El centro educativo comunicó su cierre tres meses antes, tal como plantea la ordenanza que regula la educación privada y que fue aprobada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en el gobierno anterior. En el comunicado, la institución planteó que en la situación actual es imposible hacer frente a las obligaciones en 2026 y, de todas formas, mostró su compromiso de culminar el actual año lectivo y de hacerse cargo de "todas las erogaciones salariales" de los trabajadores.
Cierre ordenado
Sergio Sommaruga, dirigente del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Privada (Sintep), lamentó el cierre del colegio Inmaculada Concepción, pero dijo que no tomó por sorpresa a los trabajadores. Según contó, Sintep venía en proceso de negociación colectiva con los directivos del colegio desde hace tiempo y de forma "intensa" en el último año. Sommaruga señaló que "el proceso de debilidad de Los Vascos venía desde tiempo atrás", pero "se profundizó" en el último tiempo por problemas estructurales del sector.
Según el integrante de Sintep, si bien se hicieron intentos para la continuidad del proyecto, estos "fueron insuficientes, porque no sólo depende del esfuerzo que puedan hacer los trabajadores y los acuerdos que pueda hacer el sindicato, sino que hay factores más estructurales que tienen que ver con los problemas de liquidez y de inversión que ya se venían agotando hace mucho tiempo".
El dirigente indicó que ahora las energías del sindicato estarán en que el proceso de cierre sea ordenado y se dé dentro de "parámetros razonables". Por ejemplo, habló de la necesidad de garantizar que el pago de erogaciones se realice para todos los trabajadores, tal como se comprometió el colegio, y que el traspaso de la matrícula a otras instituciones sea ordenado, para "darles tranquilidad" a estudiantes y familias.
Plantean revisión normativa
Sintep planteará a autoridades de ANEP la profundización de la revisión normativa de la educación privada aprobada el año pasado. Hace un par de años, cuando se dio el cierre de varios colegios, el sindicato había planteado la necesidad de que el Estado actualice la normativa del sector. "En Uruguay es más sencillo abrir un colegio privado que sacar una licencia para tener un taxímetro", reiteró Sommaruga.
Si bien ANEP actualizó la ordenanza que regula la educación privada el año pasado, y el sindicato valora positivamente algunos de los cambios realizados, Sommaruga aseguró que hay otra serie de problemas estructurales que siguen sin ser atendidos. Más allá de que hay variables sociales, como la baja de la natalidad que viven Uruguay y varios países a nivel mundial, que inciden en los problemas de matrícula que se viven en el sector, el sindicalista marcó que hay otros que tienen que ver con la forma en que está regulada la actividad de los colegios en el país. Por ejemplo, Sintep ha planteado la necesidad de que existan más requisitos en cuanto a la definición de un proyecto pedagógico para abrir un colegio.
En esa línea, argumentó que, a causa de las facilidades para la apertura de institutos de enseñanza, el sector privado cuenta con "más colegios que lo que la matrícula puede soportar". Si bien dijo que atacar ese asunto no evitará que las instituciones que tienen una mayor fragilidad económica cierren, al menos se evitarían problemas "permanentes de inestabilidad institucional".
Sommaruga señaló que el viernes Sintep tiene una instancia bipartita con ANEP en la que trasladarán la necesidad de profundizar los cambios normativos realizados en el gobierno anterior.
