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Política Cardama | irregularidades |

Ampliación

Firmas truchas: el gobierno endureció la denuncia penal contra Cardama

El gobierno amplió la denuncia por la compra de patrulleras a Cardama e incorporó una pericia que advierte firmas no originales e irregularidades en garantías.

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El gobierno presentó este martes, sobre las 11:00 horas, una segunda ampliación de la denuncia penal contra el astillero español Cardama, empresa a la que el Estado adquirió patrullas oceánicas. La instancia se concretó en la Fiscalía y contó con la presencia de representantes del Área Jurídica de Presidencia de la República.

La nueva ampliación incorpora una pericia solicitada por el Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior, que analiza específicamente la documentación de garantía presentada por la empresa. Según explicó la semana pasada el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, el informe concluye que no existe firma digital válida, que la firma no es original y que se detectaron al menos tres documentos con la misma firma calcada, ubicada exactamente en el mismo sello y lugar.

Firmas truchas

“Es una pericia sobre el documento específico de garantía, que dice que no hay firma digital. Que la firma no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada”, indicó Díaz en una entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10.

Esta nueva presentación se suma a la primera ampliación de la denuncia penal realizada el 28 de noviembre pasado, también ante Fiscalía. En aquella oportunidad, Presidencia incluyó un informe de un notario español que ya advertía sobre la presunta falsedad de los documentos vinculados a la garantía contractual.

Irregularidades

Díaz sostuvo que, de acuerdo con los informes semanales que recibe el Poder Ejecutivo, existen incumplimientos por parte de Cardama en la construcción de las patrulleras. Además, señaló que la empresa no cuenta con experiencia previa en la fabricación de este tipo de embarcaciones y afirmó que el proceso de compra está rodeado de un “cúmulo de irregularidades”.

“Si ese cúmulo de irregularidades las hubiésemos hecho nosotros era un escándalo, hubiera ardido Troya”, expresó el prosecretario. También apuntó que dos funcionarios que participaron del proceso durante el gobierno anterior, cuando se desempeñaban en el Ministerio de Defensa, actualmente están en comisión en el despacho del senador Javier García.

En este contexto, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, aseguró este lunes que el gobierno no realizará nuevos desembolsos vinculados al contrato mientras el caso continúe en la órbita judicial. “No estamos dispuestos a dar un paso más en materia de pagos hasta tanto esto, que está en un proceso judicial, se resuelva”, afirmó.

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