Revisión histórica en FF.AA.: una iniciativa de «armas tomar»

En una comunicación escrita de CRYSOL, enviada al ministro de Defensa Nacional, Javier García, la organización no sólo adopta un posicionamiento sobre la iniciativa, sino que, solicita participar de la discusión que se genere.

En su misiva al ministro de Defensa, expresa: “dicho proceso es necesario e imprescindible para afirmar la democracia y la propia institucionalidad democrática” y agrega que tal reflexión “critica”, sobre los roles asumidos “especialmente desde el 13 de junio de 1968 hasta el momento actual, permitirá a la institución recoger importantes enseñanzas para reafirmar su identidad con la visión hacia el futuro”.

En su recuento de los hechos, la asociación remarcó cómo las medidas prontas de seguridad instauradas durante el gobierno de Pacheco Areco, alteró el papel de las Fuerzas Armadas y responsabiliza a las mismas como el procedimiento que “sacó a las Fuerzas Armadas de los cuarteles para reprimir y militarizar a los trabajadores”.

Para CRYSOL, cualquier revisión de las actuaciones históricas de las Fuerzas Armadas “debe encararse desde la perspectiva país, en una América Latina donde Estados Unidos ha intervenido directamente en el desarrollo de los acontecimientos en el continente (…) debe realizarse de cara a la ciudadanía y será más productivo si cuenta con la participación activa de la sociedad civil, de las organizaciones sociales involucradas y la propia academia con visiones plurales”.

Según consigna, El Popular, Gastón Grisoni dirigente de CRYSOL, expresó en convversación con el medio, que “que aún no obtuvieron respuesta del gobierno” respecto a la misiva enviada.

“En realidad nosotros no esperábamos una respuesta directa desde allí, sino que pretendíamos explicitar cuáles son los puntos de vista de CRYSOL con respecto a esto ante los medios de comunicación”, expresó, al tiempo que valoró que la “iniciativa” de las Fuerzas Armadas “les parece bien, es necesario e imprescindible, hay que hacerlo de cara a la sociedad, con las organizaciones sociales y junto al movimiento sindical”.

Para Grisoni, continúa reseñando El Popular, “el sistema político va a participar, porque una iniciativa de esa naturaleza que se va a consagrar en un nuevo programa de estudios se discute en el Parlamento: no tienen autonomía las Fuerzas Armadas para cambiar la currícula, de hecho suponemos que habrá un proyecto de ley en algún momento (…) es una discusión muy difícil” dijo al medio de prensa, al tiempo que afirmaba “lo significativo” del mismo “fortalecer a las Fuerzas Armadas, el país necesita unas Fuerzas Armadas consustanciadas con los principios democráticos”.

Las reacciones sobre esta anunciada “iniciativa” ha generado diversas reacciones en otros actores políticos.

En este sentido, El Popular, recuerda que Javier Miranda, presidente del Frente Amplio había expresado “que los programas de educación de las Fuerzas Armadas necesitan revisión es algo de lo que no tengo la menor duda, hace años que lo venimos reclamando y nos parece clave en la formación de estos funcionarios públicos (…) hay que ver por dónde va el proceso”.

En sus declaraciones públicas, Miranda se desmarcó de los dichos de la vicepresidenta Beatríz Argimón y Javier García cuando “sugirieron” al MLN que también realizaran una “autocrítica” sobre los acontecimientos de la dictadura, al respecto Miranda recordó que esta “convocatoria” es “la clásica teoría de los dos demonios”.

Desde los “sacrosantos” predios del Centro Militar, ese “lugar sin reposo” de los militares retirados, cuya “misión inalterable” ha sido siempre la de mantener “viva” la llama de “los dos demonios”, su presidente, Carlos Silva, fue el “vocero de las preocupaciones” de todas “las pasadas añoranzas”.

En declaraciones al semanario Búsqueda dijo: “Si hablamos seriamente, es una cosa; si es la versión de los tupas o de los comunistas, es otra cosa. Lo que quiero saber es si se trata de invitar a gente que no conoce al Ejército y habla, si prevalece la opinión de esa gente, porque el 62% de la población tiene una opinión favorable de las Fuerzas Armadas y es una minoría que trata de jorobar con eso de que las Fuerzas Armadas no son queridas”.

Una vez más, Silva y sus “correligionarios” reafirman ese supuesto mandato de “guardianes pretorianos”, bajo el cual se fue conformando históricamente el monopolio sobre los temas militares y de defensa en el país que se sintetiza en esa afirmación que consolida el desprecio a todos aquellos a los que declara “ajenos”: “los que no conocen al Ejército”.

Para la senadora frenteamplista Lucía Topolansky, recuerda El Popular, lo anunciado es “un procedimiento rutinario”, a partir del cual “el gobierno estaba haciendo glamour y bulla”.

En la entrevista, citada por el medio de prensa que diera a La Diaria, Topolansky fue más lejos y “pidió responsabilidad a los otros partidos políticos si quieren dar una discusión “seria”, recordando así “que el Partido Nacional y el Partido Colorado tuvieron una participación directa en la dictadura cívico militar”.

En esta jornada y según publica La Diaria, se ha sumado una nueva posición respecto a la “iniciativa” de las Fuerzas Armadas.

En una larga columna de opinión, Raúl Olivera Alfaro integrante de la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT, y coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu, ha incorporado un conjunto de valoraciones de interés sobre “la iniciativa” y las reacciones que la misma ha generado.

“La posición sustentada por el presidente y el secretario de la organización de ex presos y presas políticas Crysol en una carta pública al ministro de Defensa Nacional, Javier García, y otros pronunciamientos similares que saludan el proceso de revisión del Ejército sobre su actuación política durante determinado período de nuestra historia son preocupantes porque suponen otorgar a las Fuerzas Armadas un rol político que no les corresponde”, comienza afirmando contundentemente Olivera.

Y agrega: “No se trata de una simple revisión de los programas de enseñanza en el liceo o la escuela militar, que deberían ser objeto de consideración y control parlamentario. Se trata de la discusión que abarca la actuación de las Fuerzas Armadas cuando ilegítimamente asumieron roles de conducción política del gobierno. Ese es un hecho político que no debería ser alegremente aceptado, pues es otorgarles un rol que no les corresponde”.

Para Olivera no hay ninguna duda sobre lo que define enfáticamente como “el accionar delictivo” de las Fuerzas Armadas y se remite en la fundamentación del argumento a las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las profusas investigaciones en curso “en los estrados judiciales” de nuestro país.

Sobre las posiciones asumidas respecto a, la revisión del período histórico, anunciado por las Fuerzas Armadas, Olivera señala “durante ese período, que algunos ven auspicioso que sea analizado por uno de los institutos armados del Estado, existieron en el pasado posicionamientos relacionados con la política militar y las relaciones cívico-militares que aún no han sido objeto de una profunda revisión autocrítica por parte de las organizaciones políticas de izquierda ni por las organizaciones sociales; por ejemplo, la colaboración en ilícitos económicos y los apoyos a los comunicados 4 y 7. Sin saldar eso adecuadamente, embarcarse alegremente en la iniciativa actual del Ejército y su mando civil es una aventura que sabemos a qué conduce”.

En su exposición, Olivera recorre cronologías y describe las diversas situaciones y posicionamientos castrenses y políticos, en general, tanto en lo que hace a la política doméstica, como en sus relacionamientos y alineaciones, por ejemplo, con la política de los Estados Unidos.

“Las Fuerzas Armadas pretendieron darle a la dictadura un marco legal, a pesar de que cambiaron todo el ordenamiento constitucional al disolver el Parlamento y sustituirlo por el Consejo de Estado y el Consejo de la Nación. A esa línea de conducta quisieron darle continuidad futura mediante una reforma constitucional en la que ellos –como institución militar– permanecían como un órgano de contralor, árbitro de la acción política”, expresa.

Y a continuación agrega “Ese accionar de las Fuerzas Armadas respondía a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que ellas daban la seguridad, el orden, para que las políticas económicas neoliberales pudieran desarrollarse sin obstáculos políticos o sociales. Resumiendo: Uruguay tenía unas Fuerzas Armadas insertas en el Sistema Militar Panamericano, dirigido por el Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial”.

Respecto al posicionamiento “actual” de las Fuerzas Armadas, el coordinador ejecutivo del Observatorio Luz Ibarburu señala: “Actualmente, si bien en declaraciones públicas los mandos militares reiteran su subordinación al poder político y su adhesión a la Constitución de la República, han ratificado la corrección de su accionar en el pasado; han declarado que, si se llegara a repetir situaciones parecidas, actuarían de la misma manera que en el pasado. Quiere decir que ellos actuaron bien, que no cometieron ninguna ilegalidad”.

Para Olivera, durante los 15 años de mandato frenteamplista, no hubo “una verdadera depuración de las Fuerzas Armadas. Quedaron como estaban”, afirma.

“Si bien no son los mismos oficiales, se sigue aplicando la acción cívica, los planes de desarrollo, de apoyo a la comunidad. Ese es el pensamiento que inspira el accionar de las fuerzas políticas de la coalición de gobierno actual. Todas esas visiones son confirmadas por la ley de urgente consideración (LUC) y el presupuesto actualmente a consideración del Poder Legislativo”.

Al cierre de su columna, Olivera recalca: “Las Fuerzas Armadas fueron protagonistas, actores políticos, porque fueron ilegalmente gobierno. Se subordinaron al poder político cuando se terminó la dictadura, pero ahora están actuando, emergiendo como proyecto político por medio de Cabildo Abierto. Estas Fuerzas Armadas se encaminan a ser actores políticos. Todos los presidentes de la República, en mayor o menor medida, son responsables de dejar prosperar ese protagonismo”, una responsabilidad que, según sus valoraciones, también incluye al Frente Amplio.

Para el columnista, sobre el rol actual de las Fuerzas Armadas en “política” no hay dudas de ninguna clase: “Sobran hechos que demuestran que las Fuerzas Armadas son las mismas. No han cambiado. Es permanente la acción de los Centros Sociales Militares que abren una cuenta bancaria para que hagan aportes para defender a los terroristas de Estado. Los Centros Sociales Militares actúan como portavoces de lo que se llama la familia militar ante cualquier medida que suponga una mirada o revisión del tema de derechos humanos, y lo hacen en forma pública”.

Al finalizar, su extenso análisis, Olivera concluye afirmando:

“Nos encaminamos actualmente a una política en la que se acentuará la gran incidencia que Estados Unidos tiene como país hegemónico (…) La influencia de Estados Unidos, a través de la CIA, los servicios de información de las embajadas y las misiones militares, no fue en ningún momento ajena a la acción interna de la política de Uruguay y los países de América desde que salimos de la Segunda Guerra Mundial. La defensa de la impunidad, la actuación en los tribunales de honor, el espionaje en democracia, la colaboración con la dictadura de Augusto Pinochet en el caso Berríos son algunos elementos que deberían ser incorporados en la consideración de esta problemática”.