La Justicia falló parcialmente a favor de un recurso presentado por el sindicato de trabajadores penitenciarios (Sitrapen) y el exdirector de la Cárcel de Punta de Rieles Luis Parodi, en representación de los reclusos del ex Comcar, que demandaron al Ministerio del Interior por las condiciones de reclusión, calificadas como "crueles, inhumanas y degradantes".
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La sentencia reconoce el hacinamiento extremo, la falta de personal y las pésimas condiciones edilicias de la cárcel más grande del país, que alberga a más de 5.000 personas privadas de libertad, superando ampliamente su capacidad. Esta situación, que ha sido denunciada durante años por organismos de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, afecta la dignidad de los reclusos y pone en riesgo su salud, seguridad e integridad física.
La demanda se presentó la semana pasada, el mismo día que ocurrió una riña entre reclusos que terminó con heridos y un incendio.
Las principales órdenes del fallo
Para abordar la crisis en el centro penitenciario, el juez Ruben Etcheverry, que subroga temporalmente el tribunal, dispuso que el Ministerio del Interior debe presentar en un plazo de 45 días un informe técnico que detalle la cantidad de funcionarios policiales, operadores, técnicos y de mantenimiento necesarios para asegurar un funcionamiento adecuado del centro penitenciario.
Además, se ordenó al Ministerio que tome acciones concretas para reducir el hacinamiento en los módulos más afectados (3, 4, 8, 10 y 11) a niveles tolerables en un plazo razonable.
La sentencia también decreto mejoras edilicias que deben proponerse en un plazo de 90 días. El Departamento de Arquitectura del INR deberá realizar un diagnóstico de los principales problemas de infraestructura de la Unidad 4, incluyendo dificultades con el acceso al agua corriente, saneamiento y problemas eléctricos. También se deberá implementar un plan de obras para mejorar las condiciones de habitabilidad, comenzando por los módulos más críticos.
Contexto y respuesta del Ministerio
El Ministerio del Interior, representado por la doctora Gabriela González, argumentó en su defensa que ya se están tomando medidas para mejorar la situación, incluyendo la construcción de tres nuevos centros penitenciarios a través de la modalidad de participación público-privada y la formación de nuevo personal. Sin embargo, el tribunal reconoció que, aunque estas iniciativas son un avance, los problemas persistentes exigen soluciones más rápidas y concretas.
La Fiscalía, por su parte, apoyó la procedencia del habeas corpus, señalando que las condiciones de hacinamiento y la falta de personal constituyen tratos inhumanos y degradantes. Testimonios del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario y otros funcionarios subrayaron la gravedad de la situación, destacando la falta de acceso a servicios básicos como atención médica y actividades recreativas debido a la escasez de personal.
Este fallo marca un importante precedente en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Uruguay. Si bien el tribunal reconoció que la solución a los problemas estructurales llevará tiempo y recursos, también dejó claro que es responsabilidad del Estado asegurar condiciones dignas en los centros de reclusión.
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