Derrumbaron una duna para arreglar una casa

"De no adoptarse medidas de mitigación, el proyecto generaría impactos ambientales negativos significativos e inadmisibles" asegura el Ministerio de Ambiente en la autorización del proyecto de demolición de una vivienda y construcción de una nueva en los padrones 2290 y 2291 de Punta Rubia de La Pedrera (Rocha), una zona cubierta por médanos en primera línea del océano.

La autorización ambiental previa (AAP) fue solicitada por Graciela Camila Terra Barreiro y avalada por Gerardo Amarilla como ministro interino, según figura en el expediente 208/004689 R.M. 975/2021 (2018/14000/004689).

El informe del Ministerio de Ambiente, que data de 2021 y otorgó la autorización, dice que "el proyecto en sus distintas etapas no presentará impactos ambientales negativos residuales que puedan ser considerados inadmisibles en tanto se implementen las medidas de mitigación de restauración de dunas".

También establece una serie de condiciones que la titular de la obra debe cumplir, entre ellas: la instalación de cercas captoras para la restauración de dunas, la colocación de cartelería visible al público con el número de la resolución ministerial (RM), construir al menos a dos metros de altura del suelo, no circular con vehículos en la playa ni sobre las dunas, recomponer la zona donde está la actual vivienda a demoler y no plantar especies exóticas.

Sin embargo, dos años después de la RM una retroexcavadora destruyó la duna de los padrones 2290 y 2291. La obra no tiene carteles que expliciten los permisos y no había personal idóneo que regulara el tratamiento dunar.

La Asociación Civil Vecinos y Vecinas de Punta Rubia de La Pedrera realizó la denuncia y se presentó en el lugar. Explicaron que el propietario no presentó con antelación, como indicaba la AAP, un documento de fechas de inicio y finalización de obra ante la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. En cambio, "comenzó a modificar toda la duna frente a su casa, haciendo un gran agujero dentro de la duna y formando una nueva explanada con la máquina sobre la playa".

Ante esta violación de las condiciones establecidas en el expediente, vecinas y vecinos le solicitaron al dueño el documento, que no tenía. Por eso llamaron a Prefectura, que determinó el cese de los trabajos con retroexcavadora y exhortó al propietario a presentar los papeles ante la Dinacia.

Según relatos de los vecinos, el director de Ambiente de la Intendencia de Rocha, Rodrigo García, fue hasta el lugar pero dijo no constatar ninguna irregularidad. En sus palabras: "Es un movimiento de arena de un privado con autorización ambiental hacia la playa. Esa arena la vamos a contener, después vamos a regenerar el médano. Está autorizado".

Para vecinas y vecinos de Punta Rubia y toda La Paloma, la Intendencia de Rocha falló en su tarea de generar las cercas de contención y, principalmente, de realizar los controles necesarios exigidos por el Ministerio de Ambiente. "Los resultados finales a la vista, en estos momentos, resultan catastróficos, además de evidenciar la falta de supervisión en las obras de alto impacto ecológico, por parte de las autoridades competentes, dejando a criterio de quien es contratado para realizar dichas obras, o que a su entender debiera o crea que deba hacer, o a criterio del primer interesado en lo que quiera hacer", aseguraron en un comunicado desde la Asociación Civil de Vecinos y Vecinas de Punta Rubia de La Pedrera.

En el documento exigen a la IdR y al MA aclaración sobre la vigencia del permiso, que fue otorgado en 2021 y aseguran: "Por ausencia y omisión de las autoridades, Rocha pierde su riqueza patrimonial, y Uruguay y el mundo se ven afectados por la destrucción que impide el correcto funcionamiento de sistemas como el dunar, que nos convoca en este momento, pero otros tantos como lo venimos presenciando de forma constante ante el avance destructivo y desconsiderado, de las edificaciones que aún contando con habilitaciones, no son supervisadas, y menos por personal idóneo, obteniendo luego resultados, que no son reparables con la aplicación de multas, que impiden recuperar lo perdido y sólo recaudar a cambio de la vida del planeta y quienes lo habitamos".

Por su parte, el colectivo Acción Vecina La Paloma (AVE) elaboró material de difusión para incentivar la denuncia ciudadana ante el MA por "actividades irregulares en la franja costera". Identifican como infractores a Graciela Camila Terra Barreiro, titular de la obra, y a la Intendencia de Rocha como Autoridad Ambiental Departamental.

En el texto de la denuncia exigen, "dado que desde el inicio la obra no cumple con lo que le pide el Ministerio a través de la AAP": suspensión de las obras, anulación de la autorización ambiental previa, multa al privado responsable, reconstrucción de la duna y la vegetación, destitución de autoridades responsables que actuaron en el caso.

Algunos de los efectos sobre el ecosistema que identificaron por la destrucción dunar son: destrucción de cordón dunar de 3 metros de altura por 15 metros de ancho con vegetación de herbazal psamófilo, compactación de suelo arenoso, potenciación de la erosión costera, favorecimiento de la escorrentía que se dirige al mar, pérdida de barrera natural ante crecidas del mar y eventos de tormenta, destrucción del paisaje costero y destrucción del hábitat.