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Sociedad consultorio jurídico | Udelar | intervención

Comunicado

Intervención al consultorio Jurídico de la Udelar genera rechazo y denuncias

Organizaciones de derechos alertaron que la intervención externa al consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la Udelar atenta contra la autonomía universitaria y la libertad académica.

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Organizaciones de derechos humanos rechazaron la decisión del Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar) de crear un comité de expertos para asesorar al consultorio jurídico. Expresaron su preocupación y descontento ante lo que consideran un "proceso de cuestionamiento e intervención".

En un comunicado dirigido a la opinión pública y al Consejo Directivo Central de la Udelar, las organizaciones firmantes explicaron que el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho desempeña un rol "fundamental" no solo en la enseñanza y la extensión universitaria, sino también en la protección efectiva del acceso a la justicia para personas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Cuestionan que la intervención no surgió desde la propia Facultad de Derecho, sino a partir de un pedido expreso del Colegio de Abogados y que "se haya puesto especial énfasis en la Clínica de Litigio Estratégico y en la asociación con entidades vinculadas a la atención de víctimas de delitos, a cargo del Dr. Juan Raúl Williman y el Dr. Juan Ceretta". Opinan que la Facultad de Derecho, al hacer lugar al planteo, habilita "un terrible precedente en el cual se viola de forma flagrante la autonomía universitaria y la libertad de cátedra".

Por otro lado, expresaron que es "llamativo" que los consultorios jurídicos que han generado "alarma" en el Colegio de Abogados son aquellos que han llevado a cabo una labor destacada en la defensa y protección de derechos humanos. En tal sentido, recordaron que estos consultorios han logrado importantes avances, como los primeros amparos en derechos económicos, sociales y culturales en la historia judicial del país, y han asumido la representación de víctimas en casos graves como la explotación sexual de menores, incluyendo el caso de Operación Océano y el caso Penadés, donde estuvieron implicados políticos, empresarios y abogados.

Solidaridad y Respaldo

Para finalizar, las organizaciones firmantes manifestaron su solidaridad y respaldo a los docentes afectados por estas medidas, que ,según consideran, limitan gravemente su labor profesional y universitaria. También expresan su apoyo a las personas y colectivos que podrían verse perjudicados por la intervención, ya sea en la accesibilidad al servicio o en el tratamiento público de las causas asumidas.

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