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Sindicales Asociación de Magistrados del Uruguay | Suprema Corte de Justicia | Ministerio de Trabajo

Magistrados reclaman reglamentar su carrera

Desde el 2022 que los jueces uruguayos están en conflicto con la Suprema Corte de Justicia

En el año 2022 una asamblea de jueces organizados en la Asociación de Magistrados del Uruguay resolvió declararse en conflicto con la Suprema Corte de Justicia.

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Por la reglamentación de la carrera de magistrados, los jueces uruguayos se encuentran en conflicto con la Suprema Corte de Justicia y ya han presentado un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo.

Jueces en conflicto

Leonardo Méndez Presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay en diálogo con Caras y Caretas narró los motivos del conflicto.

La resolución de conflicto es de octubre del 2022 cuando asume la directiva actual, pero es un tema que viene de larga data e incluso de anteriores directivas, que es el problema de la falta de transparencia de nuestra carrera judicial. Tuvimos varias instancias, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que fue en marzo del 2023. En ese contexto, nosotros hemos intentado en reiteradas oportunidades con la Suprema Corte de Justicia tener acercamientos como para generar las garantías que estamos reclamando en la reglamentación de nuestra carrera.

La ley del Parlamento

Méndez menciona una ley que fue votada por todos los partidos políticos reglamentado la carrera: "hubo una ley que se declaró inconstitucional y que luego fue derogada, que regulaba esos aspectos de la de la carrera, ley que nunca se aplicó pese a que estuvo vigente más de dos años. Una cuestión bastante delicada, porque las leyes hasta que no son declaradas inconstitucionales deben de aplicarse.Y la Corte la ignoró porque entendía que era inconstitucional. Eso era un pensamiento absolutamente particular de ellos y hasta no haber una sentencia, que luego hubo, no se podría haber desaplicado".

¿ Cuáles serían los puntos que ustedes necesitarían que quedaran reglamentados en la carrera?

El problema más grande que tenemos nosotros con la actual reglamentación, que es el orden administrativo de la Suprema Corte de Justicia, es que sigue perpetuando las situaciones de inequidad en lo que es la carrera de los jueces y la falta de garantías. Menos del 20 % de los jueces son calificados por algo, o sea, por periodo de calificación, lo que hace que en el entorno del 80, a veces el 84 % de los jueces quedan sin calificación y no saben por qué motivos no son aptos para el ascenso. Es decir, todos los funcionarios de la administración, por lo menos del poder judicial, tienen sus calificaciones, las pueden recurrir, se les notifican. Los jueces, además de no ser calificados en un 100 % de lo que es el padrón de jueces, las calificaciones son secretas. Es decir, nosotros no sabemos quién es el calificador que nos califica. Y a su vez tampoco sabemos los fundamentos de esas calificaciones. Simplemente nos dicen, bueno, después que nosotros logramos averiguar ante esa famosa comisión asesora nombrada por la Suprema Corte de Justicia, en ese comunicado nos dicen :"usted tuvo calificaciones tantas o usted no tuvo", pero no conocemos esos fundamentos. Lo cual hace que si bien podemos recurrir el resultado de la lista de ascensos, hay cosas que no podemos recurrir porque no tenemos fundamentos. O sea, si yo no fui calificado, no tengo cómo recurrir de que realmente mi trabajo es bueno y por qué no fue considerado. Parece mentira en el elenco de jueces que estas garantías no las tengamos.

Política discrecional que a veces se expresa en traslados arbitrarios.

Sí, también se da con traslados, pero en definitiva lo que hay es una actuación discrecional de la Corte a un nivel que, a ver, en el derecho moderno constitucional, la discrecionalidad es reglada. Es decir, no puede ser arbitrariedad. La discrecionalidad no se puede transformar en arbitrariedad. Tiene que de alguna manera tener fundamentación. Y en los casos nuestros, si bien la Corte estima que sí la tiene, muchas veces asistimos a la realidad de que no hay fundamentación. Por ejemplo, la lista que se genera, que ellos aluden en ese comunicado por esa comisión asesora que participa hasta un delegado nuestro que a veces no puede mucho controlar aspectos que no conoce, como este que de las calificaciones que yo le estaba comentando, que se genera un orden de prelación. Y claro, la Corte dice es un insumo más que nosotros tenemos para decidir, porque nosotros tenemos el poder absoluto y lo autolimitamos en la medida que entendemos pertinente hacerlo. Entonces ocurre que nombran al número uno, al número dos, al número tres, y de repente nombran al siete, después al 11, y la gente del medio dice: "¿y yo qué pasó? ¿Cuál es el motivo que me saltearon? ¿La Corte?" Le hemos consultado y nos dice no, no, eso es un insumo más. En definitiva, ni las propias reglas que crea la Corte dan ese resultado, que nosotros por supuesto controvertimos, porque no son reglas justas ni transparentes, tampoco son respetadas después a la hora de hacer las designaciones. Entonces, es un escenario complejo que nos llevó a estas instancias que yo le explicaba, tanto en la Comisión Interamericana como en el Ministerio de Trabajo. O sea, lo de la Comisión está en trámite, son cosas lentas, los organismos internacionales, obviamente, y en el Ministerio no tuvimos chance porque la Corte se negó al ámbito tripartito, porque entendía que vulneraba su autonomía. Y en el ámbito bipartito con la Corte no hemos tenido mayores avances. Se han registrado algunas mejoras muy mínimas, pero no, no tenemos avances ciertos.

¿Cuál es el escenario con el ingreso de nuevos Jueces?

En lo que es el ingreso de los jueces, eso sí es bastante prolijo, o sea, se hace a nivel del Centro de Estudios Judiciales, es como un concurso donde realmente la gente tiene que opositar en una prueba conocimiento y luego se tiene que calificar, se tiene que formar durante dos años. Y hace tiempo que la Corte, bastante tiempo que la Corte no designa a nadie que no sea egresado de la escuela judicial. O sea que por ese lado la cosa estaría subsanada.

¿ Que cantidad de jueces están en actividades en este momento?

Somos en el entorno de 550 jueces y afiliados a la asociación en el entorno de 400, tenemos un alto número de afiliados en relación a nuestra masa.

¿Ustedes se declararon en conflicto con la Corte del 2022, qué expresiones podría tener continuar con esta situación de conflicto?

El mandato de asamblea que tuvimos en esa oportunidad es agotar todas las vías disponibles para obtener estos medios. Nosotros ya transitamos internacional, una que fue ante la Comisión Interamericana, estábamos estudiando eventualmente transitar otras, son son vías complejas y costosas. A nivel interno, por supuesto, ya fuimos la instancia ante el ministerio y estamos claro que no prosperó y estamos como les decía con este tema expectantes. A su vez tenemos una acción de nulidad en trámite ante el TCA contra la acordada que regula nuestra carrera, que es esta norma administrativa que yo le comentaba. Cuestión que todavía no hemos tenido sentencia. Es decir, estamos siempre movilizados en este aspecto. Y por supuesto seguimos insistiendo a nivel de la Corte y mantenemos en acción todos estos frentes y eventualmente los que se puedan abrir. Si tuviéramos una decisión de la Corte en el sentido de llevar nuestro planteo, nosotros por supuesto estaríamos dispuestos a analizar nuestro parque de acciones, pero hasta ahora no hemos tenido mayor respuesta.

El Comunicado de la Corte

Con fecha 22 de abril de este año la Suprema Corte de Justicia emitió un comunicado al que alude nuestro entrevistado, donde el principal organismo del Poder Judicial planteaba:

"Ante versiones totalmente erróneas que circulan en la prensa en relación a la forma de ingreso al Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia estima necesario efectuar ciertas precisiones: La ley 18.362 estableció en su art. 413: “El ingreso de funcionarios en cualquiera de los escalafones del Poder Judicial, salvo los correspondientes a los cargos de la judicatura según lo establecido en el artículo 59 de la Constitución de la República, sólo podrá realizarse mediante concurso de oposición y méritos o de méritos y prueba de aptitud. En los escalafones correspondientes al personal de oficios o servicios auxiliares podrá realizarse mediante sorteo.”

En ese sentido, al menos desde el año 2008, el ingreso al Poder Judicial de funcionarios administrativos y profesionales (informáticos, defensores públicos, actuarios, etc.) se hace exclusivamente por concurso de oposición y méritos.

Por otra parte, en relación a los funcionarios auxiliares, el art. 435 de la ley 20.212 (Rendición de Cuentas del año 2023) estableció una modificación de grados del escalafón administrativo, eliminando la categoría “auxiliares”, por lo que, tácitamente, esa norma derogó la posibilidad del ingreso de personas al cargo de auxiliar por sorteo. Importa destacar que esta norma fue remitida por la Suprema Corte de Justicia en su rendición de cuentas, artículo que fue recogido por el Parlamento Nacional. En relación al ingreso de Magistrados, corresponde destacar que, desde hace muchos años, la Suprema Corte de Justicia decidió autolimitar sus potestades constitucionales (art. 239 Constitución), estableciendo por práctica la designación de ingreso de magistrados en función del orden de prelación resultante del listado de aspirantes a magistrados del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay (CEJU).

Por su parte, la modificación del art. 79 de la Ley 15.750 (art. 441 L. 20.212), estableció la prioridad del ingreso como magistrados de quienes hubieren cursado y aprobado el curso que brinda el Centro de Estudios Judiciales. Ello en línea con la inveterada práctica llevada adelante por esta Corporación (...) Por último, en relación al ascenso de magistrados, la Acordada Nro. 8.140, del año 2022, estableció que la Comisión Asesora de la Suprema Corte de Justicia en materia de ascensos, deberá tomar en consideración diversos ítems para la conformación de las listas de los magistrados más aptos para el ascenso, a saber: calificación de los superiores procesales; resultado del concurso de oposición; méritos y deméritos del legajo funcional y los resultados de las pruebas de capacitación permanente y obligatoria de los cursos del CEJU, entre otros. Las decisiones se toman, normalmente, por unanimidad, existiendo amplio consenso y excelente relacionamiento entre los integrantes de la Comisión a la hora de la conformación de las listas de ascensos.

La Comisión Asesora se integra por:

- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia. (Normalmente su Presidente)

- Dos Ministros de Tribunales de Apelaciones (uno designado por la Asociación de Magistrados del Uruguay).

- Un abogado en ejercicio de la profesión, designado por el Colegio de Abogados del Uruguay. (Normalmente su Presidente)

- Un profesor designado por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

- Un profesor designado como representante de las Facultades de Derecho de las Universidades Privadas.

En ese sentido, la amplia y plural conformación de la Comisión permite garantizar la más absoluta transparencia en los listados de los magistrados más aptos para el ascenso. Listados que, a fin de cuentas, son los utilizados por la Corte para realizar los ascensos respectivos. En definitiva, como podrá apreciarse, de las diversas formas de acceso de personas para prestar servicio en el Poder Judicial, ninguna es opaca o discrecional. Muy por el contrario, el Poder Judicial se enorgullece de que las formas de ingreso sean absolutamente transparentes, en línea con las mejores prácticas democráticas y republicanas que garantizan que todas las personas tengan las mismas oportunidades".

La respuesta al comunicado esta en las declaraciones de Méndez y en el comunicado público emitido por la A.M.U.:

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