internacionales suscriptos por el Estado uruguayo, al aplicar con retroactividad y por analogía la tipificación de lesa humanidad, que definitivamente no aplica en los casos que involucran a nuestros familiares».
Sobre como debe seguir el cumplimiento de las penas, Flores expresó que «No se trata de liberarlos, como entendemos debiera ser, sino de atender las situaciones humanas de procesos indebidos que ahora comienzan a ser cuestionados, ya no solo por los familiares, sino también por un creciente grupo de la población, que descubre que con estos procedimientos se ha quebrado el espíritu de amnistía con el cual se puso de pie la república y recuperamos la democracia. Es importante recordar que actualmente en el centro de detención Domingo Arena permanecen detenidos veintidós militares, policías y civiles, y que en Guardia Republicana –ex-Coraceros– hay cuatro detenidos más. El promedio de edad de estos detenidos es de setenta y un años y la mayoría de los casos se relaciona con delitos comunes. Este dato, con abstracción de la discusión sobre las tipificaciones, implica que no existen casos vinculados a la desaparición de personas».
En la misma Bolsa
Ruth Ballestrino es hija del capitán retirado Ballestrino, actualmente preso en Domingo Arena. En su argumentación entiende que hay quienes pueden estar pagando penas por la actuación de buena parte de las autoridades militares encargadas de llevar adelante el Terrorismo de Estado. «Para nosotros es muy difícil hablar, porque lo primero que le dicen es que es defensora de genocidas, de violadores de derechos humanos, sin profundizar en los casos particulares. Hay mucha bronca con un montón de gente que hizo cosas mal, que hasta podría llegar a incluir a mi abuelo, si alguno conoce los apellidos, pero todo eso no tiene nada que ver con mi padre. Pasaron muchos años y la mayoría de la gente que sí tuvo decisión u opinión ya murió. Quedan muy pocos y ellos ya tienen sentencia desde hace como quince años, pero hace poco tiempo entraron a procesar a un montón de gente, dentro de los que está mi padre, que cuando sucedió el hecho por el que lo procesaron tenía tres meses de recibido. Cualquiera que sepa cómo funciona un sistema militar puede entender que es un sistema de orden de autoridad, donde los de más abajo, obviamente, no tienen decisión en nada de lo que sucede. Eso no es tenido en cuenta», expresó.
Sesenta días
El grupo creado «Familiares de Presos políticos» tiene apneas 60 días de creado y según Flores «para nosotros el proyecto de humanización en cárceles que promueve Cabildo Abierto no es la solución; en realidad, queremos que se derogue la ley interpretativa. Cuando este recurso se presenta, vemos en él la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de nuestros padres, dada la edad que tienen y la forma como procesa la justicia. De los veinticuatro detenidos que hay actualmente, apenas tres están condenados; el resto son acusados a la espera de juicio, que están cumpliendo una prisión con medidas cautelares. Esto, de alguna manera, también configura una situación muy delicada, porque se interpreta como una condena adelantada; diría que están a cuenta de lo que eventualmente el juicio –que no sabemos cuándo se va a llevar a cabo– pueda determinar. Y eso supone casi una condena a prisión perpetua, porque la expectativa de vida que tienen quienes a los setenta y un años están allí es relativa. Es más, ese peso relativo se incrementa y se agrava en la medida en que las condiciones de cautiverio –este es un dato científico– inevitablemente afectan el estado físico, emocional y espiritual de los detenidos».
Algunas apreciaciones
Como el acuerdo entre los senadores es no debatir delante de las visitas, los legisladores hicieron solo un par de preguntas o alguna apreciación.
El senador Guillermo Domenech quién presentó el proyecto expresó que «esto no resuelve el tema de los presos militares y tampoco el de los presos civiles que hay, pero creo que se trata de una iniciativa que pone en práctica principios humanitarios para personas que, evidentemente, están cursando el fin de su vida y ese es el objetivo del proyecto de ley. Sean militares o civiles –y hayan cometido los delitos que hayan cometido, salvo algunas excepciones muy fundadas que establece el proyecto de ley–, entendemos que personas de edad avanzada deberían cumplir la pena en libertad, sin perjuicio de que, además, la prisión preventiva en la forma en que se está aplicando en algunos casos, es claramente ilegal».
En tanto la senadora frenteamplsita Lilián Kechichian dejó constancia que «El señor Flores dice que la sociedad ya resolvió este problema, y yo realmente creo que no es así. Si en la sesión anterior escuchamos que todavía hay cientos y cientos de personas que están buscando a sus familiares –no que están presos, sino que no saben dónde están sus hijos, sus padres, sus hermanos–, este problema no está resuelto. Eso es lo primero que me gustaría dejar en claro. En segundo término, el senador Domenech hablaba del perdón –creo que todos podemos afiliarnos a él–, pero para perdonar hay que saber, y acá lo que falta es la verdad; la verdad contada por los actores de ese momento –de la década de los sesenta, de los setenta y también de los ochenta, diría yo, hasta que terminó la dictadura– e, incluso, en democracia, porque las muertes por tortura no comenzaron el 27 de junio de 1973, sino antes. Soy familiar de Tito Gomensoro y conozco muy bien el calvario de su madre y de su padre, en democracia, para saber qué había pasado. Finalmente, veinticinco años después, nos enteramos de que alguien lo ató con alambre, se lo llevó y lo tiró al río, pero lo hizo tan mal que volvió a flotar y alguien encontró su cráneo.Por último, quiero decir que, en lo personal, no puedo aceptar el cuestionamiento a la justicia, ni al fiscal Perciballe ni a ningún otro. Si tenemos un cuestionamiento a la justicia tendremos que tomar otros caminos. Personalmente sigo confiando. Con respecto a la ley interpretativa –que se debe aplicar–, no estamos hablando de cualquier empleado público; lo que planteó el señor Flores vinculado a este tema en particular no es comparable. Tampoco violenta el espíritu de la amnistía y ni hablamos de ese problema que, según él, la sociedad ya resolvió».