El control criminal
Uno de los consensos de los panelistas fue que los Estados no saben cómo responder frente al crimen organizado por incapacidad institucional donde terminan sometidos al crimen.
Las bandas criminales que logran consolidarse en el territorio, ejercen acciones propias de la institucionalidad del Estado, como becar estudiantes, construir mercados populares, recomponer infraestructura en escuelas o la administración de la justicia. Esto con el fin de imponer un orden en el territorio, que les resulta mejor para los negocios ilegales, en detrimento de la institucionalidad y las garantías de las subyugadas por el crimen.
Además, estas empresas criminales necesitan de actores políticos, que les permitan operar fuera del radar. Por ejemplo con el control de puestos claves las oficinas de aduanas y comercio exterior para exportar e importar productos ilícitos como la cocaína.
La deficiente respuesta de los Estados
En esta etapa se vuelve muy difícil disminuir el control del crimen organizado y los Estados, como ha pasado en México y Colombia, suelen recurrir al diálogo con los grupos al margen de la ley para disminuir la violencia. Esta estrategia ha dado resultados relativos, con un creciente control de los grupos criminales que operan en el territorio.
Por otro lado, países como El Salvador y (recientemente) Ecuador han optado por respuestas coercitivas como militarizar el país donde no hay una estrategia clara a largo plazo para resolver los problemas estructurales. Este discurso de mano dura viene ganando fuerza en la región, a pesar de las críticas en el caso salvadoreño por las violaciones de derechos humanos y el detrimento de la institucionalidad y los espacios de organización ciudadana.
Uruguay
En Uruguay la presencia territorial del crimen organizado es cada vez más evidente y el involucramiento de personas que viven en barrios privados como la Tahona o en edificios como el de la rambla de Punta Carretas.
Los departamentos del litoral que limitan con la hidrovía y los fronterizos con Brasil, también empiezan a constatar la presencia más contundente de los grupos delictivos.
En tanto, el parlamento uruguayo votó la mitad de los contenidos de la propuesta de modificación a la ley de financiamiento de los partidos políticos y sigue sin dotar de recursos a la SENACLAFT y sin auspiciar una ámbito institucional de coordinación de organismos claves en el combate al crimen organizado.
