La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) resolvió el 11 de junio que quienes realicen aplicaciones de agroquímicos en cultivos propios o de terceros con equipos de tanque mayor o igual a 1.000 litros deben registrarlas en un plazo de siete días para terrestres y tres días para aéreas.
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En el documento de la resolución la DGSA decía que buscaba "cumplir con el compromiso asumido por esta Secretaría de Estado de fomentar la producción agrícola responsable y el uso racional de productos". Sin embargo, a los pocos días revocó la decisión y apeló a la "libertad responsable" de los empresarios por el plazo de un año.
Marcelo Amaya, dirigente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), explicó el Legítima Defensa por qué para la organización sindical esta medida es peligrosa y contraproducente.
¿Unatra viene monitoreando las consecuencias de la aplicación de agrotóxicos?
Unatra es una organización de segundo grado que nuclea a varios sindicatos. Yo trabajo en la arrocera, una de las industrias propulsoras de este modelo productivo, hemos convivido con la práctica y uso de agrotóxicos alrededor de treinta años ya, hoy comienza a haber evidencia científica de que es causal de problemas de salud en los trabajadores. Es una preocupación de la organización. En 2011 hicimos un trabajo con extensión universitaria con trabajadores sindicalizados y no sindicalizados en territorios de no incidencia de la organización sindical que arrojó datos que más del 60% de los trabajadores tenían la percepción de que sus problemas de salud venían del trabajo constante con agrotóxicos; en el caso del arroz muchos de los productos son mezclas y algunos se activan cuando entran en contacto con el riego.
¿Qué impacto predicen que tendrá la resolución del ministerio?
Una normativa con ese nivel de discrecionalidad puede llegar a poner en riesgo no solo a los trabajadores, sino a los pobladores de esos territorios y a personas ajenas a esas labores. No se va a dar información sobre lo que se está usando, en eventuales casos de intoxicación es un hecho grave carecer de información para tratarlo. [Estamos] en un contexto donde la percepción del riesgo viene aumentando en los trabajadores y la población en general.
¿Qué sectores afecta más?
Agrícola, sobre todo la naranja, la caña de azúcar.
¿Qué beneficio puede tener hoy un empresario al no registrar los agrotóxicos que usa?
Hay un beneficio claro porque este modelo es una de las metodologías que ha concentrado territorio. Hay productos que tienen efectos más residuales que otros, hoy el modelo productivo hay una conexión te diría que a la escala de nuestro país como agroexportador carecemos de conocimiento y de políticas para producir de otra manera. En el sector en el que me toca actuar claramente este modelo con el uso intensivo de agroquímicos generó un cambio estructural porque se basó en un modelo a escala donde los productores chicos no pudieron soportar el costo porque cada vez necesitás más insumo y vas a tener menos producción porque no tenés posibilidad de rotar el suelo.
¿Está generalizada la presencia del prevencionista de seguridad laboral en el ámbito rural?
En muy pocas empresas y con muchas dificultades para revertir las práctica. Es muy común que ocurran renuncias de los técnicos, son sectores culturalmente muy conservadores y por ahí alguna gremial de tercerizados dice que no acostumbran a negociar. Los trabajadores cuando reivindican sus derechos si no están organizados probablemente la respuesta sea el despido.