La ANEP amputa a los jóvenes el derecho a pensar

El nuevo plan para ese nivel educativo anunciado por las autoridades de la ANEP y condensado en un borrador, tiene una inocultable impronta reduccionista porque subsume, diluye o maquilla contenidos curriculares. En efecto, la desaparición de esta disciplina de la currícula de 3º de bachillerato o 6º año, tiene fundamentación ideológica, porque escamotea a los adolescentes conocimientos vitales para el desarrollo de sus vidas en sociedad.

Al respecto, ni las mentadas competencias que ya se están implementando compensarán esta pérdida, ya que estas son únicamente funcionales al paradigma del modelo de mercado.

En un documento abierto, la Asociación de Profesores de Filosofía explicó que el programa de la materia que será eliminada en 6º año aborda distintas temáticas, desde metafísicas, como la cuestión de la apariencia, el pensamiento y la percepción de la realidad o tópicos eminentemente éticos, como la reflexión sobre los juicios morales, la virtud y el deber, e incluso políticos, como la justicia, la igualdad, la libertad, los modelos de democracia, la función de las utopías o la crítica a ellas.

Un compendio más acabado se puede encontrar en la web de la Dirección General de Secundaria, que también incluye autores como Sócrates, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo Tomás, Descartes, Hume, Kant, Marx, Habermas, Huxley, Bradbury, etc.

En tal sentido, explicaron que “el desarrollo de sujetos críticos, creativos y solidarios tiene en la Filosofía un pilar imprescindible para la formación integral de un ciudadano”.

El análisis de los docentes denuncia las aviesas intenciones del gobierno, cuya proclamada transformación minimiza lo sustantivo y todos los contenidos que apunten a formar ciudadanos libres, autónomos y empoderados de sus derechos.

Sin estos instrumentos cognitivos los jóvenes no estarían en condiciones de cuestionar libremente el statu quo del sistema capitalista y de su hijo pródigo, el depredador modelo concentrador, que rapiña a la clase trabajadora el producto de su esfuerzo y permite a la elite dominante construir hegemonía política, económica y social.

En ese contexto, por ejemplo, nadie debatiría la pertinencia o no de redistribuir la riqueza acorde con criterios de equidad, con el propósito de que esta se derrame al conjunto de la sociedad.

Por supuesto, tampoco se pondría en tela de juicio la rígida estratificación social dominante ni la necesidad de abatir la pobreza, en un país de apenas tres millones y medio de habitantes que tiene 350.000 pobres, 42.000 más que en 2019, ni la grotesca indigencia que se observa cotidianamente en las calles de Montevideo, que están tapizadas de personas que sobreviven a la intemperie, las cuales han crecido más de un 50 % desde 2020.

Esta medida tiene una aviesa connotación autoritaria, porque atenta contra el legítimo derecho de acceder a conocimientos vitales para la maduración intelectual de las nuevas generaciones y el pleno ejercicio de su libertad, sin inconvenientes cortapisas.

La transformación educativa que aplica la ANEP a partir de este año lectivo es una suerte de Frankenstein compuesto por fragmentos dispersos tomados de diversas experiencias –algunas de ellas exitosas y otras fallidas– que se han aplicado en otros países, así como el cambio de nombres de asignaturas y opciones vigentes desde hace décadas en nuestro sistema educativo.

Empero, en ella subyacen fundamentos economicistas, que apuntan a rebajar contenidos programáticos y a preparar a los jóvenes de las aulas públicas únicamente para el mercado laboral.

No en vano, hay instituciones privadas que están exoneradas de aplicarla como The British Schools –donde casualmente cursó estudios el presidente de la República en su infancia y adolescencia–, que no seguirán los mismos lineamientos disciplinares y curriculares.

El propósito es dividir al alumnado entre futuros empleados –escasamente capacitados y candidatos a cobrar salarios irrisorios– y futuros empleadores. La educación privada seguirá preparando a sus discípulos para detentar el poder económico y la estatal los adiestrará para fungir como mera fuerza de trabajo.

Este plan es un cangrejo debajo de la piedra que se viste con los apócrifos ropajes de una presunta educación de vanguardia, aunque es todo lo contrario. No en vano el proyecto es financiado con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Las deletéreas intenciones de la cúpula de la ANEP, mutada en gobernanza de sesgo bonapartista luego de la eliminación de los Consejos de Educación consagrados a texto expreso por el artículo 202 de la Constitución de la República, quedaron al desnudo cuando se decidió marginar a los educadores del proceso de elaboración de la propuesta.

Si bien nadie niega que la educación uruguaya padezca un estancamiento de décadas, con problemas de aprendizajes, altos niveles de abandono y bajas tasas de egreso en el segundo ciclo de la Educación Media, en este caso el remedio es peor que la enfermedad. En efecto, la clave de la mentada “reforma” es el vaciamiento de contenidos curriculares y la rebaja de exigencias, además del recorte de recursos presupuestales, circunstancia que impacta en la calidad educativa.

Aunque es plausible el desarrollo de la educación por competencias que se aplica con éxito en otros países, esta herramienta no puede ser la única para mejorar los aprendizajes. No en vano, las mentadas Pruebas Pisa, que son una farsa organizada por la OCDE, evalúan únicamente competencias y no saberes significativos.

Es decir, sólo se miden las destrezas para el mundo del trabajo, relegando la impronta eminentemente cultural y formadora de ciudadanos libres, críticos, independientes, conscientes de su calidad de sujetos autónomos y en condiciones de ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

La nueva normativa modifica también el régimen de evaluación y pasaje de grado, rebajando al mínimo las exigencias. En efecto, de ahora en más se limita la repetición, que sólo será posible en 2º, 4º y 6º de escuela y en 8º y 9º de Educación Media (Secundaria y UTU).

También serán eliminadas o limitadas las evaluaciones en formato de examen, por lo que muchos de los estudiantes que no alcancen el nivel de suficiencia –pese a que serán atendidos con estrategias de acompañamiento– podrían quedar a la deriva.

Si se minimizan los contenidos, el riesgo, o tal vez el propósito, es formar analfabetos cognitivos o meros engranajes del aparato productivo, condenados –de por vida– a actuar como máquinas y a acatar los mandatos de las oligarquías patronales que detentan la propiedad de los medios de producción, con escasas o nulas posibilidades de progresar o de mutar su realidad personal y la de sus familias.

Contrariamente a lo que es habitual en este gobierno, esta no es una mera cortina de humo. Es sí un perverso proyecto político destinado a abolir la movilidad social, amputar la libertad de pensamiento de los jóvenes y desmovilizarlos, a los efectos de impedir que estos, con el acompañamiento de sus educadores, fermenten masa crítica capaz de construir un nuevo statu quo que apunte a concretar las radicales cambios estructurales que requiere el país.