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Política

Caso Cardama

Sánchez anunció investigación para determinar si hay complicidad de funcionarios públicos

"Ya se pagaron 30 millones de dólares a Cardama y el Estado hará todo lo posible por recuperar los dineros públicos", dijo el prosecretario Jorge Díaz.

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El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario, Jorge Díaz, anunció que el gobierno tomó la decisión de “iniciar acciones” para rescindir el contrato de compra de las dos patrullas oceánicas al astillero español Cardama Shipyard, tras constatar “hechos que ameritan la comunicación por la gravedad que revisten”.

Sánchez afirmó que la administración anterior no tomó “los recaudos para comprobar que la empresa que ofrece esta garantía tuviera la capacidad de hacer frente a esta situación”.

“Si en estos tres días, con estas acciones que se llevaron adelante, se pudo lograr averiguar toda esta información, evidentemente estamos ante una situación muy grave”, aseveró, y agregó que se trata de una situación que “va a requerir una investigación en profundidad” para determinar si en “esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad de funcionarios públicos que actuaron en la administración pública y que no resguardaron la defensa del Estado frente a un contrato millonario”.

Resguardar los recursos públicos

El secretario de Presidencia expresó que Orsi instruyó a que el Estado uruguayo “resguarde los recursos del pueblo uruguayo”. A su vez, planteó que se analizará “en profundidad” tanto en la órbita administrativa como en la judicial “qué tipo de procedimientos se pueden desencadenar para esclarecer estos hechos que tienen esta gravedad”.

Asimismo, debido a que ya se pagaron 30 millones de dólares a Cardama, Díaz aseguró que “el Estado uruguayo hará todo lo posible por recuperar los dineros públicos que efectivamente están en juego”.

El 15 de diciembre de 2023, el gobierno de Luis Lacalle Pou anunció, a través del Ministerio de Defensa Nacional, el contrato de compra de dos buques de patrulla oceánica al astillero español Cardama por US$ 92 millones de dólares.

Javier García, quien fuera ministro en aquel entonces, indicó que la firma supuso “terminar con un proceso de 20 años de frustraciones”, ya que en 2014 el Senado uruguayo ya había aprobado unánimemente una declaración en favor de la compra de los buques, necesarios para el funcionamiento de la Armada uruguaya.

Finalmente, el actual gobierno decidió rescindir el contrato de las dos patrullas oceánicas por irregularidades.

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