Fiscalía imputó a tres personas por delitos de "falsificación de documentos privados" y estafa procesal, tras la audiencia de este sábado por la causa de la organización dedicada a la falsificación de documentos con el fin de obtener condiciones de reclusión más favorables (la denominada Operación César).
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Entre los imputados se encuentra Mercedes Acosta, abogada del narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien se fugó a finales de agosto tras romper la tobillera en una prisión domiciliaria. Mientras que a otro de los imputados también se le adjudicó un delito de "usurpación de título", porque se hacía pasar por abogado.
La fiscal especializada en Estupefacientes de 1° turno, Mónica Ferrero, destacó la "estafa procesal" en cuanto al daño que puede ocasionar en el sistema de administración de justicia, debido a que "busca inducir a error" de los operadores judiciales y beneficiarse de ello. Por otra parte, se dictaminó que haya una reserva judicial estricta.
La causa se inició a partir de una denuncia realizada por el comisionado parlamentario para cárceles, Juan Miguel Petit, tras constatar la existencia de documentos que simulaban ser informes del Comisionado Parlamentario, solicitando traslados y cambios en las medidas cautelares o en las condiciones de reclusión. La fiscal Ferrero por su parte detectó al menos tres casos de informes falsificados del comisionado y se continúa investigando a fin de hallar otras documentaciones.
La jueza María Helena Mainard había autorizado la prisión domiciliaria de González Bica, solicitada en base a presuntos problemas de salud por la abogada Acosta —ahora imputada—, y el uso de una tobillera electrónica. La fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, se había manifestado contraria a esa decisión.
González Bica había sido arrestado en junio de 2022 transportando 420 kilos de cocaína en un furgón que simulaba ser una ambulancia en la ruta 8 en Treinta y Tres. La droga había sido ingresada al país en una avioneta y cargada en Cerro Largo antes de ser trasladada a Montevideo.