Femicidios, un problema constante

Daiana ya había denunciado a su agresor y el Estado no la protegió. No le pusieron tobillera a su expareja, y aunque en principio se dijo que fue porque no había suficientes, la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, desmintió ese dato; al parecer, no fue un tema de cantidad, sino una falla en el sistema.

Daiana tuvo que colocar cámaras de seguridad en su casa porque tenía miedo de que él apareciera, y fue una de sus dos hijas la que le avisó que su padre estaba en el techo de la casa el día del asesinato. El femicida le disparó mientras ella iba a la comisaría, que quedaba a siete cuadras de su casa, a radicar otra denuncia. Luego, se disparó en la cabeza.

Las preguntas comenzaron a amontonarse en la opinión pública: ¿dónde falló el sistema? ¿Por qué? ¿Fue un caso puntual o las cosas no están funcionando como deberían?

Cronología

De acuerdo con una investigación detallada del caso que realizó la periodista Mariángel Solomita para El País:

• 7 de junio: Daiana denunció a su agresor, Javier Medina, en la seccional octava. El funcionario que le tomó la denuncia avisó a la fiscalía especializada en violencia doméstica y género de primer turno.
• 13 de junio: citaron a Medina a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de Zona III.
• 14 de junio: Medina concurrió a la comisaría.
• 16 de junio: Daiana amplió la denuncia porque, relató la familia a la periodista citada, el agresor la empezó a amenazar por mensajes y llamadas luego de saber que ella lo había denunciado.
• 17 de junio: el hospital Pereira Rossell envió un informe al juzgado en el que deja constancia de que Daiana y sus dos hijas eran víctimas de violencia "de larga data".
• 17 de junio: llamaron nuevamente a Medina desde la comisaría y él anunció que concurriría el 18, pero no fue.
• 21 de junio: Medina asistió a la comisaría, donde negó las amenazas y la violencia física.
• 22 de junio: se dispuso audiencia para el 27 de junio y se impuso al agresor retiro del hogar y prohibiciones de comunicación y acercamiento.
• 24 de junio: Daiana y sus hijas salieron del hospital y volvieron a su casa, donde Medina las estaba esperando. La policía lo detuvo por incumplir las medidas.
• 25 de junio: Daiana amplió nuevamente la denuncia por incumplimientos y solicitó que le colocaran tobillera a Medina.
• 27 de junio: la audiencia tuvo lugar, pero "no se contó con el informe del equipo técnico que permite realizar la valoración de riesgos y determinar la colocación de tobillera", aseguró la periodista. Medina no concurrió a la audiencia, con aviso. Daiana no tuvo defensa porque no había suficientes abogados.
• 11 de julio: la Dirección Departamental Especializada en Violencia doméstica y Género visitó a Daiana y le consultó si Medina cumplía con las medidas, ella dijo que sí, según consta en el acta.

Daiana realizó una llamada días después para advertir que el agresor rondaba por la casa y subía al techo, pero no hay registro de esa llamada.

• 4 de agosto: Medina asesinó a Daiana frente a sus dos hijas, luego se suicidó.

"Olvidate de las denuncias anteriores. En Familia Especializada no es como en Penal que se incorporan, si no que se toman como hechos aislados", explicó el abogado de Daiana, Pablo Lamela, a El País. Sus declaraciones arrojaron un poco de luz sobre algunas de las preguntas acerca de las fallas del sistema.

Que se ignoren los antecedentes es contradictorio con lo que determina el Poder Judicial para la colocación de tobilleras. En el documento más actualizado disponible en su página web aparecen como "indicadores que por sí mismos evidencian situaciones de Alto Riesgo": antecedentes de denuncias de violencia doméstica, que refiere a toda denuncia judicial, noticia policial o actuación policial y/o judicial que se haya verificado en el pasado, iniciada por la actual denunciante, otras víctimas o terceras personas.

Un problema estructural

El caso de Daiana mostró las grietas de un sistema que, por lo que declaran fuentes judiciales y colectivos feministas, no funciona bien. En general, a los tropezones y con demoras, los casos eventualmente llegan a algún lado. Bottero aseguró a Subrayado que ningún agresor con tobillera asesinó a la mujer que lo denunció. Sin embargo, el caso de Daiana tuvo el peor final posible.

La violencia de género es un problema estructural tan grave que en 2019 determinó que era emergencia nacional. El texto de la resolución (n° 760/019) dice en el considerando III: "Todas las respuestas del Estado han resultado insuficientes ya que la prevalencia de la violencia de género continúa siendo muy alta en Uruguay, tratándose de un problema estructural complejo que ha mostrado llegar a una meseta que no disminuye".

A su vez, en el IX inciso B informaba que el Estado iba a aumentar la cantidad de tobilleras electrónicas para fortalecer el equipo de monitoreo. Para 2021 el Ministerio del Interior había colocado 2088 tobilleras, cantidad que se demostró insuficiente.

En el 87% de los casos de denuncias por violencia de género la víctima realiza una denuncia, de acuerdo con los datos del MI para enero-octubre de 2021, último informe disponible. Para el mismo tramo temporal se promediaron 104 denuncias por día, una cada 14 minutos.

Organizaciones sociales que luchan por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género denunciaron en diversas oportunidades en estos años que la declaración de la emergencia nacional no cambió mucho el panorama. A pesar de las medidas adoptadas en ese entonces, no se le asignó presupuesto a la ley n° 19580 de de Violencia Hacia Las Mujeres Basada en Género y las cifras de feminicidios aumentan año a año, como también las denuncias por diversas formas de VBG.

Rendición de cuentas

La rendición de cuentas que está siendo tratada en el Poder Legislativo contiene dos artículos vinculados con violencia de género.

El artículo 339 establece que el dinero recaudado por publicaciones que se efectúen en la red informática del Poder Judicial se destinará a los gastos de funcionamiento de los Juzgados Letrados de Primera Instancia con competencia especializada en materia de Violencia hacia las Mujeres basada en Género. Cada publicación puede costar hasta 1 UR ($ 1.283,07). No se determina la creación de nuevos juzgados, aunque es una petición de la Suprema Corte de Justicia y una determinación recogida en la ley de violencia basada en género.

Por otra parte, el artículo 375 crea tres Fiscalías Departamentales especializadas en materia de Violencia hacia las Mujeres basada en Género y determina los siguientes cargos a partir de julio de 2023: tres cargos de fiscales letrados departamentales, tres cargos de fiscales letrados adscriptos, tres cargos de trabajo social/psicología, y tres cargos de abogacía.

El financiamiento de estos cargos saldría de Rentas Generales. La Fiscalía General de la Nación determinará, de aprobarse este artículo, la ubicación y fecha de instalación de las nuevas Fiscalías y la distribución de expedientes en trámite.