La muerte de un trabajador rural luego de que un rayo alcanzara a dos alambradores (el otro sufrió varias lesiones), sacudió la interna del sector.
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El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando un rayo alcanzó a dos trabajadores en un establecimiento rural ubicado a unos 37 kilómetros de Cerro Chato.
En las últimas horas, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), emitió un comunicado en el que expresa “el más absoluto rechazo e le flexibilización de normativas laborales y pérdidas de derechos de los trabajadores rurales”.
Desde el sindicato se entiende que el deceso del operario fue una tragedia “evitable”, y que ocurrió por las malas condiciones en las que se desempeñaban los alambradores.
“Desarrollaban tareas de alambradores en condiciones de absoluta informalidad, sin registro en BPS por parte de sus contratantes, quienes tampoco le proporcionaban vivienda en condiciones reglamentarias para pernoctar, haciéndolo en campamento situado al costado de un alambrado”, detalla el sindicato.
Asimismo, la Unatra denuncia que “a la irregularidad de no proporcionárseles vivienda en condiciones, se agrega como agravante la negligencia de tampoco haber sido evacuados durante le noche anterior con las tormentas eléctricas y lluvias en varias zonas del país”.
“Consideramos que como sociedad damos, históricamente, tratos privilegiados diferenciales a sectores que, al tener incidencia predominante en la economía del país, se les está privilegiando con le permisividad de confeccionar sus sistemas de trabajo sin reparo en le normativa vigente, incluso beneficiándose de un tratamiento en subsidios y renuncias fiscales ¿Esta es la calidad de en las fuentes de trabajo que generan en contrapartida?” Se pregunta la agrupación.
“Hay que hacerse cargo de muertes evitables: cuando le normativa deja a la discrecionalidad del empleador determinadas decisiones que afectan directamente la salud y la vida de los trabajadores, bajo la libertad responsable de éstos, dicho privilegio ocasiona hechos lamentables involucrando la vida de padres de familia rural”, condena el texto.
“Ante la escasa voluntad y empeño de algún empresariado de ajustarse a una normativa lo más vacía posible, que no modifique sistemas de trabajo establecidos, y un sistema político que accede e ello, y con notoria ausencia de los organismos pertinentes del estado en los territorios, el sentimiento de impunidad de que todo se puede hacer se extiende, y el costo lo continuamos pagando las familias y los trabajadores rurales”, concluye la misiva.