El fiscal de Perú Pedro Chávarry, presentó su renuncia ante la Junta de Fiscales Supremos; renuncia que se dio luego de la crisis que generó haber separado de su cargo a los fiscales que investigan el caso Odebrecht en Perú, lo que habría sido, presuntamente con el fin de desviar las pesquisas y favorecer a terceros y a sí mismo.
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El nombramiento de Chávarry tuvo lugar en junio de 2018 en medio de fuertes críticas por parte de la opinión pública, pues desde hace tiempo se le considera parte de una organización delictiva llamada «los cuelllos blancos», que se encargaría de comprar y vender favores al interior del poder judicial.
Zoraida Ávalos Rivera fue nombrada por la Junta de Fiscales como fiscal interina mientras se nombra un o una fiscal en propiedad.
Una situación similar se ha dado en Colombia, donde el fiscal general Nestor Humberto Martínez ha sido señalado de estar impedido como jefe del ministerio público por haber sido asesor jurídico de una de las firmas asociadas a Odebrecht en Colombia.
Esta situación entró en un alto nivel de complejidad cuando se dieron a conocer unos audios en que presuntamente se demostraría que Martínez estuvo al tanto de las coimas en los contratos suscritos en el país caribeño, y que además las encubrió. El último y más macabro capítulo de esta novela se dio con la muerte de los dos testigos clave del proceso y el hijo de uno de estos, quien habría bebido una botella de agua con cianuro que se encontraba en el escritorio de su padre.
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