Para FECOVI, analizado el artículo en cuestión con carácter particular resulta aún más grave y constituye un verdadero atropello jurídico a las garantías mínimas del debido proceso, introduciendo un privilegio desmedido para algunos organismos estatales en detrimento de los ciudadanos, lo que resulta violatorio nuevamente de la Constitución de la República y de los tratados internacionales ratificados por nuestro país en cuanto garantías mínimas para los ciudadanos en materia procesal y de acceso a la justicia.
Mediante este artículo se pretende que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco Hipotecario del Uruguay, por sí o en calidad de fiduciario, o administrador a cualquier otro título, sumen un nuevo privilegio jurídico y administrativo a los efectos de proceder con ejecuciones de tipos sumarias a sus deudores.
Estos organismos ya cuentan con el privilegio de poder ejecutar sus créditos sin necesidad de proceso judicial. La modificación de los plazos de prescripción introducida por la Ley 19.889 (LUC) regían, para los casos en curso, a partir de los dos años de entrada en vigencia de la ley. Sin embargo, estos organismos públicos tienen a través de la Ley 20.061 un privilegio especial que extiende aquel plazo por 4años más.
"Pues bien, mediante este artículo, a los mismos organismos se los dota del especialísimo privilegio de poder interrumpir la prescripción por la simple intimación realizada por telegrama, a lo que se le suma por remisión al artículo 331 de la rendición de cuentas del ejercicio anterior, que este telegrama no necesita siquiera ser efectivamente recibido por su destinatario. De todo lo dicho se desprende que los deudores del sistema público de vivienda, sin importar la razón económica o social que los haya llevado a tal situación, o las dudas razonables sobre la legitimidad de la deuda (en virtud de que estos organismos cuentan con presuntas deudas no reconocidas por las personas jurídicas o físicas a las que se les imputan) son una especie de ciudadanos de segunda, que tienen plazos especialísimos a los efectos de liberarse de sus deudas", agrega el comunicado.
"Ahora, a esos mismos ciudadanos se les arrebatan las garantías del debido proceso, dado que el solo envío, sin necesidad de efectivo recibo, de un telegrama, tendrá fuerza jurídica suficiente para hacer inoponible el instituto de la prescripción extintiva. En otras palabras, los deudores del sistema público de vivienda ya no parecen ciudadanos, sino súbditos de un aparato estatal que no le reconoce los derechos jurídicos que todo otro ciudadano tiene, cualquiera otro sea su acreedor, público o privado. Súbditos sin derechos ni garantías del debido proceso", recalca FECOVI.
