Ramón Ruiz: «No violé la constitución»

Es hijo de don Pedro Ruiz, trabajador portuario -hoy jubilado- muy hincha de Rampla de allá y de Rosa Fagúndez, costurera, mujer de trabajo hogareño, sin horario, ni descanso, responsable de cocinar, limpiar, cuidar, educar y curar a seis hijos, sin derecho a jubilación. Familia intensa, numerosa, con estructura patriarcal tradicional que se derrumbó cuando Pedro cayó preso y fue Ramón el que tuvo que trabajar -informalmente- para sostener la familia. Sin dudarlo, asumió ese rol que iba a ser suyo hasta que liberaran a Pedro. Aunque cuando llegó ese día esperado, las cosas tampoco fueron fáciles porque las puertas laborales estaban entrecerradas para los recién liberados por aquello de que «algo habrán hecho».

Ramón siendo adolescente relegó estudios para apuntalar la familia y especialmente a sus hermanos más chicos, con quienes hoy mantiene un vínculo amoroso indestructible. Trabajó vendiendo fundas de electrodomésticos que elaboraba su mamá en la vieja máquina Singer que aún persiste como testigo de toda una vida compartida. Recorrió boliches ofreciendo las fundas de su mamá, fue cadete en una farmacia, ingreso como cadete en Comepa y allí realizó una carrera funcional formal y con sus derechos y obligaciones legales- de vínculo que se transformó en parte fundamental de su vida. Reorganizó -casi a escondidas de su madre- el sindicato de base en la Corporación Médica de Paysandú y desde entonces, Ramón se siente entrañablemente ligado a la Federación Uruguaya de la Salud (FUS). Hombre de equipo, colaboró con unos cuantos granitos de arena para transformarla en una organización sindical de alcance nacional y hoy habla de la FUS con orgulloso sentido de pertenencia. «He tenido una vida linda. Tuve que madurar a prepo, pero no me quejo. Creo que he sido y soy un privilegiado». Es padre de dos hijos -Valeria y Federico-, extraña mucho a Rosa, pero dice que ella vivió una vida feliz y que fue un honor haberla tenido como madre. «La disfruté mucho y sé que estaba muy orgullosa de sus hijos. Y estaba orgullosa de mí».

¿Violaste la ley?

No violé la Constitución. Se me acusa de un delito electoral, pero yo interpreto que no violé la Constitución, lo mismo que interpretaron otros directores de entes que intervinieron en la campaña. Incluso lo mismo que mi colega, el director en representación de los empresarios que también hizo campaña en el referéndum, aunque claramente con otra posición.

¿Has conversado con él sobre esta denuncia?

No porque la denuncia fue antes de la Semana de Turismo y hasta ahora el directorio no se ha reunido. Pero me consta que él también interpreta como yo que el referéndum no se trató de una elección de carácter electivo, sino de una elección para opinar, para decidir sobre una ley o sobre algunos artículos de la ley. El referéndum no es lo mismo que una elección nacional o departamental. Este referéndum se trató sobre 135 artículos de una ley y algunos temas impactaban directa o indirectamente en la seguridad social. Por tanto, no estábamos eligiendo a una persona, un presidente, parlamentario o intendente. Ni siquiera se trataba de partidos políticos. Por lo tanto, entendemos que es bastante claro que no hemos violado la Constitución. Y esa interpretación la comparten muchos otros, inclusive el presidente de la República que también interpretó a que tenía derecho a defender esa ley que impulsó. Mi presidente -porque es el presidente de todos los uruguayos y uruguayas- convocó a una conferencia de prensa en la que hizo un llamamiento a votar por el No.

¿Estás tranquilo por los fundamentos jurídicos o porque creés que esta denuncia no es contra vos, sino un nuevo embate contra todo el movimiento sindical?

Estoy muy tranquilo por todo. Por lo jurídico y por lo ético. Porque siento que hice lo que tenía que hacer. El Pit-Cnt, la organización de la que provengo, que fue una de las principales impulsoras de esta iniciativa. No digo ni que fue la única, ni tampoco que fue la más importante. Prefiero ser cuidadoso y hasta prudente porque todas aportaron. Pero vengo del movimiento sindical y fue una organización que juntó firmas y salió a recorrer el territorio para conversar con la gente. Desde el presidente del Pit-Cnt, la Mesa Representativa, el Secretariado Ejecutivo, pero especialmente, las y los afiliados, la militancia de los sindicatos. Fueron miles que salieron a juntar las firmas y lograron concretar esta instancia democrática en plena pandemia. Fue una hazaña lo que se logró sobre 135 artículos de una ley, porque aclaramos una y mil veces que no era un voto contra el gobierno. Entonces, si esa ley cambia las reglas de juego para la elección del BPS, con lo que establece el artículo 399, ¿cómo le van a pedir a un director del BPS que se calle la boca y no opine? ¿Querían que me mantuviera al margen? Ese artículo borra de un plumazo algo que se construyó con diálogo social. Por tanto, tuvimos el mismo derecho en cuestionar que el que tuvo el presidente en salir a defender esa ley. Pero además estaban los otros artículos que también inciden en la seguridad social, como lo referido a la inclusión financiera. Ahora hay un caldo de cultivo legalizado para que aumente la informalidad y la sub declaración. Ojalá siga siendo una práctica que las y los trabajadores sigan cobrando a través de instituciones financieras, a pesar de lo que se votó. Yo estaba política, moral y éticamente obligado a decir estas cosas antes del 27 y no después. Para mí hacerlo era una obligación y un derecho.

¿Y por qué la denuncia? ¿Cuál es tu lectura de esta denuncia?

Es extraño que la única denuncia que se presenta sea la del representante de los trabajadores. El que habló por el Sí.

¿De verdad te parece extraño?

Es raro, porque de la misma manera fue pública mi posición sobre los artículos de la LUC también fueron públicos otros pronunciamientos y no hubo ninguna otra denuncia. Supongo que hay un error y que hubo una interpretación sesgada del artículo de la Constitución. Hay curiosidades además: los únicos que pueden presentar denuncias de este tipo son los parlamentarios, las cámaras, los partidos políticos o el Poder Ejecutivo. Pero ni yo ni el Pit-Cnt podemos hacer una denuncia. Otro asunto es que el artículo que se utiliza para esta denuncia es el 77 que viene de antes que existieran los referéndum y antes que se constituyera el directorio del BPS tal como lo conocemos hoy. Entonces, creo que esta denuncia hay que leerla en un contexto de ataques sistemáticos y permanentes contra las organizaciones sindicales, sociales y populares. Esto es una perla más de un largo collar de ataques selectivamente dirigidos.

Casualmente ahora que comienza la discusión sobre la reforma de la seguridad social.

Nada menor. Me preocupa y mucho que se quiera silenciar a la representación de los trabajadores en el momento previo a la discusión de una reforma jubilatoria. Sería inadmisible que un director del BPS -en medio de una reforma de la seguridad social- no pudiera hablar de ese tema.

Entonces, nada de esto fue un error.

Es un hecho político grave, gravísimo. Yo me enteré por la prensa de la denuncia. Primero se generó todo un ruido por la prensa y después se concretó la denuncia. Imaginemos que el gobierno finalmente se decide a aumentar la edad de retiro. ¿Qué pretenden? ¿Qué el representante de los trabajadores no intervenga en esa discusión?

Yo espero que la Corte Electoral entienda e interprete como nosotros que no estábamos violando la Constitución y que resuelva de manera justa. Ninguno de los que participamos de la campaña dando opinión violamos la Constitución. Ni nosotros ni el presidente de la República ni el representante de los empresarios en el directorio del BPS, entre otros.

¿Qué plazo tiene la Corte Electoral para pronunciarse?

Primero yo tengo un plazo de 15 días para presentar el recurso. Actualmente estamos elaborando ese documento. Y luego la Corte Electoral no tiene plazo. Puede pronunciarse cuando lo entienda pertinente. Se tomará su tiempo y después se verá. No hay antecedentes que se haya tomado una medida punitiva con anterioridad.

¿Sería un hecho político grave en este contexto político actual?

Sí, y no tiene precedente. Y reitero que se está generando en el marco de inicio de la discusión sobre la reforma de la seguridad social. No le hace bien al país, claramente. Pero nosotros, desde el lugar que sea, daremos batalla.

¿Cómo va a impactar la reforma si es que el gobierno impulsa las recomendaciones de sus expertos?

Toda la responsabilidad de lo que pase la tiene el actual gobierno y especialmente el presidente de la República. Todo lo que pase con la seguridad social, de aquí en adelante, será responsabilidad del mandatario y su gabinete.

El presidente dijo que lo que recomendó la comisión de expertos no es vinculante y son solamente insumos. Por lo tanto, si aplica esas medidas, serían su decisión. Ahora nosotros aguardamos que el presidente envíe el proyecto de ley para su discusión. Hasta ahora hablaron los técnicos a los que nosotros respetamos. Siempre hemos sido defensores del trabajo técnico. Pero una reforma de la seguridad social necesita un gran diálogo social nacional.

Pero el presidente dijo que ahora se inicia una etapa con cierto espacio de diálogo

Bueno, cierto espacio de diálogo no es diálogo, es un cierto espacio. Es poco. Pero si se convoca a un gran diálogo social para discutir el proyecto de ley, no habrá reforma bajo este gobierno. Porque no vamos a convocar a un diálogo para reunirnos un par de semanas y legitimar en la foto desde las formalidades. Diálogo social es otra cosa. Amplio, con la participación de todos los actores que intervienen en el sistema de seguridad social, no solamente los sectores políticos a través de los partidos, no solamente los trabajadores, los empresarios y los jubilados, sino que tienen que participar por ejemplo las instituciones del Estado que tienen que ver con la seguridad social porque un régimen jubilatorio está íntimamente relacionado con la matriz de protección social del país. Por mencionar algo: no es lo mismo un jubilado con o sin Sistema de Cuidados, con acceso a derechos y políticas sociales o no. Por tanto creo que en ese diálogo social deben participar además de los actores directamente involucrados, el Mides, el MSP, el MTSS, el MEF para la discusión de los recursos, entre otros.

Hace poco mencionaste la importancia de la sostenibilidad económica y social de la reforma.

Porque hay que darle legitimidad a la reforma y no alcanza solamente con que los técnicos, con una mirada economicista, le den una solución al sistema de seguridad social. Se necesita además la legitimidad de los sectores sociales.

¿Creés que se va a tocar el lucro de las AFAP?

No, al contrario. De acuerdo a las recomendaciones y a algunas declaraciones que he escuchado de parte del Poder Ejecutivo, ellos hacen una evaluación positiva del régimen de ahorro individual y el rol de las administradoras de fondos previsionales qué son las AFAP. Y dicen que ese sistema se tiene que ampliar y profundizar. Nosotros creemos que es un camino equivocado pero estamos convencidos que el lucro de las AFAP no se va a tocar. Ese ahorro forzoso que tienen los trabajadores va a continuar, afectará a más trabajadores y por lo tanto, serán más los trabajadores perjudicados. Las AFAP son carísimas para el país, perjudican a las y los trabajadores y generan una ganancia impresionante, pero no para la sociedad sino para las AFAP.

¿Qué otros aspectos te preocupan de la reforma tal como se viene manejando al día de hoy?

Se les pide un esfuerzo enorme a los trabajadores, que se jubilen más tarde, que se jubilen con una peor jubilación pero no se tocan las jubilaciones que fueron dadas en condiciones de privilegio en la Caja Militar, por ejemplo. Entonces, sostenemos que las altas jubilaciones deberían pagar un impuesto mayor al que ya pagan. Y eso le daría legitimidad a la reforma porque no se le puede pedir a un trabajador rural, a una trabajadora doméstica, a una trabajadora de la salud, a un trabajador de la construcción, por ejemplo, que se jubilen a los 65 años y que en la Caja Militar sigan existiendo los privilegios actuales que todos conocemos. Ni hablar que estamos en contra del aumento de la edad de retiro al barrer. Se necesita más estudio sobre este tema. Hay ramas de actividad enteras que no se van a poder jubilar a los 65 años. Hoy les cuesta jubilarse a los 60 por la realidad del mercado de trabajo, imaginemos lo que sería que miles y miles se tuvieran que jubilar a los 65. El mercado de trabajo no fue evaluado adecuadamente y eso impacta directamente en la seguridad social. ¿Quién va a poder seguir trabajando o conseguir trabajo a los 63, 64 años? Lo que habrá, es mucha más gente sin ingresos y sin protección social y se va a generar un nuevo colectivo de excluidos y de pobres para el país. En materia de protección social vamos a retroceder. Podrás vivir más que antes, pero el mercado de trabajo no te va a tener más que antes. Y eso lo tienen que entender los que están cerca de jubilarse pero especialmente los jóvenes. Y la brecha se ensanchará. Esto es doloroso pero es así. Vas a ser demasiado joven para jubilarte, pero demasiado viejo para trabajar.

De todos modos, este modelo de país obtuvo el respaldo de la mitad del país. ¿Cuál es tu lectura de eso?

Yo creo que la seguridad social no se puede reformar -ni total ni parcialmente- con una mayoría ajustada o circunstancial. La seguridad social tiene que ser una política de Estado, por lo tanto tiene que reunir los mayores consensos sociales y políticos para su transformación porque de lo contrario, no se podrá legitimar. Y, además, porque existe el riesgo de que cada gobierno que llegue con una mayoría acotada y circunstancial, caiga en la tentación de hacer otras reformas a su antojo. Pero en materia de derechos y seguridad social, los cambios se deben concretar de manera consensuada. No es por el camino de las imposiciones.

Gobernar no es mandar.

No, claramente no. Y que nadie dude que si no es a través del diálogo con la plena participación de todas las organizaciones implicadas, daremos la discusión pública. No es entre cuatro paredes. Es en la sociedad. En la calle, diálogo y movilización, el tema tiene que ser un tema de conversación en el boliche, en la feria, en el sindicato y en las asociaciones empresariales. En todas partes. Es una discusión y diálogo de verdad el que necesitamos.

¿Es un tabú la Caja Militar?

Hoy te decía que tenemos que lograr un pacto social para generar sostenibilidad social y económica. Y eso implica que todas las partes reconozcamos que es necesario hacer algunas inversiones como país. Eso implica transparentar -por ejemplo- que habrá exoneraciones de aporte patronal y que el BPS, el país, deja de recaudar 230 millones de dólares por año por ello. Y que si la DGI le cobra al BPS 90 millones de dólares de comisión por transferirle recursos genuinos que son para el BPS, no se deberían considerar déficit. O que se le otorgue al BPS la posibilidad de cobrarle a las AFAP el trabajo que hoy se lo hacemos gratis. O sea, creo que en un diálogo social podremos sincerarnos y transparentar muchas cosas. ¿Los uruguayos estamos de acuerdo que los empresarios aporten 7,5 y los trabajadores aportemos 15? ¿Todos estamos de acuerdo con eso? ¿Todos asumimos esa realidad? Eso es parte de un acuerdo en el diálogo social y son cosas que deberemos transparentar.

¿Y con los militares?

Creo que deberíamos considerarlos en el marco de las jubilaciones más altas y que aporten más. La Caja Militar necesita una reforma profunda y urgente. Tenemos que caminar hacia un sistema único de seguridad social a largo plazo.

¿Creés que a la gente en general le importan estos temas?

Le deberían importar y mucho. Acá esta su futuro. Todos, los trabajadores, empresarios, jubilados y todas las personas que no tuvieron oportunidad de acceder a los derechos de la seguridad social, deben comprometerse con estos temas. Las personas con discapacidad, las menos visibilizadas de todas, deben preocuparse. Hay mucha gente que hoy trabaja, está tranquila, pero eso no va a ser para siempre. Y en algún momento llegará el descanso del guerrero después de haber trabajado toda una vida por la sociedad y el país. Por eso les pido a todos que se comprometan con este tema. Nosotros desde el ERT, desde los sindicatos o desde la comisión de seguridad social, no podemos solos. Necesitamos frenar esta reforma de recorte. Y abrir un espacio y lograr los imprescindibles acuerdos para una reforma integral de la seguridad social, que es necesaria pero no es urgente. Una reforma que reconozca la seguridad social como un derecho humano fundamental, una reforma sin lucro, sin AFAP y que respete los principio se la solidaridad y la universalidad.

Textos: Alfredo Percovich

Producción: Viviana Rumbo