Unos poco y otros nada

Los senadores Charles Carrera, Daniel Olesker y Mario Bergara afirmaron a Caras y Caretas que es un “presupuesto restrictivo”, que implica una rebaja salarial para los trabajadores y recortes de políticas sociales mientras crea “compensaciones altísimas para cargos de particular confianza”.

Además, alertaron que puede afectar la atención de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ya que mientras el presupuesto se “congela”, habrá un aumento del desempleo y un mayor número de usuarios en Salud Pública.

Además, advirtieron que mientras se congela el presupuesto para la Universidad de la República (Udelar), poniendo en riesgo la descentralización educativa, el único rubro que aumenta es el Ministerio de Defensa.

“No es momento, en plena pandemia, de llevar a cabo un presupuesto restrictivo, con recortes, con ajuste. Esto es parte de un paquete que incluye la rebaja salarial de privados y públicos, recortes de políticas sociales y de gasto público. Todo eso va en detrimento de lo que hoy se necesita, que es tratar que la economía no se caiga más de la cuenta, que haya más dinamismo en el mercado interno, que los trabajadores recuperen sus puestos de trabajo, que la demanda interna ayude a sostener una situación difícil”, afirmó Bergara, quien también es economista.

Problemas en Asse

Olesker aseguró que Asse recibe solo un aumento de 750 millones de pesos para la atención domiciliaria. Sin embargo, Salud Pública va a tener que atender con ese mismo presupuesto a un número importante más de usuarios, explicó Olesker, quien además es economista.

“Ya en junio tenemos la cifra de 72.000 usuarios más. Probablemente cuando empiecen a vencer los seguros de desempleo, haya un corrimiento hacia ASSE en 100.000 o 110.000 personas más. Si yo tengo más usuarios por el mismo presupuesto, es evidente que el gasto por persona va a caer y eso va a afectar el primer nivel de atención y la dotación de medicamentos. Ya está pasando una importante pérdida de capacidad de respuesta del primer nivel. Lo mismo va a pasar en Udelar, donde la matrícula también viene aumentando de manera permanente”, agregó.

Sostuvo que va a haber problemas en la atención, pero gracias a la inversión frenteamplista de los últimos 15 años, se evitará que haya un colapso.

El 19 de agosto el secretario de la Federación Uruguaya de la Salud, Jorge Bermúdez, advirtió que en Uruguay podría haber un colapso en el sistema sanitario público.

«Podría ocurrir un colapso en el sistema público (…) muchos trabajadores dejaron el sector privado, lo que está generando un cuello de botella en ASSE. Estamos hablando de que el sector público tiene entre 70.000 y 80.000 afiliados nuevos», dijo Bermúdez.

Cargos de confianza

Por otro lado, Bergara, dijo a Caras y Caretas que mientras es un “presupuesto restrictivo” en medio de una pandemia, se crean cargos de confianza, sobre todo en el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“Se dan esos 115 pases de comisión para el Mides, es una cifra absolutamente exagerada. Eso nos permite sospechar que esa discrecionalidad que va a tener el ministerio no es la adecuada. Además, la reestructuración implica la creación de cargos de particular confianza. Solo en el caso del Mides, se estarían creando siete cargos”, afirmó.

“Los salarios que se establecen son el 85 por ciento del salario del ministro o el 65 por ciento del sueldo de un senador. La austeridad está para las grandes mayorías y no para los amigos”, reflexionó Carrera.

El doctor en Ciencias Políticas Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dijo el jueves en Radiomundo que el presupuesto aumenta casi al doble el sueldo de los presidentes de empresas públicas. Los jerarcas cobraban $ 120.000 y pasarán a cobrar alrededor de $ 230.000. “La idea es profesionalizar la gestión pública”, explicó.

Carrera: “Vemos cosas insólitas”

El senador Charles Carrera afirmó que en el presupuesto se ven “cosas insólitas”, ya que tiene “falta de claridad” en cómo financiará los nuevos proyectos.

“Es un presupuesto que no es claro, fue una norma que no se realizó con los sistemas de información que tiene el Estado. Nosotros vemos cosas insólitas. En el inciso del Ministerio del Interior dice que se podrán contratar hasta 2.000 policías en la Guardia Republicana, pero eso no tiene financiación. El gobierno le dice a la gente que van a ingresar policías, pero no le está dando financiación; luego de eso dice que se va a cumplir con ese objetivo a través de reestructuras administrativas. Pero el único rubro para el que hay verdaderamente plata es para el Ministerio de Defensa”, explicó.

“Por ejemplo, a la Universidad de la República, cero pesos, está en juego la descentralización universitaria. Se consolida el fuerte recorte de las políticas públicas algo que ya se viene ejecutando. Son recortes que están por encima de los 800 millones de dólares. Es un presupuesto en el que está en juego la descentralización territorial y educativa. No está el aumento de los recursos para los gobiernos departamentales. Además, se consolida el ajuste hacia los funcionarios públicos”, agregó.

Olesker: “Es una burla al Parlamento”

El senador Daniel Olesker afirmó que los artículos 6 y 7 del presupuesto habilitan al Poder Ejecutivo a restringir el gasto, incluso después de haber sido aprobado por el Parlamento.

“Dicho en palabras muy sencillas, le pueden aprobar el Ministerio de Vivienda 10.000 millones de pesos para invertir, pero si luego hay restricciones fiscales, puedo autorizarles reducir el gasto. Esto ya pasó en la década del 90, había una norma que habilitaba al Poder Ejecutivo a reducir el presupuesto. Eso provocó que la ejecución no pasara del 80 por ciento del presupuesto aprobado. En cambio, en el gobierno del Frente Amplio anduvo en el orden de los 96, 97 por ciento. Esto es un riesgo real. Hay varios artículos que habilitan a gastar menos de lo que efectivamente se aprobó. Esto es una burla al Parlamento. El Legislativo aprueba y después no se cumple”, afirmó.

Ajuste para trabajadores públicos

Olesker advirtió que el presupuesto, en su artículo cuatro, deroga una medida que el FA hizo en el 2010 con el objetivo de asegurarles a los trabajadores públicos que no perdieran salario real.

“Ahora el gobierno deroga ese artículo y pone otro donde convalida el ajuste salarial propuesto en el Consejo de Salarios del sector público y dice, no está claro cómo, que le garantiza el mantenimiento del salario real al final del período. Pero arranca con una pérdida muy importante en 2021, que va a ser del 5 por ciento del salario real, lo que significa un ahorro muy relevante para el gobierno del orden de los 230 millones, 250 millones de dólares en el primer año. Asumiendo la letra que dice el presupuesto, es claro que no es lo mismo que gane 100 pesos todos los años a que gane 95 y recién recupere a 100 en el último. Por tanto, es un gran ajuste en contra de los trabajadores públicos”, explicó.

Asimismo, afirmó que esta reducción del gasto público tiene un impacto sobre el mercado interno. “Porque el Estado es un comprador en el mercado interno. Este menor gasto público, sumado al menor gasto salarial, va a tener un efecto contractivo y restrictivo sobre la economía, especialmente sobre la pequeña. No necesariamente sobre el capital concentrado, en el que, a través del tipo de cambio, sus portadores pueden recuperar su economía, pero el trabajo, la pequeña empresa, el comercio interno, van a ser afectados por esta contracción del gasto público”, agregó.

Lacalle: El presupuesto tiene una “profunda vocación de sensibilidad social”

El 26 de agosto Lacalle Pou presentó el proyecto de ley del presupuesto 2020-2025, al cual lo definió como austero, pero con una fuerte vocación social.

«Es un presupuesto austero (…) Pero que tiene como centro a las personas, a la vida de los uruguayos, de los habitantes del país (…) Es un presupuesto que va a tener una profunda vocación de sensibilidad social en la generación de empleo, sus pilares fundamentales, que busca la educación de calidad para generar oportunidades», dijo el mandatario en una conferencia de prensa.

Afirmó que el presupuesto busca que los uruguayos puedan tener una vivienda «decente» y «fortalecer la salud».

«Además, es un presupuesto que hace hincapié en las adicciones, a esos miles de uruguayos que son adictos que no tienen un tratamiento. Un presupuesto que va a destinar recursos para generar descentralización a través de la infraestructura», agregó.

Señaló que es un presupuesto «realista y optimista», que busca cumplir con el compromiso electoral de ahorrar en el entorno de 900 millones de dólares.

Sin embargo, afirmó que no va a haber personas despedidas dentro del Estado.

«La reducción de la plantilla va por el no llenado de vacantes. Es gente que no va a ingresar en el Estado. Las áreas sensibles no se van a tocar, en Uruguay no va a faltar un docente ni una ambulancia», agregó.