Educación: el año en que perdió Varela. Persecución sindical, una transformación educativa inconsulta y recortes presupuestales fueron, y son, los tres principales ejes del conflicto en la educación durante el último año del gobierno de la coalición multicolor.
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Podríamos decir que el período de conflictividad en la educación inició en 2020 con la denuncia contra un grupo de profesores de San José por un presunto hecho de “violación a la laicidad”. Además, otra denuncia por “uso irregular” de licencias gremiales, que se dirimió en la Justicia. A esto se sumó la Ley de Urgente Consideración que, de acuerdo a los gremios docentes y estudiantiles, instauró cambios nocivos en el sistema educativo, que no abordaremos en esta nota. Como para complicar más el panorama, 2022 trajo la transformación educativa del gobierno de Luis Lacalle Pou, la discusión por un nuevo Marco Curricular Nacional y una Rendición de Cuentas con un magro presupuesto para la educación.
Persecución sindical
2022 arrancó mal para el gremio docente: en febrero, la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) sancionó a seis docentes del liceo 1 de San José, de un total de 14 que venían siendo investigados desde 2020 por participar en la campaña por el No a la reforma Vivir sin Miedo, tras aparecer en una fotografía, tomada en el interior del centro de estudios, con un cartel en contra la reforma impulsada por Jorge Larrañaga en 2019. Denunciados por la directora de la institución, Miriam Arnejo, y acusados de cometer proselitismo, fueron sancionados con la separación del cargo y la retención del total de sus haberes. Además, sancionaron con separación de cargo y retención de sueldo por seis meses al exvicepresidente de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), Marcel Slamovitz, por un presunto uso irregular de horas sindicales en Secundaria, situación que terminó con una comisión investigadora en el Parlamento, creada a pedido del oficialismo.
Ante la sanción a los seis docentes, la Asociación de Profesores de San José (APSJ), filial de Fenapes, se declaró en conflicto e inició una asamblea permanente. “Rechazamos esta sanción enfáticamente porque en un Estado democrático y republicano sancionar a sus trabajadores por ejercer la libertad de expresión y opinión es un retroceso enorme en términos democráticos”, declaró el presidente de Fenapes, José Olivera, durante la conferencia de prensa en la que comunicaron la sanción que determinó Secundaria. Para el sindicato de docentes, esta investigación por proselitismo significó “un escarnio público hacia los docentes”. “Esto desnuda que efectivamente estamos ante un proceso de persecución político-sindical, que desnuda la falta de garantías en el accionar de la DGES”, aseguró Olivera.
Con respecto al caso de Slamovitz, Olivera explicó que Secundaria le abrió un sumario y resolvió separarlo del cargo por 180 días. “La lucha de las y los trabajadores frenó la destitución, pero los legajos quedaron mancillados por las sanciones y afectados en su carrera funcional”, lamentó. Por su parte, la APSJ opinó que la Dirección de Secundaria creó “una campaña de desprestigio y persecución brutal” contra Slamovitz, “con actores políticos y el gobierno para callar las luchas contra los recortes y la defensa de la educación pública”.
Como respuesta al proceso investigativo sobre los docentes de San José, Fenapes presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por reiterados casos de persecución sindical. Esta denuncia fue aceptada por el organismo, que le dio plazo de un mes al gobierno de Luis Lacalle Pou para revisar los argumentos del pedido de destitución de los docentes.
Los recortes
Al retaceo presupuestal que enfrentó el sistema educativo en los dos primeros años de gestión del gobierno de coalición, se sumó la Rendición de Cuentas de 2022. La ANEP solicitó un piso de 49 millones de dólares y el Poder Ejecutivo propuso asignarle 30, de los cuales 11 estaban destinados a la transformación educativa. Por otro lado, accederían a un complemento de 10 millones que le otorgaría la Corporación Nacional para el Desarrollo. Esto también fue motivo de conflictividad, ya que los sindicatos de la enseñanza advirtieron que el presupuesto asignado para la educación “no era suficiente “y que, además, una gran parte, se invertiría en una transformación educativa que no apoyaban.
En una conferencia de prensa que brindaron los consejeros docentes de la ANEP, Daysi Iglesias y Julián Mazzoni, en el mes de julio, se pronunciaron sobre el “insuficiente” presupuesto asignado para la educación. Con respecto a la pérdida salarial del sector docente, Mazzoni aseguró que ascendió a “más de US$ 95 millones”. En tanto, Iglesias aclaró que "no hubo aumento salarial, sino recuperación de lo perdido" y que el incremento "quedó en el debe". La consejera explicó que el proceso de recuperación salarial, que culminará en 2025, estará graduado de la siguiente manera: un 2% en el año próximo, un 1,5% en 2024 y un 1% en el año 2025. Además, sostuvo que la recuperación fue posible por un preacuerdo entre la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza y el Poder Ejecutivo. "Son logros de los colegas sindicalizados", sentenció. Explicó que el gobierno partía de un 2,9% de recuperación, para otorgar en un período de 3 años, y que la coordinadora se plantó en un 6,6%. Finalmente, se acordó un 5,7%, lo que, a su entender, supone un incremento sustancial respecto a la primera propuesta del Poder Ejecutivo.
Otra de las preocupaciones que trajo la Rendición de Cuentas fue la inexistencia de incrementos presupuestales para la Universidad de la República (Udelar). Había pedido 1.500 millones de pesos -para atender la recuperación salarial, el aumento de la creciente matricula estudiantil, el Hospital de Clínicas y la apertura de nuevas sedes-, pero la asignación fue de cero peso, lo que generó la preocupación del colectivo universitario y de la sociedad en general, que salieron a manifestarse en el espacio público.
El agravante fue que no solo no se le otorgaron recursos al centro universitario, sino que se planteó quitarle, ya que el artículo 431 de este proyecto proponía eliminar el adicional del pago del Fondo de Solidaridad, concepto que actualmente se destina a la Udelar. Tras meses de lucha por parte de los gremios docentes y estudiantiles, se logró un incremento de $ 160 millones para la Udelar, así como la derogación de la eliminación del adicional del Fondo de Solidaridad.
Una transformación sin consensos
En el mes de abril el Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) aprobó el documento preliminar del Marco Curricular Nacional (MCN) que orienta la transformación educativa que regirá para toda la educación obligatoria del país. Los tres consejeros políticos votaron a favor y los dos representantes de los docentes en contra.
El texto aprobado, de 58 páginas, incluyó un diagnóstico de la situación educativa, desafíos, propósitos de la transformación curricular y aprendizajes esperados de los y las estudiantes que egresen del sistema. De acuerdo al documento, la transformación curricular integral propuesta por ANEP “responde a la necesidad de mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes y disminuir las diferencias que aún persisten en el sistema en relación a estos, profundizar la adecuación al siglo XXI y acentuar el foco en el estudiante como actor central del sistema educativo”.
A modo de diagnóstico, se refirieron a los porcentajes de asistencia y egreso del sistema educativo, afirmando que “la propuesta curricular vigente es un factor de expulsión de miles de estudiantes en la educación”. Aseguraron que las cifras actuales “hablan de un sistema que no está resultando acogedor ni está acompañando el trayecto educativo de sus estudiantes” y que “no logra desarrollar los saberes esperados para seguir aprendiendo, para la vida y para el trabajo”.
Es así que, para resolver el problema de la educación, crearon un nuevo Marco Curricular Nacional (MCN) basado en el desarrollo de competencias que, según argumentaron, son entendidas como “un actuar frente a situaciones complejas, integrando variedad de recursos, en una relación profunda entre el saber, el hacer y enfatizando la apropiación del sujeto mediante la reflexión”.
Pero el rechazo del gremio docente a esta trasformación educativa quedó manifiesto en las asambleas técnico docentes (ATD), donde se debatió el documento en cuestión. “El gremio docente está de acuerdo en debatir si el sistema educativo uruguayo merece modificaciones que mejoren su funcionamiento y universalización, pero esta reforma educativa implica la instalación de un modelo conservador que restringe el acceso al conocimiento de las grandes mayorías. Es un retroceso”, dijo a Caras y Caretas el secretario general de la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), Emiliano Mandacen, durante una entrevista realizada en mayo. Para el dirigente, la transformación educativa se basa en un diagnóstico erróneo, por lo cual tiene un problema “de raíz”. “El documento afirma que el sistema educativo uruguayo expulsa a los jóvenes, pero no se fundamenta. Esto es muy grave porque implica desconocer la desigualdad de base material que tenemos en nuestra sociedad y que la pobreza impacta mayormente en niños, niñas y adolescentes”.
En la misma línea, el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), Sergio Sommaruga, dijo a este medio que el diagnóstico hace una afirmación “agresiva y sin evidencias científicas probatorias”. “El diagnóstico tiene una miopía sociológica muy irresponsable. Anula el sesgo de clase en el análisis del abandono del sistema educativo, lo que es peligroso porque nos hace sacar conclusiones sobre premisas falsas. De cada diez personas que abandonan el sistema educativo, ocho provienen de los hogares más pobres, entonces decir que abandonan solo por lo curricular es una irresponsabilidad política”.
Otro de los motivos más cuestionados por el gremio docente es que el MCN se realizó de forma inconsulta, sin la participación de quienes llevan adelante la tarea de educar, de quienes pasan más cantidad de horas con los y las estudiantes. Sobre este punto, Sommaruga sostuvo que “el malestar general en el gremio docente tiene que ver con el soslayamiento, por ser objeto y no sujeto del debate. Esto es un error de premisa elemental: que se pretenda hacer transformaciones en el sistema educativo no solo sin la comunidad educativa, sino a pesar de nuestra opinión. Esto es un mal augurio, cuando los cambios en educación no parten de la raíz su desarrollo puede ser traumático, porque en la tarea de educar nadie actúa bien bajo presión. Educar requiere de construcción y compromiso, no se trata solo de actos administrativos”.
Con respecto al contenido de la transformación educativa, los representantes de los gremios docentes que dialogaron en aquel momento con Caras y Caretas coincidieron en que la propuesta de educar en competencias representa un retroceso para el sistema de enseñanza. “La lógica de las competencias trabaja en diluir los contenidos”. “Nadie va a negar que las personas, durante su vida académica, tienen que adquirir competencias. El problema es que esta planificación busca subsumir todo a las competencias, dejando los contenidos de lado”, opinó Mandacen. En tal sentido, el docente explicó que la nueva propuesta trabaja sobre la solución de problemas predeterminados en escenarios estandarizados, pero que no implica el trabajo con estudiantes para que puedan modificar o construir escenarios propios.
Por su parte, Sommaruga agregó que la reforma que plantea ANEP elimina los fines propedéuticos del sistema educativo para subsumirlos en fines instrumentales. “Esta es una discusión muy seria porque ese cambio no solo tiene que ver con pasar al modelo de competencias, sino que implica dejar el fin superior del proceso educativo -que es formar sujetos críticos, autónomos, con capacidad de creatividad, autocorrección y conocimiento cultural- como un mero ornamento”. A su entender, “el fin educativo es la emancipación cultural, formar sujetos en condiciones de ejercer sus derechos y desarrollar sus talentos y aptitudes, algo que queda desplazado por un fin instrumental: que los jóvenes que egresen del sistema educativo tengan las condiciones para insertarse laboralmente”.
A esto se suma, señaló Mandacen, que la reforma que propone el gobierno “está vinculada a esquemas internacionales crediticios y formas internacionales de estandarizar la educación para someterla pura y exclusivamente al mercado laboral”. “Esto se sintetiza en un documento del Banco Mundial de 2021 que plantea que el gran problema de Uruguay son las disciplinas y que lo que hay que hacer es trabajar competencias laborales comercializables”.
Otro vacío en el documento de transformación educativa, acotó Sommaruga, es que el tema del presupuesto “se menciona con poca significatividad”. “No hay posibilidades de responder adecuadamente a las demandas de la transformación educativa cuando la ANEP viene sufriendo recortes presupuestales estimados en más de 80 millones de dólares. Esto implica afectaciones contundentes con asegurar el derecho de educación de niñas, niños y adolescentes en todo el territorio nacional”.
Los gremios de estudiantes y trabajadores de formación docente también se declararon en conflicto. En el mes de mayo iniciaron una serie de ocupaciones, que se continuaron desarrollando a lo largo del año, "por condiciones dignas de trabajo y estudio". El mismo mes, también protagonizaron una importante marcha hacia la sede central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), donde se manifestaron en rechazo a la reforma educativa, a los mecanismos de otorgamiento de los títulos docentes y por más presupuesto. Además, pidieron la destitución del presidente del CFE, Víctor Pizzichillo, quien fue acusado de “acomodar estudiantes por conveniencia propia”. Otros gremios también denunciaron falta de docentes, de salones para prácticas y malas condiciones edilicias.
Ocupar fue la forma
En los meses que siguieron, las ocupaciones y movilizaciones pasaron a ser una forma de lucha recurrente que alcanzó a varios departamentos. Ocupaban, desalojaban, y ocupaban. Dinámica a la que se sumaron el Consejo de Formación en Educación (CFE), el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM), el Centro de Estudiantes del Instituto de Profesores de Artigas (Ceipa), la Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES), el Instituto de Formación Docente (IFD) de la Costa, el Centro Regional de Profesores del Sur (CERP), el Instituto de Formación Docente de Pando (IFD Pando), entre otros centros. "Nos encontramos en una situación de emergencia en la formación en educación, donde las carencias presupuestales y la mala gestión del CFE y el Codicen han generado una situación insostenible que conspira contra los estudiantes y también contra el desarrollo de las tareas laborales de gestión, servicio y docentes", explicaron los gremios estudiantiles mediante un comunicado.
La plataforma reivindicativa de esta movilización exigía “completar las vacantes de trabajadores de gestión, servicio y docencia indirecta en todos los departamentos; refinanciar cargos; recomponer la carrera funcional y retomar concursos de ascenso al grado 3; realizar concursos urgentes en las jefaturas, trasladar a las estudiantes de Maestra en Primera Infancia a un local que cumpla los requerimientos para el dictado de clases y ampliar la cantidad de salones”. Asimismo, pidieron el cese de las "presiones por parte de los encargados y directores a los funcionarios", que el CFE se posicione en contra de la potestad del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) para el reconocimiento de títulos universitarios y la renuncia de Pizzichillo.
Corría el calendario, las negociaciones entre gremios de la enseñanza y autoridades de la educación no avanzaban y el Sindicato de Docentes de Formación en Educación (Sidfe) seguía en conflicto. A principios de octubre se vino la huelga, medida impulsada por la Intergremial Universitaria -que no se declaraba en huelga desde hace 20 años-, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades) Montevideo, gremios de estudiantes de secundaria del área metropolitana, gremios de formación en educación y la Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) Montevideo. En términos generales, se manifestaron en rechazo a la reforma educativa, a la persecución sindical y por más presupuesto. En este escenario, se ocuparon las facultades de Medicina, Ciencias Sociales y el Centro Regional de Salto. También se realizó una importante marcha en defensa de la educación pública, que tuvo lugar el 6 de octubre, y recorrió desde la explanada de la Udelar hasta el Palacio Legislativo.
La huelga de la intergremial universitaria se levantó el 8 de octubre, el sindicato de profesores de Secundaria lo hizo el día 11 de octubre, pero las movilizaciones continuaron. Y así, entre ocupaciones, marchas y huelgas, se fue el año.
Por Meri Parrado (Caras y Caretas)