Dos apartamentos para sumar al activo
El abogado de Carrasco e Iewdiukow, Jorge Barrera, anticipó que no se opondrá al pedido de formalización de la investigación de la Fiscalía contra sus patrocinados. Confirmó que sus clientes pusieron a disposición de la Justicia dos apartamentos para destinar a la reparación patrimonial a los damnificados. "Ambos declararon sobre su participación en el negocio de Conexión Ganadera y Hernandarias XIII y le comunicaron a la Fiscalía que, aunque aún no hayan sido contestados oficialmente los oficios enviados a España, aportaban en ese acto (la audiencia), no solo la existencia de un bien inmueble en Madrid, sino que se puso a disposición de la investigación la propiedad de un apartamento en Maldonado (Punta del Este) para que se integre a la reparación de los inversores", afirmó.
"Junto con las propiedades de esos apartamentos, que ya quedaron a disposición de la Fiscalía, mis patrocinados aportaron toda su versión de los hechos", aseveró. Barrera destacó la disposición de Carrasco y su esposa a colaborar siempre que le fue requerido durante el proceso de investigación fiscal. "No hay razón para oponerse a una solicitud de formalización con ese estándar y teniendo presente que siempre ha estado guiado por razones de lealtad procesal", afirmó el abogado.
¿Qué penas podrían caer sobre los responsables?
Por el momento hay un solo imputado por la corrida de los fondos ganaderos iniciada a mediados del año pasado, que impactó en la opinión pública entre fines de 2024 y comienzos de 2025, con el suicidio de Gustavo Basso el pasado 28 de noviembre en Florida (aparentemente inducido por un pesado acreedor) y las reuniones en las que Pablo Carrasco admitió la caída del esquema Ponzi ganadero.
El efecto dominó comenzó en el invierno de 2024, cuando Grupo Larrarte (que ofrecía una inversión en ganado con una renta fija anual del 11,3 %) comenzó a recibir los primeros reclamos de sus inversores por el incumplimiento en los pagos y al mismo tiempo empezaron a descubrir que no tenían el ganado por el que habían invertido o tenían muchas menos vacas de las que creían haber comprado.
Las primeras denuncias contra Jairo Larrarte se debieron a la falsificación de una firma para que el ganado de una persona pasara a manos de Grupo Larrarte. Vacas que no estaban registradas en el Dicose, el número de registro único en el MGAP, adjudicado a un solicitante (razón social) que es solamente tenedor de ganado.
En octubre, la empresa reconoció que se encontraba enfrentando un “proceso de reorganización productiva y financiera con el objetivo de cumplir con las obligaciones asumidas con los inversores que han confiado en la empresa” y empezó la debacle de los fondos ganaderos que sigue hasta el día de hoy, con un reciente y similar comunicado de Portfolio Capital del escritorio de Berrutti.
En abril de este año, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Alejandro Machado, solicitó la formalización para Jairo Larrarte por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, estafa y libramiento de cheques sin fondo, y la jueza Marcela Vargas decretó cuatro meses de prisión preventiva para el imputado.
Según el Código Penal uruguayo (Ley N° 9.155), el delito de estafa se castiga con 6 meses a 4 años de penitenciaría, pudiendo agravarse si se comete para obtener un provecho económico significativo o en perjuicio de múltiples víctimas. En casos de estafa especialmente agravada o en concurrencia con otros delitos (como lavado de activos o apropiación indebida), las penas pueden extenderse hasta 7 años de penitenciaría. Sin embargo, los antecedentes son auspiciosos para los investigados.
En 2018, el director de Estancias del Uruguay, Ramiro Olaso, estafó a inversores rurales en U$S 6 millones y acordó en 2019 con el fiscal Enrique Rodríguez (el mismo que investiga la estafa de Conexión Ganadera) una pena más leve a cambio de declararse culpable por un delito continuado de estafa en concurrencia fuera de la reiteración real y otro de falsificación ideológica.
Olaso pasó solo un año y medio en prisión efectiva en la cárcel y seis meses con prisión domiciliaria.
La maniobra de Olaso —fundador de los grupos de Centros Regionales de Experimentación Agropecuaria (CREA)— consistía en "estratagemas y engaños artificiosos" para captar a inversores. Según el fiscal, también se basó en hacer figurar en las guías de ganado del MGAP una cantidad de animales inexistente.
En el caso de Conexión Ganadera, uno de los elementos que demuestra la magnitud de la estafa es que, de las 800 mil cabezas de ganado declaradas por la empresa en el MGAP, solo pudieron localizarse en los campos unas 75 mil vacas.
Remates de ganado
El pasado martes, la casa de remates Bavastro, junto con Arrosa y Muñoz S. A., remató 11.178 vacas que pertenecían a Conexión Ganadera, que forman parte de la liquidación concursal de los activos biológicos de la compañía, en cuya liquidación judicial se estipula la venta “ordenada” de ganado por parte del síndico Ciavattone.
En este primer remate de la liquidación concursal se colocó el 100 % de la oferta, en su mayoría vacunos de raza angus y sus cruzas que se encontraban en campos de Artigas, Cerro Largo, Maldonado y Rocha. A fines de este mes se realizará otro remate de ganado de campos de Paysandú y Río Negro.
Según Blasina y Asociados, los terneros de menos de 140 kg fueron colocados a una media de 3,09 dólares y 405 dólares al bulto; terneras a 2,73 dólares; las vaquillonas de más de 2 años a 1,99 dólares; las vacas de invernada 1,79 dólares; vientres preñados 779 dólares; las piezas de cría a 417,68 dólares y toros a 898 dólares.
¿Cómo sigue la investigación penal?
El anuncio de las inminentes imputaciones de Carrasco, Iewdiukow y Cabral se dio luego de una larga ronda de indagatorias por parte del fiscal Rodríguez que terminó esta semana con el interrogatorio de Pablo Carrasco y Daniela Cabral.
En las semanas anteriores habían declarado varios exjerarcas y mandos medios de la empresa y de empresas satélites, entre ellos el administrativo de Conexión Ganadera, Diego Quiroga; el exgerente operativo de cuentas de Conexión Ganadera, Rodolfo Flores; el responsable de Pasfer (unas de las empresas tomadoras de ganado), Maximiliano Rodríguez y dos contadores, Ricardo Giovio, quien fue contratado en enero por Pablo Carrasco para que realizara un informe contable del estado de situación de la empresa, que reconoció el esquema Ponzi; y quien fue el contador desde los inicios de la empresa, Juan Carlos Santeugini, cuyo testimonio complicó al exgerente general de Conexión Ganadera, Martín Bartol, quien a través de Pasfer firmaba contratos con inversores.
Según el abogado Juan Pablo Decia, “Bartol era el cerebro de Conexión Ganadera, era la mano derecha ejecutiva de Basso. Era quien organizaba todo el negocio. Y fue quien llevó adelante la expansión de la marca Stradivarius” encabezada por Carrasco y Iewdiukow.
La investigación del fiscal Rodríguez continua con foco en la trazabilidad del dinero, para lo cual procuró identificar bienes, sociedades anónimas offshore y más de treinta empresas relacionadas a los titulares y al esquema de Conexión Ganadera. En ese sentido, envió exhortos a Estados Unidos, Andorra, España y Panamá, donde se habían detectado bienes y transferencias vinculadas a los indagados.
A fines de mayo, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto sobre los registros de Martín Bartol en Dicose. La jueza Olivera instruyó al MGAP a que por medio del Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) remita “toda la información que obre en su poder sobre la persona física Martín Bartol”. Solicitó que se identifiquen “los números de Dicose que tenga a su nombre” y “quién es el operador de sus Dicose”, y “adjunte las declaraciones juradas anuales de existencia de ganado pertenecientes a los años 2017 a 2025 de cada uno de los aludidos”.
“Este pedido se enmarca en las sospechas fundadas de que Bartol cumplía un rol activo y de relevancia en la organización”, dijo el Dr. Decia a Montevideo Portal. “Son señales claras de la Fiscalía en cuanto a que la investigación no se reduce al matrimonio Carrasco-Iewdiukow y Basso-Cabral, sino que está orientada a que respondan penalmente todos los actores que desde diferentes roles hicieron posible esta estafa”, añadió.
En ese sentido, el fiscal Rodríguez advirtió que la información solicitada al MGAP es relevante por los cargos que ocupaba Bartol tanto en Conexión Ganadera como en la administradora de ganado Hernandarias (y Pasfer), donde figuraba como tomador en la firma de contratos. Rodríguez sostuvo que Bartol tuvo “un rol protagónico en los hechos que se investigan”.
