¿Cómo ha sido el balance de este año en materia de violencia de género? ¿Los casos han aumentado o la situación se mantiene estable?
Es difícil valorarlo solo en números. La sensación, mirando los datos del Ministerio del Interior y los femicidios, es que nos mantenemos en un promedio anual constante. Sin embargo, lo más relevante este año son dos fenómenos. Por un lado, cómo ha crecido la idea de la "falsa denuncia" y su impacto en el sistema de justicia. Hemos visto un pico en situaciones donde el sistema no ve los antecedentes de violencia y ordena revinculaciones y visitas de forma sistemática. Hay un desconocimiento de cómo la violencia de pareja afecta directamente a los niños.
Por otro lado, el aumento de denuncias no es necesariamente un indicador de que haya más casos, sino de que las mujeres se animan más a pedir ayuda. Se ha logrado establecer socialmente que la violencia de género es una vulneración de derechos humanos y que nadie tiene derecho a controlar o someter. El problema es que, aunque se reconoce la gravedad del tema, ahora se cuestiona si las víctimas son realmente víctimas.
Usted menciona un "discurso de sospecha". ¿De dónde proviene y qué consecuencias está teniendo en los juzgados?
Ha ido ganando terreno un discurso promovido por movimientos antiderechos y por los propios violentos sobre la manipulación que harían las mujeres del sistema y de sus hijos para "vengarse".
Esto se legitimó con la votación de la Ley de Corresponsabilidad en la Crianza. Este discurso de sospecha ha generado mucho daño porque instaló una alarma en un sistema de justicia al que ya le costaba mucho analizar los factores de riesgo. Aparece este contramovimiento y siembra dudas sobre las prácticas judiciales, dejando un escenario muy peligroso para las mujeres y sus hijos.
¿Qué medidas urgentes se necesitan para mejorar la situación del país?
Primero, una disputa ideológica fuerte. Necesitamos campañas de difusión masivas, como las del dengue o tránsito, para que la población avizore la dimensión enorme de este problema. La segunda encuesta de prevalencia dice que 8 de cada 10 mujeres uruguayas han sufrido alguna forma de violencia. No hay conciencia real de esa gravedad.
Segundo, incorporar el tema en la currícula educativa desde el CAIF hasta la Universidad. Hay que formar a los docentes y transversalizar la temática para construir vínculos libres de estereotipos y modelos de masculinidad que no estén traccionados hacia la dominación.
Y tercero, inversión para implementar la Ley 19.580. Necesitamos juzgados multimateria con jueces especializados, no cualquier juez que pase por ahí para seguir su carrera. Se requiere formación, sensibilidad y equipos técnicos con recursos para hacer pericias a tiempo. Hoy, un perito tiene 45 minutos para evaluar a un niño; es imposible que en ese tiempo un niño revele un trauma ante un desconocido.
Según UNICEF, uno de cada tres niños uruguayos sufre violencia emocional y uno de cada cuatro sufre violencia física. Además, el 80% de las denuncias por delitos sexuales en Uruguay tienen como víctimas a niños, niñas o adolescentes. Estamos ante un problema muy serio de desprotección.
Este año se ha hablado mucho de "violencia vicaria". ¿Cómo analiza el avance de este concepto en el contexto uruguayo?
La violencia vicaria, es decir, usar a los hijos para dañar a la mujer no es nueva, pero es positivo que la institucionalidad la esté visibilizando. Las mujeres hoy tienen más red y apoyo para separarse, y cuando el agresor pierde el poder sobre ellas, utiliza a los hijos para castigarlas. El extremo es darles muerte.
Lo que nos preocupa es cómo los agresores encuentran en el sistema de justicia una vía para amplificar esa violencia. Como el sistema está permeado por el mito de la denuncia falsa, los agresores logran disputar tenencias o revinculaciones forzadas.
Hay jueces que han entregado niños a abusadores porque en lo penal la causa se archivó muchas veces por falta de pruebas ante la dificultad de escuchar el relato infantil y el juez de familia entiende que si no hay reproche penal, debe facilitar las visitas.
Hemos tenido casos donde, tras una revinculación forzada, el padre vuelve a abusar del niño y recién ahí se logra la condena. Esto no puede suceder.
Un sistema no puede retraumatizar a un niño obligándolo a convivir con su agresor.
¿Cuál es el papel de la Universidad en esta transformación?
Fundamental. La Universidad de la República (Udelar) debe incorporar la violencia basada en género en sus currículas de grado. Necesitamos profesionales de todas las áreas que salgan formados para responder a uno de los problemas más graves que enfrentamos. La Ley 19.580 marca la hoja de ruta, pero falta voluntad política e inversión para que no sea solo letra muerta.
