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Sociedad

con el REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES EN EL BPS

Ramón Ruíz: “Diálogo para reformar la seguridad social es urgente”

Desde la coalición multicolor se insiste en la necesidad de reformar la seguridad social, haciendo hincapié en el déficit del BPS, pero silenciando el de la Caja Militar.

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Por Pablo Silva Galván

Para Ramón Ruíz y el Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT) en el Banco de Previsión Social (BPS), no hay urgencia en reformar el sistema de seguridad social, pero se hace urgente el diálogo social para atender esta situación. Entienden que en 20 años el sistema presentará graves problemas, por lo que hay tiempo para analizar y proponer las medidas que permitan que este siga siendo sustentable. Ruíz dijo a Caras y Caretas que es necesario transparentar los números, ya que si bien el BPS recibe U$S 600 millones anuales de ayuda del Estado, le transfiere al mismo tiempo U$SS 1.100 millones al sistema privado. Dijo que hay que analizar las exoneraciones para varios sectores que repercuten en el financiamiento del BPS y que representan unos U$S 200 millones por año.

 

¿Cómo ven desde el Equipo de Representación de los Trabajadores en el BPS las propuestas de reforma de la seguridad social?

Nosotros creemos que hay que ir a un diálogo sobre el tema. Lo que se conoce hasta ahora es lo hablado en la campaña electoral y ahí hay distintas versiones: (Luis) Lacalle dice que tiene que haber un diálogo partidario y (Pablo) Mieres propone un diálogo social. Habría que ver la posición que se impone: la de Lacalle, que reclamaba diálogo entre especialistas, o la de Mieres de diálogo con los sectores sociales.

 

Usted ha dicho que la reforma se debe hacer en forma gradual porque hay margen para ello. Entonces, ¿a qué atribuye este afán por reformar ya el sistema?

La reforma de la seguridad social se tiene que hacer con tiempo, no se puede hacer de un día para el otro. Por eso, si bien no es urgente, no se puede salir a las apuradas porque dentro de dos décadas habrá de crecer en forma importante la asistencia financiera que hoy recibe el Banco de Previsión Social (BPS). Nosotros creemos que es necesario lograr que haya un diálogo primero y que se puedan alcanzar acuerdos para gradualmente prepararnos para esa situación; por eso es importante, y coincido, que cuanto antes se pueda instalar ese diálogo será mejor, y no esperar a que los problemas estén arriba. Por lo general, en estos 20 años podemos anticiparnos a algunos de los problemas que vamos a tener. Si ya sabemos que habrá dificultades, ¿para qué esperar?

¿Porque ahora tendría que haber un diálogo? Por lo general, un gobierno tiene “crédito” al principio del mandato y lo más aconsejable es que en esos primeros meses se impulse una reforma tan importante como la de la seguridad social. Se dice que no es conveniente dar esa discusión cuando el gobierno ya tiene desgaste o carece del mismo apoyo que tiene cuando recién empieza. Por eso es que se habla de la conveniencia, por parte de algunos actores políticos, de que sea en el primer año de gobierno. Dicho esto, lo que hay que tener en cuenta es de qué reforma estamos hablando, si es una reforma solo del BPS o una reforma integral de la seguridad social. O sea, una reforma en la que también se analice la situación de los otros institutos que intervienen en el sistema, por ejemplo, el de la Caja Militar. Hay un aspecto que tiene que ver con cuál va a ser el alcance de la reforma: si es una reforma que va a estar centrada solamente en el BPS, es una cosa; ahora, si va a analizar todo el sistema, nosotros estamos de acuerdo. El camino es una reforma integral de la seguridad social.

Por otro lado, hay que ver si el esfuerzo que vamos a hacer va a estar centrado en una visión economicista, o si estamos pensando en que esos acuerdos tienen que ser no solamente económicos, sino también socialmente viables; porque si uno piensa solamente en los números, reunimos a cuatro o cinco economistas y les pedimos que hagan las cuentas para que esto dé. Pero la seguridad social es mucho más compleja. Si la sociedad en su conjunto, los partidos, los trabajadores, los empresarios, los jubilados no les dan legitimidad a los cambios, la reforma puede ser económicamente razonable, pero socialmente no sería viable. Por eso es muy importante el diálogo para llegar a los mayores acuerdos posibles.

Para nosotros hay tres aspectos que hay que mirar en un sistema de seguridad social. Uno tiene que ver con la cobertura: en Uruguay hay una cobertura muy extendida, o sea que ese no es el problema. Por otro lado, hay que ver la suficiencia de las prestaciones: aparentemente el país tiene niveles razonables de suficiencia; las prestaciones que paga el sistema de seguridad social son bastante razonables, aunque se puede mejorar. El tercer aspecto tiene que ver con el financiamiento, con la sostenibilidad económica: ahí hay mucho para discutir, y creo que hay que buscar algunos acuerdos.

Nosotros tenemos un sistema que se financia con aportes obreros, patronales, con asistencia del Estado. Esa asistencia tiene, por un lado, un aporte de algunos impuestos y de rentas generales. Pero tenemos un sistema que no es solamente un seguro social, no es un seguro jubilatorio, es un sistema que brinda –además de jubilaciones y pensiones– otras prestaciones que están dirigidas a la familia del trabajador, que tiene una cantidad de prestaciones. Tenemos que ver entonces cómo lo financiamos. Ahí está el nudo.

 

Algunos actores políticos, en particular del Partido Nacional, han afirmado que la Ley de Flexibilización de 2008 trajo consecuencias negativas al sistema, ¿usted lo ve así?

Es un tema opinable. Vamos a suponer que alguien cuestione de alguna forma la ley, ahora, ¿cómo se resuelve eso? ¿Dejando sin efecto la ley? Pueden haber diferentes opiniones sobre si esa ley está bien o mal. Por ejemplo, el Partido Nacional ¿está planteando volver para atrás lo que hizo la ley para el acceso a la jubilación o al seguro de paro? Cuando se dé esa discusión, lo que hay que resolver, de común acuerdo, es si la solución es recortar los derechos que otorgó o buscar un financiamiento para poder mantener esos derechos. Hay un nudo que hay que resolver. Para la representación de los trabajadores se trata de una ley que le hizo bien a la seguridad social. Esa ley se aprobó con el apoyo de todos los partidos políticos y tras el diálogo social; no es un tema menor.

No es lo mismo pensar que hay que recortar derechos que discutir cómo se financia el sistema que hemos construido entre todos. Ahí creo que está la verdadera discusión.

Por ejemplo, nosotros en los últimos años hemos necesitado aproximadamente U$S 600 millones de asistencia financiera, y todos los años les hemos transferido a las AFAPs U$S 1.100 millones. Una manera, desde nuestro punto de vista, de mirar esto es: ¿está bien que un sistema de seguridad social que necesita una asistencia financiera de 600 millones le transfiera al sector privado de pensiones casi el doble de lo que necesita de asistencia? Habrá varias respuestas, incluso que el sistema debe seguir funcionando así y que las AFAPs deben seguir existiendo. Desde nuestro punto de vista es un tema para discutir.

Por otro lado, Uruguay es el único país del mundo donde los empresarios aportan la mitad de lo que aportan los trabajadores. ¿Eso está bien? Quizá sí está bien. Ahora, ¿todo el mundo está equivocado? ¿En todo el mundo los empresarios aportan más que los trabajadores y solamente Uruguay está bien respecto a este tema?

Además, tenemos un sistema de seguridad social que necesita asistencia financiera. Sin embargo, hay grupos empresariales, sectores de actividad que no realizan aportes patronales porque están exonerados por alguna ley, incluso por normas constitucionales.

Esas exoneraciones suman U$S 200 millones por año. No digo que el Estado no tenga que seguir subsidiando a esos sectores, quizás el subsidio no tiene que ser a través de la seguridad social, sino a través de un pacto muy amplio por el que toda la sociedad acepte que el Estado va a subsidiar a la salud privada, a la educación privada, a las empresas de transporte. Lo puede seguir haciendo, pero no a través de los aportes patronales.

Es muy importante transparentar los números, porque si miramos el tema del aporte patronal, si miramos las exoneraciones y empezamos ordenar un poco, tal vez la asistencia financiera que necesita el BPS no es de U$S 600 millones, quizás es menos.

 

Quienes reclaman la reforma del sistema insisten con el déficit del BPS pero no mencionan el de la Caja Militar, o Servicio de Retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas. Desde la Representación de los Trabajadores, ¿a qué lo atribuyen?

Desde 1996, cuando se reformó el BPS a través de la ley 16.513, no se tocó ni la Caja Militar ni la policial ni al resto de los institutos de seguridad social. En los últimos años hubo reformas en esas cajas y una reforma muy tímida en la Caja Militar. Yo creo que responde a mantener cierto statu quo y ciertos privilegios, y no ha habido una mayoría en el Parlamento, y en los gobiernos, para meterle el diente a ese tema. Está lejos de ser justo porque, como hace pocas semanas dijo el ministro (Ernesto) Murro, en el BPS la gente se jubila con 38 años de trabajo, y en la Caja Militar se jubila con 38 años de edad.

La reforma tiene que ser integral. No sirve que digan que solo con el BPS se va a reformar la seguridad social. Nosotros entendemos que el diálogo es urgente, la reforma no tiene tanta premura. Pero el diálogo es urgente porque lo antes posible tenemos que reformar la seguridad social. Algunos piensan en reformas que tengan que ver con ordenar en algo el sistema, otros con una reforma paramétrica; a nosotros nos parece que debe haber además de eso una reforma estructural del sistema. Pero veremos hasta dónde se llega con un acuerdo. Veremos hasta dónde hay un acuerdo que haga posible que cuando se envíe un proyecto al Parlamento, toda la sociedad sepa que participó realmente, que aportó, que incidió de alguna forma, y no que ocurra como ocurre en algunos países que cada vez que hay una ley que reforma la seguridad social hay prácticamente un estallido social. Eso es lo que le da viabilidad social y legitimidad a la reforma.

En síntesis: la reforma no es urgente, el diálogo es urgente. La reforma tiene que ser integral, tiene que tener en cuenta todos los componentes y no discutir sobre la base del recorte, sino sobre la base de cómo logramos financiar el sistema de seguridad social que hoy tenemos, y si es posible –incluso, no descarto la posibilidad– utilizar más recursos de los que ahora se utilizan. Me parece que uno de los debes más importantes que tiene la seguridad social tiene que ver con la discapacidad, donde todavía hay mucho para hacer; por lo tanto, hay que destinarle más recursos. Hay mucho para hacer en muchos sectores de la sociedad donde hay que seguir mejorando en cuanto a las prestaciones. Hay cosas en las cuales vamos a invertir más recursos. Yo no estoy pensando en una reforma en donde se esté jugando al achique porque, por ejemplo, en la niñez tenemos los índices de pobreza más altos, por eso creo que este diálogo es una oportunidad para ver qué hacemos con los niños. Entonces, debemos avanzar en la seguridad social porque todavía quedan temas muy importantes como la niñez y la discapacidad.

 

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