A mediados de 2021, el gobierno uruguayo anunció que estaba “casi pronto” el estudio de factibilidad del "Proyecto Neptuno" una iniciativa que pretende utilizar como fuente de agua el Río de la Plata, a la altura de Arazití, en el departamento de San José, para potabilizar y mejorar el abastecimiento.
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Sindicato de OSE denunció intento de privatización del agua potable a través del Proyecto Neptuno que impulsa el gobierno. Foto: PIt-Cnt.
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Ahora que la iniciativa avanza a encaminar su concreción, la Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE), con el respaldo del Pit-Cnt, rechazó el Proyecto Neptuno, por considerarlo "privatizador, inconstitucional e inconsulto a la población".
El Proyecto Neptuno de OSE, previsto a realizarse en el balneario Arazatí, en San José, implica la construcción de una planta potabilizadora, una nueva estación de bombeo y una tubería aductora de 85 kilómetros de extensión.
"Desde FFOSE rechazamos la mercantilización y privatización del agua y de todos los recursos naturales del país", subrayó el presidente del sindicato, Federico Kreimerman. "Este tipo de políticas no solo perjudican a las grandes mayorías sino que benefician a grandes empresas", indicó, al tiempo que agregó que "la privatización de la producción de agua potable antepone el lucro al fin social, contrario al mandato constitucional que considera el acceso al agua como un derecho humano fundamental".
Para la FFOSE, el Proyecto Neptuno significa "un claro intento por parte del gobierno de privatizar la producción de agua potable".
Así las cosas, el sindicato dejó en claro que desaprueba "las privatizaciones en todas las áreas del organismo y del Estado, porque encubren el progresivo deterioro y desmantelamiento, favoreciendo la precarización del trabajo y la ineficiencia de los servicios brindados".
El presidente del sindicato de OSE, Federico Kreimerman, dijo que el proyecto es una propuesta de empresas privadas para construir una nueva planta de agua potable y que tiene un costo de 3.000.000 de dólares; “está la propuesta de que eso se financie con un contrato a 30 años, que operaría la planta y la OSE le compraría el agua potable para luego distribuirla a los usuarios”.
“Estamos hablando de que la OSE pagaría por cada metro cúbico de agua que compraría y le asegura también un canon por disponibilidad, por tener el agua potable pronta y disponible, de 12 millones de dólares por año. Pagaríamos doble: por el agua potable disponible y por el agua potable consumida”, agregó el dirigente sindical.
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