En este encuentro representantes gubernamentales, organismos internacionales, especialistas, academia y organizaciones de la sociedad civil abordarán los desafíos de la agenda regional referidos a políticas de población y derechos sexuales y reproductivos. Se analizará, por ejemplo, cómo los cambios demográficos —como el envejecimiento de la población y el descenso de la fecundidad— obligan a rediseñar las políticas públicas sin perder de vista los derechos humanos.
Entre los ejes de trabajo, el seguimiento al Consenso de Montevideo será uno de los más destacados. Se trata del acuerdo regional más progresista y ambicioso para garantizar los derechos de mujeres, jóvenes, personas mayores, migrantes, pueblos indígenas y la comunidad LGBTQIA.
La inauguración del evento, prevista para la tarde del 18 de agosto, contará con la presencia de figuras clave como José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL; Diene Keita, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); y del presidente Yamandú Orsi junto a la ministra de Salud Pública uruguaya, Cristina Lustemberg.
Abracinskas: "Defender derechos frente a la ultraderecha cavernaria"
Organizaciones como MYSU (Mujer y Salud en Uruguay) estarán presentes junto a redes feministas regionales para vigilar que los Estados no cedan ante las presiones de grupos "antiderechos". De hecho, el programa incluye más de 30 eventos paralelos, entre ellos el foro de MYSU sobre la polarización en los debates de políticas de población y el primer foro regional del sector privado enfocado en inversión de impacto.
En diálogo con Caras y Caretas, Lilián Abracinskas, referente de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), la realización de esta conferencia en Montevideo tiene una “importancia sustantiva” que remite al "cambio de paradigma" iniciado en los años noventa.
La activista explicó que, antes de la cumbre de El Cairo en 1994, las poblaciones estaban supeditadas al desarrollo económico, lo que derivó en la implementación de “políticas de control natalista violatorias de derechos” aplicadas de forma compulsiva sobre mujeres pobres, afrodescendientes y de pueblos originarios. "En ese momento, un país desarrollado era considerado aquel que, entre otras cosas, controlaba la pobreza a través de controlar el crecimiento de la población pobre", señaló.
Por otro lado, Abracinskas destacó el protagonismo que tuvieron los feminismos en este proceso: "El movimiento feminista y el movimiento de mujeres, a nivel internacional, comenzó a denunciar, en el marco de las conferencias internacionales de Naciones Unidas, las políticas hacia el cuerpo, la sexualidad y la reproducción que avasallaban los derechos de las mujeres".
La entrevistada también recordó que, en aquellas épocas, "teníamos una enorme cifra de mortalidad de mujeres por embarazo, parto, pérdida y aborto", y lo vínculó con el surgimiento de políticas maternoinfantiles. "Estas políticas solo atendían los requerimientos de las mujeres cuando estaban embarazadas y parían. Todo lo que tenía que ver con políticas de prevención; de autocuidado; de libertad para el ejercicio de una sexualidad segura, libre y placentera; quedaba sujeto a la capacidad de pago y conocimiento de las mujeres".
"En Uruguay, hace muy pocos años que los métodos anticonceptivos forman parte de la política pública. Recién entre el 2000 y 2004 se incorporó como una de las medidas prestacionales dentro de los servicios de salud. Hasta ese entonces lo hacían asociaciones privadas o la capacidad de bolsillo para comprar en el mercado".
Abracinskas enfatizó que el gran giro conceptual de esta etapa, que se alcanzó en El Cairo, fue entender que “no hay desarrollo posible si no está basado en los derechos de los seres humanos”, desplazando el indicador meramente económico por uno centrado en el bienestar, la igualdad y el acceso a una vida digna.
Al analizar el valor del Consenso de Montevideo alcanzado en 2013, la entrevistada lo definió como el acuerdo multilateral del sistema de Naciones Unidas “más de avanzada en este campo”, destacando que "reconoce a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y no meros seres tutelables", además de blindar la autonomía de las mujeres.
Sin embargo, advirtió que la región atraviesa un momento crítico donde fuerzas históricamente opositoras a estos avances han ganado terreno. Según Abracinskas, "por eso es tan importante defender el Consenso de Montevideo", en un momento en el que la “ultraderecha más cavernaria” tiene como blanco principal la “autonomía de las mujeres, la agenda de derechos sexuales y reproductivos, de diversidad sexual y también de lo que tiene que ver con igualdad de derechos”.
Para la entrevistada, esta ofensiva política tiene consecuencias materiales directas, especialmente en el financiamiento internacional. La directora de MYSU sostuvo que, desde la administración Trump en Estados Unidos, se han recortado recursos vitales para la salud reproductiva en el marco de una política que busca retroceder al siglo XIX. En este sentido, denunció que estas corrientes utilizan a las mujeres para reivindicar que “solo queremos ser esposas y madres”, llegando incluso a proponer que “el voto en lugar de ser un voto individual, sea un voto familiar”.
Ante este panorama, Abracinskas consideró que el desafío de la conferencia es defender los acuerdos ya alcanzados, impedir retrocesos y reforzar los compromisos estatales en un contexto de fuerte polarización geopolítica.
MYSU invita al diálogo "Derechos que provocan"
Uno de los eventos que se desarrollará en el marco de la conferencia principal está a cargo de MYSU que, bajo la consigna "Derechos que provocan", propone un diálogo que analizará "cómo sostener debates públicos de calidad cuando las posiciones parecen cada vez más irreconciliables, qué lugar ocupan el diálogo y la evidencia, y qué herramientas son necesarias para continuar avanzando en la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo". Esta actividad tendrá lugar el miércoles 19 de agosto, a las 19:00 horas, en Casa ONU.
En cuanto a esta actividad específica, Abracinskas explicó que el objetivo es buscar mecanismos que permitan alcanzar acuerdos mínimos y asegurar que cualquier norma o política pública esté estrictamente “basada en evidencia”, evitando que los prejuicios ideológicos desmantelen las garantías de salud y libertad conquistadas por la sociedad civil.
Abracinskas también adelantó que en esta instancia presentará los resultados del proyecto regional “Salud sin Miedos”, junto a la Red de Salud de Mujeres por América Latina y el Caribe, centrado en investigar la “criminalización por aborto en la región, para evaluar cuál es el grado de la justicia en términos de justicia reproductiva”.
