Evalúan cambio de paradigma para abordar la violencia sexual contra infancias y adolescencias

Barnahus significa “casa de las niñas y los niños” en islandés e implica “un modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima”. Así lo define en su sitio web Save The Children, una organización dedicada a la defensa de los derechos de las infancias que fomenta la propuesta. “Se trata de una casa, lejos de comisarías y hospitales, que cuenta con un entorno amigable para los niños: decoración adaptada a su edad y profesionales especializados en victimología infantil”, detalla la organización.

En el mes de noviembre representantes del Estado, especialistas y la sociedad civil participaron de un seminario en el que se abordó en profundidad este modelo de atención, y que tuvo como principal expositor al exdirector del Servicio de Protección Infantil de Islandia, Bragi Gudbrandsson, su creador. El evento contó con la participación de la ministra de Salud Públia Cristina Lustemberg; la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero; la ministra del Tribunal de Apelaciones de Familia de segundo turno, Alicia Álvarez; el representante de del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Uruguay, Francisco Benavides, y la directora de la organización civil El Paso, Andrea Tuana.

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Hacia su aplicabilidad en Uruguay

El Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología (Universidad de la República), con el Sipiav e Inau como contraparte, presentó un proyecto de investigación que busca evaluar la viabilidad de este modelo en Uruguay, que ya fue aprobado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Udelar (CSIC) y que se pondrá en marcha en 2026.

Para conocer más detalles sobre el modelo Barnahus, saber qué objetivos persigue la investigación, cuáles serán sus áreas de trabajo y qué expectativas hay sobre su aplicabilidad, Caras y Caretas dialogó con los docentes Raquel Galeotti y Néstor Rodríguez, responsables del equipo investigador.

Los académicos explicaron que la viabilidad de aplicar el modelo en Uruguay no surge de una iniciativa aislada, sino de un proceso de trabajo sostenido desde la academia en articulación con el Estado. Rodríguez enmarcó la propuesta dentro de la trayectoria del Programa de Género, Sexualidad y Salud Reproductiva del Instituto de Psicología de la Salud, que desde 2016 desarrolla una línea específica sobre violencia sexual. Según señaló, se trata de un trabajo que combina extensión, investigación y docencia, con una lógica de alianzas institucionales orientadas a la producción de evidencia para incidir en políticas públicas. “Ese es el marco general del cual surgen varias propuestas, esta es una de ellas”, afirmó.

En ese contexto, Rodríguez indicó que el equipo mantiene como práctica sistemática el seguimiento de experiencias internacionales y de modelos que hayan demostrado resultados positivos frente a problemas sociales complejos. “Siempre tratamos de ver qué es lo que se está haciendo en el mundo y qué cosas son las que funcionan, las mejores prácticas sustentadas en evidencia”, explicó, y precisó que en esas búsquedas identificaron el modelo Barnahus.

El docente detalló que el proyecto de investigación tiene varios objetivos: “Evaluar en primer lugar si el modelo es viable en el contexto uruguayo; identificar, en caso afirmativo, qué adaptaciones serían necesarias en distintas áreas; y analizar el grado de aceptabilidad que podría tener entre los actores institucionales involucrados”. Ese enfoque gradual y evaluativo es el que, según los investigadores, permite fundamentar la pertinencia de trasladar una experiencia internacional al escenario local.

Consultados sobre la dinámica de la investigación, Galeotti señaló que se trata de un estudio “complejo”, por la cantidad de actores involucrados. En este sentido, explicó que uno de los ejes centrales es la identificación y participación de los distintos sistemas que integran el modelo Barnahus, ya que “incluye la parte de justicia, la parte de protección y la parte de tratamiento”.

El equipo prevé aplicar el método Delphi, una herramienta de consulta dirigida a personas que trabajan directamente en esas áreas, a partir de preguntas vinculadas al funcionamiento general del modelo. Según detalló la investigadora, “el proceso se organizará en tres rondas de consultas a actores de los tres sistemas, a las que se sumarán entrevistas con tomadores de decisión”.

El proyecto también incorpora un componente económico, a través de la participación de un economista, que buscará estimar el costo que implicaría la implementación del modelo en Uruguay. “Requiere una casa en determinado lugar y recursos específicos asignados. Todos los que trabajan van hacia el niño y no al revés”, subrayó. El diseño metodológico se completa con rondas de consulta, grupos focales para validar resultados, un análisis presupuestal y una revisión sistemática de la efectividad del modelo, que servirá de insumo para las consultas.

¿Por qué el modelo Barnahus?

En Uruguay existe un problema claramente identificado en la práctica institucional vinculada a la atención de casos de abuso en infancias y adolescencias, aseguró Rodríguez. Aunque reconoció que hay escasa producción de evidencia sistematizada, señaló que operadores estatales y administradores sociales coinciden en que los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual atraviesan recorridos institucionales con “fuertes impactos revictimizantes”. Esa constatación, explicó, fue el punto de partida para pensar la posible aplicación del modelo en el país, en el marco de un proyecto vinculado al programa de investigación e innovación orientado a la inclusión social de la CSIC.

Recordó que el modelo, “surge en Islandia y retoma antecedentes de Estados Unidos, en particular de los Child Advocacy Centers [Centros de Defensa de las Niñeces]”, que tienen “una forma de trabajo similar” y “vienen dando resultados interesantes en términos de poner como centro de las intervenciones a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas, a la vez que tiene impacto en la disminución de los procesos de revictimización en casos de violencia sexual”.

Rodríguez agregó que la complejidad del dispositivo de atención está dada porque “implica la interacción de diversos actores institucionales bajo un mismo techo”, lo que a la vez “implica un cambio de paradigma de cómo concebir el acceso a la justicia como derecho de niños, niñas y adolescentes”. Según explicó, en el esquema actual, cuando se denuncia una situación de violencia sexual, se activa un proceso penal y de mecanismos de protección que expone a la víctima a un recorrido por múltiples instituciones.

Ese tránsito, advirtió, tiene consecuencias concretas. “Empieza todo un ‘trasiego’ que lo lleva a transitar por distintos ámbitos institucionales”, afirmó, y remarcó que la reiteración del relato es un factor ampliamente estudiado por su impacto traumático. “Relatar varias veces una historia de abuso tiene un impacto directamente en el psiquismo en términos de trauma”, sostuvo. A ello se suma, indicó, una “pérdida en la calidad del estándar de prueba”, que se requiere para delitos de “oculta realización”, donde el testimonio de la víctima es fundamental.

El docente reconoció que “existe un nivel de revictimización inevitable en el proceso penal, dado que no es posible avanzar sin el testimonio de la víctima”, pero señaló que hay un segundo factor crítico vinculado a los tiempos judiciales. “La justicia tarda, y esa demora tiene efectos que son diferentes de acuerdo al tipo de víctima y de delito”, advirtió.

En ese sentido, explicó que avanzar hacia el modelo Barnahus implica un cambio de paradigma que requiere acuerdos interinstitucionales, políticos, e incluso modificaciones normativas. No se trata, subrayó, de una cuestión de voluntad aislada, sino de la necesidad de un estudio profundo que genere evidencia sólida para orientar a los decisores. Recordó además que el modelo cuenta con diez estándares de calidad y que, si bien admite cierta flexibilidad, ya ha sido implementado en 28 países, ninguno de ellos en América Latina.

Con respecto a las experiencias internacionales disponibles, Rodríguez sostuvo que los antecedentes del modelo se concentran principalmente en países nórdicos y, más recientemente, en España, lo que permite identificar algunos puntos de comparación con Uruguay, aunque con diferencias estructurales significativas. “En primer lugar, son economías diferentes”, advirtió, y subrayó que Uruguay, con una población de tres millones de habitantes, no puede equipararse a esos países. En ese sentido, remarcó que uno de los interrogantes centrales pasa por definir “qué asignaciones presupuestales se van a hacer”.

Galeotti también se refirió a los requerimientos técnicos y profesionales que el modelo exige. Indicó que uno de los componentes clave es la formación específica de los equipos, como, por ejemplo, la que requiere la entrevista forense, que constituye un estándar de calidad del Barnahus. Agregó que el tratamiento psicoterapéutico abre otra serie de definiciones, vinculadas a las perspectivas teóricas desde las cuales se trabajaría. Según explicó, el modelo supone instancias permanentes de preparación y evaluación.

A esto se suma, agregó Rodríguez, que en este modelo son las instituciones las que se deben mover en torno al niño, por lo que hay que preguntarse también cómo se implementaría la intervención médica forense. En este escenario, Rodríguez enfatizó que la puesta en marcha del modelo requiere la construcción de acuerdos interinstitucionales complejos. Se trata, explicó, de un proceso de “entretejer” vínculos que no solo implican el reconocimiento mutuo de las distintas experticias, sino también la legitimación recíproca entre organismos. “Hay que dilucidar quién está legitimado para liderar esto”, afirmó, y concluyó que de esa definición dependen, en buena medida, las posibilidades de éxito o de fracaso de la implementación del modelo.

Políticas públicas basadas en evidencia

Sobre las expectativas que orientan el proyecto y el sentido que le asignan a la investigación, Galeotti expresó: “Tenemos una expectativa académica de generar luz sobre lo que muchas veces se dice pero no está documentado”, afirmó, y explicó que el interés está puesto en registrar el proceso de discusión, identificar los puntos ciegos y delimitar las posibilidades reales de avance, de modo de contribuir a la formulación de políticas públicas basadas en evidencia.

En esa línea, advirtió que “en Uruguay es difícil encontrar documentación que demuestre dónde se produce la revictimización”, por lo que consideró que el estudio puede generar “riqueza en términos de los insumos” para pensar la eventual aplicación del modelo Barnahus en el país.

Rodríguez coincidió al señalar que “las políticas públicas resultan más eficaces cuando se apoyan en evidencia empírica”, y que uno de los desafíos centrales del proyecto es traducir conceptos complejos en indicadores medibles. En ese sentido, planteó la importancia de “operacionalizar el concepto de revictimización” a partir de variables concretas, como la cantidad de veces que la víctima debe relatar los hechos y el tiempo que transcurre desde la denuncia hasta la sentencia.

Añadió que otros indicadores relevantes son los mecanismos reparatorios y las garantías de no repetición, y remarcó la necesidad de construir una línea de base que permita evaluar eventuales cambios. “Necesitamos construir una línea de base para saber si, tras una implementación o piloto, los tiempos de espera disminuyeron o si se generaron mecanismos de reparación”, explicó. Sin ese punto de partida, advirtió, resulta muy difícil respaldar una política pública.

Finalmente, señaló que en Uruguay no es habitual contar con evaluaciones robustas que permitan determinar qué políticas sostener, cuáles ajustar y cuáles descartar. “Estamos entusiasmados con generar evidencia para un área tan sensible como la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes”.