Respecto a las cifras que se han destinado a caminería rural y cuyo destino no se habría controlado, dijo que “hay dos montos, uno es el que aparece en el Presupuesto Nacional” por 190 millones de dólares. Sin embargo y como muestra “de la desprolijidad administrativa y que compromete la transparencia del BID, encontramos en el sitio web que tiene la trazabilidad del gasto en la caminería rural otros 600 millones de dólares en estado de implementación o ejecución”.
En el presupuesto
Quiere decir que se presupuestaron “casi 200 millones de dólares, pero de esos otros 600 no sabemos cómo se están gastando”. La pregunta es: “¿por qué la OPP incorpora 200 cuando son 600 millones? Necesitamos poner luz sobre si son 200 o 600 millones y sobre cuál es el procedimiento que usan las intendencias y la OPP que no está controlando”.
Agregó que la investigación realizada por la asociación va desde 2020 a 2024, surgiendo que, en 2021, cuando José Luis Falero se desempeñaba como subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), “tomó la decisión de no controlar más las transferencias que salen de la OPP a los gobiernos departamentales en el Programa 999, que es de financiamiento y que los contribuyentes financiamos. Falero nos confirmó que él tomó la decisión”, algo que es incomprensible porque, sostuvo.
El resultado que vemos es que “la caminería rural está detonada”, con un Programa de Caminería Rural “que nace en la OPP con gente de escritorio que cada mañana enciende el aire acondicionado, a la que se le paga un sueldo y no conoce la realidad”.
