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Sociedad Estado | Delta El Tigre |

Violencia en entornos educativos

Cuando el Estado les suelta la mano

Docentes, adscriptos y familiares de estudiantes opinaron que el aumento de la violencia coincide con el retiro del Estado de los barrios más vulnerados.

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Caras y Caretas Diario

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“Había un grupo frente al liceo, con el profesor de Educación Física, y aparecieron dos bandas por distintas calles. Uno de ellos amenazó a otro con un arma, el profesor se asustó y el chico se molestó y amenazó también al profesor. Se produjeron dos disparos de una banda hacia otra que no lastimaron a nadie, pero crearon una situación de pánico generalizada". Así relató una docente la situación de violencia que se experimentó hace un par de semanas en un liceo de Delta El Tigre, departamento de San José.

Ese día la clase de Educación Física se suspendió por disparos entre dos grupos. Pero no se trató de un hecho aislado, sino que docentes y familiares de estudiantes venían denunciando diferentes situaciones de violencia en el entorno liceal. Un joven que se aparece por las ventanas de los salones amenazando a estudiantes y docentes con un arma, reiteradas peleas, enfrentamientos entre bandas y robos fueron algunos de los hechos registrados.

El consejero del orden docente del Consejo Directivo Central (Codicen), Julián Mazzoni, dijo en declaraciones a la prensa que también se reportaron hechos preocupantes en centros de estudio de todo el país. En Montevideo, en el liceo 67 de Piedras Blancas, también se denunciaron incidentes violentos en las inmediaciones del centro de estudio. A comienzos de abril vecinas y vecinos reclamaron guardia policial debido a tiroteos y reiterados robos a estudiantes y docentes. También denunciaron actos de vandalismo contra el local de enseñanza.

En el liceo 30 de Buceo unos hombres saltaron el muro, ingresaron al centro de estudio y les robaron pertenencias a los estudiantes. En el liceo 2 de Canelones ingresaron personas con palos y otros elementos contundentes a golpear a un estudiante, situación que debieron enfrentar los propios docentes.

En la Escuela Técnica de Solymar Norte, Ciudad de la Costa, a fines de marzo, un estudiante fue apuñalado por otro durante una pelea. En aquel momento, familiares de estudiantes, docentes y alumnos manifestaron su preocupación, ya que no se trataba de la primera vez que un alumno ingresaba al liceo con un arma blanca en su mochila.

Un caso de tantos: Delta El Tigre

Los reiterados hechos de violencia en el liceo de Delta El Tigre motivaron a una movilización por parte de docentes -que paralizaron actividades durante una semana- y familiares de estudiantes. El pasado lunes, el equipo docente logó ser recibido por integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Julián Mazzoni, Daysi Iglesias y Juan Gabito, a quienes les reclamaron tomar medidas para afrontar la situación.

Una madre que participa en la movida de familiares le dijo a Caras y Caretas que el tema en Delta El Tigre “es complejo” porque “el Estado se retiró” y “los chiquilines quedaron solos”. “Sacaron programas como los Socat [Servicios de Orientación, Consulta y Articulación Territorial], aulas comunitarias, Gol al futuro y Knock Out a las Drogas. Muchos gurises se han perdido porque acá no hay posibilidades para ellos, lo único que hay es baby fútbol gratis hasta los 12 años, después se terminó y agarran la calle. Muchos de ellos, que no tenían contención en la casa, la encontraban en estos programas y ahora no la tienen en ningún lugar”.

Para la entrevistada la violencia ha crecido por diferentes motivos y actualmente “está fuera de control”. “Ciudad del Plata se ha convertido en el depósito de Montevideo. Se ha venido mucha gente de diferentes barrios de la capital, correteados, y se empezaron a mezclar algunas cosas, sobre todo la droga. La droga siempre existió, pero ahora se nota que están surtiendo más la zona, es demencial. El problema no es solo la violencia liceal, se destaparon otras cosas”. Contó que hay barritas que “están peleando el territorio” y que la mayoría son menores de edad que provienen de “contextos complejos”. “Están tomando las calles a cualquier hora, cuando estábamos reunidos con otros padres pasaron y nos dijeron que nos iban a matar a todos, y son chiquilines que vemos todos los días”.

El grupo de madres y padres mantuvo reuniones con el fiscal Juan Gómez, y con el director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González. Entre los principales reclamos, pidieron más presencia policial en los horarios complicados, que son la tarde y la noche, y un equipo multidisciplinario que pueda contener a los estudiantes más vulnerados. “Hay gurises con problemas de depresión, intentos de suicidio y por eso pedimos psicólogo. Había un grupo multidisciplinario que lo sacaron por los recortes. Ahora lo reclamamos y nos prometieron, de palabra, que lo iban a dar. También se comprometieron a poner un patrullero para la entrada y salida de los diferentes turnos”.

Aseguró que el grupo de familiares tiene pensado continuar organizándose para “seguir luchando”. “Vamos a darles unos días a las autoridades para ver si cumplen o si solo intentaron calmarnos. La idea es seguir unidos porque acá andan a los tiros a cualquier hora, salís y no sabes si se te cruzan y va bala. Hasta ahora hemos tenido suerte que esas balas no le pegaron a nadie, pero está por pasar en cualquier momento”.

Más social que policial

Alejandro Di Lauro, profesor y adscripto en el liceo de Delta El Tigre, le explicó a este medio que muchas de las situaciones de inseguridad las generan adolescentes que están identificados por el equipo docente, situación que resulta cada vez más difícil de manejar. “Son grupos de jóvenes que integran bandas que están para lo que sea. Cada tanto entran al liceo, en horarios de clase, en los recreos, y generan problemas con otros estudiantes. Antes se iban cuando aparecíamos nosotros, pero actualmente nos cuesta que se vayan, dicen que no. Sabemos que algunos están armados -uno de ellos participó en el último enfrentamiento armado- por lo cual es difícil intentar sacarlos”.

Consultado sobre los factores que incidieron en el aumento de los hechos de violencia, expresó: “Delta El Tigre es una zona muy carenciada, con un alto índice de pobreza y un elevado crecimiento demográfico donde, en los últimos años, “se sintió la ausencia del Estado”. “Han cerrado un montón de instituciones a las cuales se podía recurrir cuando se localizaa algún problema. Nosotros tenemos como misión el tema de la enseñanza, educar, pero es una tarea muy difícil en un contexto que no solo es de violencia, sino también de pobreza”.

“El Socat nos brindaba un montón de redes en temas como las dificultades alimenticias, falta de ropa o gurises que ven muy poco y en la casa no encaran el tema. Muchas veces, desde el liceo, les hacemos los trámites para conseguir lentes e incluso los llevamos al médico. Este programa apoyaba en estas cuestiones. Lo mismo ocurrió con el de aulas comunitarias que apoyaba a gurises que salían de la escuela sin formación básica para llegar al liceo, ya que casi no hay repetición y muchos pasan sin aprender. Al cerrar este programa -que les brindaba esa formación básica en un ambiente no formal- los chiquilines quedaron tratando de entrar en el liceo, y los que entraban no duraban mucho porque al no entender se aburren y abandonan. Nosotros no tenemos gente como para trabajar individualmente con ellos, lograr mejores resultados y que no abandonen el liceo”, añadió el adscripto.

Di Lauro contó que al liceo llegan chicos de Primaria con un montón de carencias, como en la lectura, escritura, o sumas y restas. “Enfrentamos estas situaciones con un grupo humano muy reducido, con muy pocos cargos. Ese es uno de los reclamos principales que estamos haciendo hacia Secundaria. Necesitamos aumentar la cantidad de adscriptos, pero en estos días nos enteremos por la prensa que no se nos va a dar”.

Otro de los reclamos es tener psicólogo, asistente social y educadores “debido a la situación de desamparo existente”, aseguró el entrevistado. “Necesitamos que estos profesionales trabajen con los chicos más allá de las horas de clase y en contacto con sus hogares estableciendo redes. Si bien la prensa informó que esto tampoco va a llegar, tenemos esperanzas porque hablamos con tres consejeros del Codicen”.

Según el adscripto, otro de los pedidos que están haciendo es que el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) vuelva a instalarse en la zona y establezca algún plan de un apoyo, ya que la problemática de la violencia “no se soluciona solo con Policía en la puerta”. “Hay muchos chiquilines que andan en la calle todo el día y no tienen una institución de referencia donde acudir. Con la Policía en la puerta vamos a poder disuadir las situaciones de violencia mientras esté el efectivo presente, pero cuando no esté la situación va a seguir. Además, lograríamos que las bandas no estén en el liceo, pero se van a ir a enfrentar a otro lugar y la gente de la zona seguirá expuesta”.

«Grave y urgente»: la voz de Fenapes

La Federación Nacional de Profesores (Fenapes) emitió un comunicado el 22 de mayo en el que se pronunció sobre los hechos de violencia denunciados. Manifestó su respaldo a docentes de la filial de Delta El Tigre, y cuestionó “el silencio de las autoridades”. "Ante la indiferencia y la falta de respuestas de la mayoría del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP y del Ministerio del Interior, las filiales de la zona vienen sosteniendo una serie de medidas en rechazo a las situaciones de violencia que viven cotidianamente en el entorno liceal”, señaló la Federación.

Además, se refirieron al presidente del Codicen, Robert Silva, “quien pareciera no tener intenciones de hacerse cargo incluso ante hechos de esta magnitud”. “Su presencia fue solicitada por parte de toda la comunidad educativa de Delta El Tigre, sin obtener respuesta, en una actitud de omisión ante esta problemática”.

Para el sindicato de docentes, la situación de violencia vivida en el liceo de Delta El Tigre, “expone la profunda desigualdad que se agudiza en todo el país, vinculada a una política estructural de ajuste que impulsa el gobierno e impacta en los sectores más vulnerables de nuestro pueblo”. A su vez, afirmaron que hay “un agudo desmantelamiento de mecanismos de abordaje territorial en todos los aspectos de la sociedad y, particularmente en educación, en lo referente al acompañamiento de las situaciones de mayor vulnerabilidad de miles de estudiantes”.

“Las instituciones educativas no pueden ser concebidas como espacios ajenos a las problemáticas que afectan a la sociedad en su conjunto”, añadieron.

Ante esta problemática de la violencia en entornos educativos, Fenapes pidió una reunión “con carácter grave y urgente al Ministerio del Interior y al Codicen de la ANEP. En diálogo con José Olivera, presidente del sindicato, explicó que, en lo referido a las respuestas del Estado, hasta el momento “no hay avances sustantivos”, sino algunas promesas.

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Docentes y familiates reclaman respuestas del Estado ante casos de violencia en entornos educativos

Docentes y familiates reclaman respuestas del Estado ante casos de violencia en entornos educativos

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